JUNTA, GAS NATURAL FENOSA Y LA FRMP EVITARÁN QUE LAS FAMILIAS Y PERSONAS MÁS VULNERABLES SE QUEDEN SIN LUZ Y GAS EN SUS CASAS

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La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, el delegado en Castilla y León de Ventas de Negocio Minorista de Gas Natural Fenosa, José Manuel Toral, y el presidente de la FRMP, Alfonso Polanco, han firmado un convenio de colaboración cuyo objeto es evitar la suspensión de suministro energético por impago de la factura a las personas o familias más vulnerables o asegurar su inmediato restablecimiento, en el caso de que se haya suspendido el suministro.

Se trata de un convenio que es el resultado de un año de trabajo con Gas Natural Fenosa ya que, desde el 1 de enero de 2015, la Consejería tiene un acuerdo con esta compañía destinado a evitar el corte del suministro de electricidad. La buena marcha de la gestión del acuerdo y los datos de las personas y familias en situación de vulnerabilidad que se han beneficiado de él han constatado la necesidad de reflejarlo en un convenio de colaboración y ampliar su extensión al gas natural.

Este acuerdo se suma al firmado con Iberdrola y la FRMP, a finales de julio, para evitar cortes en suministro eléctrico, que en próximas fechas se va a ampliar también al gas. Ambos son pioneros en España para evitar que una familia o una persona sin recursos pase frío por no poder pagar su factura del gas o de electricidad y pueda disponer de calefacción y agua caliente. Se han convertido en un modelo que está siendo ya adoptado por otras comunidades autónomas, como Madrid o Castilla La Mancha, que la semana pasada firmaron convenios similares al que selló Castilla y León el 29 de julio. De estos acuerdos ya se han beneficiado las familias y personas más vulnerables de Castilla y León, en concreto, 190 familias y 665 personas (122 familias, con Gas Natural, desde el 1 de enero de 2015, y 68 familias, con Iberdrola, desde el 29 de julio de 2015).

Esta iniciativa supone un paso más para reforzar la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis, que contará con 180 millones de euros en 2016. Uno de sus objetivos es asegurar la cobertura de las necesidades básicas en las familias en situación de vulnerabilidad y evitar que el impacto de sus carencias materiales pueda suponer un agravamiento de su vulnerabilidad o derivar en una situación de exclusión.

Aunque existen diversos recursos para apoyar las necesidades básicas, una de las prestaciones al servicio de las familias es el apoyo económico mediante ayudas dirigidas a satisfacer esas necesidades básicas en situaciones de urgencia social. Es en este contexto en el que se han firmado sendos acuerdos con las dos compañías energéticas para garantizar que estas familias no se vean privadas del suministro energético en tanto se habiliten las ayudas económicas necesarias para afrontar las deudas y evitar así el corte de suministro, o bien restituirlo.

El proceso se inicia en los CEAS

Todo el procedimiento de solicitud de suspensión o reanudación de suministro se canaliza a través de los CEAS, puerta de acceso al sistema de servicios sociales. Es el profesional del CEAS quien gestiona la solicitud, tras realizar una valoración técnica de la situación en la que se encuentra la persona y/o familia, y determina si pueden resultar beneficiarios de una prestación económica de urgencia social destinada a la satisfacción de la deuda contraída. Gas Natural se compromete a mantener o reanudar de forma inmediata el suministro mientras se gestiona la concesión al usuario de la prestación económica.

Dentro de la Red de Protección a familias, están las ayudas para la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, que se conceden previa valoración técnica y solicitud de los Servicios Sociales de las Administraciones Locales de Castilla y León. 29.690 personas se beneficiaron de estas ayudas en 2014. Entre las necesidades básicas se encuentra el suministro eléctrico de la vivienda habitual y 7.699 personas del total de beneficiarios de estas ayudas de urgencia social fueron beneficiarios de ayudas para sufragar gastos energéticos, aspecto al que la Junta ya destinó más de un millón de euros en 2014. Hasta la fecha, y durante 2015, se han beneficiado 7.181 personas, a las que se ha destinado un millón de euros.