SOBRE EL REFERÉNDUM ILEGAL DEL 1º. Por Nicanor Prieto de la Cal
Nicanor Prieto de la Cal
El otro día, al azar, entré a tomar un café en un bar cualquiera, y cómo no, el tema en la tele era el referéndum de Cataluña. Y ahí estaba Junqueras adoctrinando al periodista que mansamente le preguntaba sobre las razones del referéndum; y el otro invocaba el derecho internacional, y de ahí no salía.
Alguien dijo bueno pues si es así que lo muestre. Ah, ahí está la madre del cordero. Claro que sí; que lo muestre: yo soy conductor y tengo un título personal que lo acredita; yo soy maestro de primaria y tengo un título personal que lo acredita. Y esos títulos están respaldados por una legislación y unas instituciones ajenas y distintas a mi persona que hacen valer mi derecho al uso del título frente a todos.
En derecho nacional o internacional ocurre lo mismo: cuando una comunidad accede al derecho de autodeterminación no es porque ella misma lo haya proclamado. Lo habrá pedido, pero el reconocimiento es mediante una resolución de la Asamblea General de la ONU, o de alguna de sus instituciones regionales (Consejo de Europa, O.E.A., etc.) , o bien por reconocimiento interno del Parlamento del Estado (caso de Escocia o el caso de Quebec con la Ley de Claridad del parlamento canadiense).
El Sr. Junqueras va por esas radios y televisiones como un telepredicador jesuítico, sin que nadie, hasta ahora, le haya hecho una pregunta elemental: ¿cuál es la resolución de un organismo internacional que ampara específicamente a Cataluña para tener un referéndum de autodeterminación?
El otro día pude leer un artículo del filósofo y educador José A. Marina que hacía un magnífico resumen de la legalidad internacional que regula el derecho de autodeterminación, sus condiciones para darse, los organismos internacionales encargados de su reconocimiento, y los casos en que una minoría cultural o étnica podría acceder dentro del Estado a ese derecho en el supuesto de que le fueran negados sus derechos fundamentales como personas por el hecho de pertenecer a esa minoría. Y todo ello además dentro de la clave esencial que la Carta de Naciones Unidas fija como fundamento de la paz mundial: el respeto a la integridad territorial de los Estados miembros.
Concretando, cuando se ha reconocido a una población de un territorio colonial su derecho a la autodeterminación se le ha nombrado específicamente y se ha responsabilizado a un Estado de llevarlo a cabo con las garantías de libertad independencia y de paz con que debe desarrollarse. España tiene una obligación internacional con el Sahara, pero no la tiene ni con Ceuta, ni con Melilla, ni con Cataluña, ni con Canarias.
Creo, y es mi opinión, que los medios de comunicación se han limitado a decir que el referéndum ha sido declarado ilegal, pero no han informado en general a los ciudadanos de cuáles son los requisitos y organismos que dirimen quien tiene y quien no tiene derecho a la autodeterminación. Los medios de comunicación, sobre todo las televisiones, vienen siendo altavoces al servicio de la promoción no de un referéndum, sino de un acto programado de golpe de estado contra el ordenamiento constitucional, sin armas, pero igual de letal para la Constitución que el golpe del 23 F. El 23 F pretendía liquidar la naciente España constitucional y democrática, este golpe del 1-O pretende liquidar algo más, directamente a toda la nación española.
Lo que concierne a todos se debe decidir por todos. La unidad de mi nación me concierne, como me concierne la división que se quisiera hacer sin consultarme de la vivienda que yo poseo y comparto con otras personas. Por eso ofende la inteligencia que grupos que presumen de ser muy demócratas y progres defiendan que una minoría del 16% pueda decidir ella sola lo que compete, por Ley, por Historia, y por reconocimiento internacional a la totalidad del pueblo español. Resulta hipócrita que quien destituye a sus secretarios regionales si vulneran los Estatutos de su partido tenga manga ancha para permitir, sin consecuencias, la violación de la Ley Suprema que rige nuestra convivencia -¿ para qué querrá ser Presidente del Gobierno de España alguien que al día de hoy está al lado de los separatistas y niega la legitimidad del Gobierno de la Nación y del Tribunal Constitucional en su defensa de la Constitución?-
Cada uno en la medida de sus posibilidades tiene la obligación moral de defender la Constitución, y por tanto colocarnos al lado del Tribunal Constitucional y del Gobierno en la tarea de defender la legalidad constitucional. Nada más útil para los golpistas que la neutralidad, en realidad pasividad, de unos supuestos ciudadanos demócratas que anteponen su sectarismo político a lo fundamental: el orden constitucional.