Nada de tirar la piedra y esconder la mano
Apenas habían pasado unas horas desde que el gobierno anunciara el anteproyecto de Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana, y sin mayor conocimiento que unas líneas básicas, la oposición parlamentaria, y diferentes colectivos ligados al 15-M se lanzaron a criticarla tildándolo como “medida represora propia del régimen franquista”.
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La nueva normativa, que aún es un borrador, conlleva castigos de tipo administrativo para quienes, por ejemplo, participen en un escrache, se manifiesten sin permiso ante el Congreso, quemen contenedores, insulten a un policía y hagan tratos con prostitutas en espacios públicos próximos a colegios, además de otras medidas. Esta ley pretende acabar con la impunidad de algunas de estas conductas que, pese a los intentos del Gobierno, no han merecido ningún reproche penal por parte de los jueces. Concentrarse o reunirse sin permiso ante Las Cortes será una infracción muy grave castigada con una sanción de entre 30.001 euros y 600.000 euros.
Frente quienes interpretan esta ley como represiva, “de patada en la boca” o “ley mordaza” existen también quieres opinan que esta ley lo que pretende es garantizar la libertad y seguridad de los ciudadanos. Algunos interpretan que lo que pretende no es otra cosa que “el que la haga, la pague”. Dentro de estos últimos están incluso los que no entienden por qué tienen que ser los padres los que cumplan con la penitencia derivada de los pecados y la mala conducta de sus hijos cuando de menores se trate.
Entrando en el fondo del asunto, y en lo que es punible o no, cabría preguntarse por ejemplo si conductas como los escraches, es decir, insultar a una persona en plena calle o frente a su domicilio son o no democráticas y por tanto deben ser o no castigadas. Y no nos limitemos a situaciones en las que los sujetos pasivos o insultados pertenecen a las castas peor vistas de la sociedad en este momento como políticos o banqueros ante los que parece que todo vale, pues de cínicos sería legitimar un escrache contra un político o un banquero y deslegitimarlo contra otra persona que ejerce otra actividad cuando alguien entienda que hizo mal su trabajo y decida junto con una centena de compañeros acudir a su domicilio a ponerle pingando.
Ante la posibilidad de ser sancionados por este tipo de conductas, nada deben temer colectivos como el 15M si tan democráticos y respetuosos son a no ser que estar acampados durante no se sabe cuanto tiempo en la Puerta del Sol sin autorización alguna, no sea del todo legal. ¿O rodear un parlamento, como por ejemplo el catalán, por más de 3.000 personas, y obligar a que los parlamentarios tengan que acceder al pleno dentro de furgones de la guardia urbana, porque aquello está imposible y corre peligro la integridad de las personas? ¿Es ese comportamiento de demócratas? Recordemos que quien puso a esos u otros parlamentarios en su puesto, para fortuna o desgracia, no fue otro que el Pueblo Español, depositario de la Soberanía Nacional.
Quizás antes de juzgar la Ley sin haber leído ni siquiera su contenido es necesario realizar un examen de conciencia para determinar qué atenta contra los principios básicos de convivencia y decidir por poner un ejemplo si practicar el sexo con una puta o un puto –que para gustos los colores- en la puerta de un colegio es o no, lo más normal del mundo. Debemos reconsiderar si impedir ejercer el trabajo por el que pagamos a unos señores que nosotros mismos hemos colocado ahí, y que elaboran nuestras leyes y en teoría nos sirven, es maravilloso. Tenemos que resetear nuestro disco duro y valorar si por el mero hecho de que alguien considere que has hecho mal tu trabajo, un sábado por la tarde, cuando estás plácidamente viendo el telefilm lacrimógeno de Antena 3, una centena de “amigos” se planten frente a tu puerta y te llamen de todo mientras en frente ves a tus hijos orinarse de miedo. ¿Y agredir o mofarse de un agente de seguridad que simplemente realiza su trabajo que consiste en garantizar el orden, seguridad, ayuda, y bienestar común a todos? ¿Quizás tenemos que cambiar nuestros valores y otorgar la medalla al mérito civil a aquel energúmeno que le de la pedrada más grande?
Algunos se han creído con el derecho para boicotear el sistema y hacer daño a quien no lo merece. Cuando esas protestas que organizan sean legales, ¿por qué no van a poder hacerlas?, claro que sí, naturalmente, como hasta ahora. Si tú convocas y tramitas desde la legalidad, ¿quién te va a negar el derecho de expresión y de manifestación?
Si algo pretende esta ley, a priori, es asentar las bases de la democracia. Aunque ya sabemos que para algunos la democracia es hacer lo que a uno le de la gana sin consecuencia alguna, creerse con derecho a todo y sin deber alguno.
Como diría el ínclito Miguel Ángel Revilla, "nadie es más que nadie". Y es que aquí, todos jugamos con las mismas reglas del juego.