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SOBRE EL REFERÉNDUM ILEGAL DEL 1º. Por Nicanor Prieto de la Cal

Creo, y es mi opinión, que  los medios de comunicación  se han limitado a decir que  el referéndum ha sido declarado ilegal, pero no han informado en general a los ciudadanos de  cuáles son los requisitos y organismos que  dirimen  quien tiene y quien no tiene  derecho  a la autodeterminación

Nicanor Prieto de la Cal

El otro día, al azar, entré a tomar  un café  en un bar cualquiera,  y cómo no,  el tema  en la tele  era   el referéndum de Cataluña. Y ahí estaba  Junqueras adoctrinando  al periodista que mansamente le preguntaba  sobre  las razones del referéndum; y el otro invocaba  el derecho internacional, y de ahí no salía.

Alguien dijo bueno pues  si  es así que lo muestre. Ah, ahí está la madre del cordero. Claro que sí; que lo muestre: yo soy conductor y tengo un título personal que lo acredita; yo soy maestro de  primaria y tengo  un título personal que lo acredita. Y esos títulos están respaldados  por una legislación y unas instituciones ajenas y distintas a mi persona que hacen valer mi derecho  al uso del título frente a todos.

En derecho nacional o internacional ocurre lo mismo: cuando una comunidad accede al derecho de autodeterminación no es porque  ella misma  lo haya proclamado. Lo habrá pedido, pero  el reconocimiento es  mediante una resolución de la Asamblea General de la ONU, o de alguna de sus  instituciones regionales (Consejo de Europa, O.E.A., etc.) , o bien por  reconocimiento interno  del Parlamento  del Estado (caso de Escocia o el caso de Quebec  con la Ley de Claridad  del parlamento canadiense).

El Sr. Junqueras va por esas  radios y televisiones como un telepredicador  jesuítico, sin que nadie, hasta ahora, le haya hecho una pregunta elemental: ¿cuál es la resolución de un organismo internacional que ampara  específicamente a Cataluña para tener  un referéndum de autodeterminación?

El otro día pude leer un artículo del filósofo y educador José A. Marina  que hacía un magnífico resumen de la legalidad internacional que regula el derecho de autodeterminación, sus condiciones para  darse,  los organismos internacionales encargados de su reconocimiento, y   los casos en que una minoría  cultural o étnica podría acceder dentro del Estado a ese derecho  en el supuesto de que le  fueran negados sus derechos  fundamentales como personas por el hecho de pertenecer a esa minoría.  Y todo  ello además dentro de la clave esencial que la Carta de Naciones Unidas  fija como fundamento de la paz mundial: el respeto a la integridad territorial de los Estados miembros.

Concretando, cuando se ha reconocido a una población de un territorio  colonial su derecho a la autodeterminación se le ha nombrado específicamente y se ha responsabilizado a un Estado de llevarlo a cabo con las garantías de libertad independencia y de paz con que debe desarrollarse. España tiene una obligación internacional con el Sahara, pero no la tiene ni con Ceuta, ni con Melilla, ni con Cataluña, ni con Canarias.

Creo, y es mi opinión, que  los medios de comunicación  se han limitado a decir que  el referéndum ha sido declarado ilegal, pero no han informado en general a los ciudadanos de  cuáles son los requisitos y organismos que  dirimen  quien tiene y quien no tiene  derecho  a la autodeterminación. Los medios de comunicación, sobre todo las televisiones, vienen siendo  altavoces al servicio de  la promoción no de un  referéndum, sino  de un acto programado de  golpe de estado contra el ordenamiento constitucional, sin armas, pero igual de letal para la Constitución que el golpe del 23 F. El 23 F pretendía liquidar la naciente España constitucional y democrática, este golpe del 1-O pretende  liquidar  algo más, directamente  a toda la nación española.

Lo que concierne a todos se debe decidir por todos. La unidad de mi nación me concierne, como me  concierne   la división que se quisiera hacer sin  consultarme  de la vivienda que yo poseo y comparto con  otras personas. Por eso ofende la inteligencia  que  grupos que presumen de ser muy demócratas y progres defiendan que una minoría  del 16% pueda decidir ella sola lo que compete, por Ley, por Historia, y por reconocimiento internacional  a la totalidad del pueblo español.  Resulta hipócrita que quien destituye a sus secretarios regionales si vulneran los Estatutos de su partido tenga  manga ancha para permitir, sin consecuencias, la  violación de la Ley Suprema que rige nuestra convivencia  -¿ para qué querrá ser Presidente del Gobierno de España  alguien que al día de hoy está  al lado  de los  separatistas y niega  la legitimidad del Gobierno de la Nación y del Tribunal Constitucional en su defensa  de la Constitución?-

Cada uno en la medida  de sus posibilidades tiene la obligación moral de defender  la  Constitución, y por tanto  colocarnos al lado del Tribunal Constitucional y  del Gobierno en la tarea de defender la legalidad constitucional. Nada más útil para los  golpistas que la  neutralidad, en realidad pasividad, de unos supuestos ciudadanos demócratas que anteponen  su sectarismo político a lo fundamental: el orden constitucional.

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