CI-CCD DE ALDEAMAYOR CONSIGUE EL APOYO UNÁNIME DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES DE UNA MOCIÓN EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS
Félix Calleja.
Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas
El Grupo Municipal de CI-CCD en el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín logró sacar adelante en el pleno ordinario de diciembre, con el apoyo de todos los grupos políticos de la institución, una moción presentada por su portavoz, Félix Antonio Calleja, solicitando al Gobierno y al Congreso de los Diputados “el que se promueva una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, que pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones”.
En la exposición de motivos de la propuesta, Calleja señaló cómo “en los últimos años, especialmente entre 2013 y 2016, se ha dado un proceso de deterioro del Sistema Público de Pensiones y de pérdida del poder adquisitivo de las pensiones” y cómo “las pensiones públicas no solo son un derecho, un símbolo de progreso y una conquista democrática, sino que estos años han supuesto un auténtico colchón para miles de familias durante la crisis”.
Es por lo anterior por lo que desde CI – CCD se cree “necesario reaccionar para protegerlas por encima de cualquier correlación de fuerzas política, sin importar cuál sea el color del gobierno o la situación del país”.
Es necesario según Calleja “promover un amplio debate ciudadano abierto y público en el que toda la sociedad tenga la oportunidad de conocer con seriedad, rigor y profundidad las diferentes posiciones y alternativas que existen sobre el futuro de las pensiones” así como “un amplio movimiento social que, sin distinción de ideologías, credos religiosos o siglas partidistas, una a quienes creemos que el mantenimiento de un sistema de pensiones públicas dignas es una lucha que afecta a toda la ciudadanía”.
Por eso, en el marco de la Constitución y la legalidad vigente CI-CCD considera necesario ampliar el espíritu que ya recoge la Carta Magna, promoviendo una reforma que modifique el artículo que establece la garantía de pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, en el sentido de que se refuerce como obligación y mandato constitucional inexcusable para los poderes públicos, la prohibición de cualquier tipo de privatización y el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones. “Tocar las pensiones es cruzar una línea roja que no debemos permitir” afirma la coalición centrista.