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EL PP DE VALLADOLID SOLICITA AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE FLEXIBILICE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Lo hace a través de una propuesta presentada al Pleno de la Diputación Provincial de Valladolid
El Grupo Provincial del PP cree que es posible reformarla, simplificando la contratación pública de los pequeños ayuntamientos, con total respeto a los principios de transparencia y buen gobierno

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El PP de Valladolid, a través de una propuesta registrada para su debate en el próximo Pleno Ordinario de la Diputación Provincial, solicita al Gobierno de España que impulse la flexibilización de las disposiciones de la ley de contratos del sector público en relación con los pequeños municipios

En la motivación de esta propuesta, los populares señalan que la contratación pública de obras, bienes, servicios y suministros es una herramienta propia de las Administraciones Públicas y produce un importantísimo impacto económico, social y medioambiental en nuestros pueblos y ciudades.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público introduce novedades de gran impacto en el ámbito local, con el nuevo régimen de aplicación de los contratos menores o el procedimiento abierto simplificado y las específicas para las entidades locales, novedades todas ellas de especial relevancia para todos los empleados públicos, en especial para los que prestan sus servicios en las entidades locales de menor tamaño, puesto que dificultan la gestión corporativa contractual.

En cuanto a los contratos menores, figura habitual en los ayuntamientos, en especial en los más pequeños, la nueva Ley ha rebajado las cuantías, y multiplicado las exigencias y requisitos procedimentales, ralentizando con ello el ritmo de contratación administrativa y en consecuencia la gestión municipal.

Por ejemplo, hasta la entrada en vigor de la nueva Ley, los límites de la contratación menor eran 50.000 euros en los contratos de obras y 18.000 euros en los de servicios (siempre sin contar el IVA). Esas cifras se han visto reducidas con la nueva ley, pasando a 40.000 y 15.000 euros respectivamente.

Además, se prohíbe la contratación acumulada de varios contratos con la misma empresa por encima de los citados umbrales, y se establece además que este tipo de contratos han de utilizarse sólo en caso de necesidades esporádicas e imprevistas que han de ser resueltas con celeridad.

Para el PP, todo ello está suponiendo un significativo aumento en la carga de trabajo de los funcionarios municipales, y una consecuente disminución en la calidad de los servicios que se prestan al ciudadano.

Los populares de la Diputación ponen en valor el fin último que se ha perseguido con la aprobación de esta Ley, consecuencia inevitable de la transposición de la directiva europea en materia de contratación pública, que no es otro que la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción, objetivo que sin duda compartimos todos los grupos políticos provinciales.

Pero lo cierto es que, sostienen, después de más de un año desde su entrada en vigor, se trata de una Ley que no agrada a casi nadie: ni a los empleados públicos, ni a los empresarios, ni tampoco a los cargos electos locales.

El Grupo Provincial del PP cree que es posible reformarla, simplificando la contratación pública de los pequeños ayuntamientos, con total respeto a los principios de transparencia y buen gobierno. Y también consideramos, como no podía ser de otra forma, que para llevar a cabo su modificación es preciso escuchar previamente la opinión de las organizaciones representativas de los intereses de las corporaciones locales, en especial la Federación Española de Municipios y Provincias.

Por todo lo anterior los populares someten  a la consideración del Pleno la aprobación de “solicitar al Gobierno de España que, previa la solicitud de informe a la FEMP sobre esta cuestión, impulse la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para flexibilizar sus disposiciones en relación con los pequeños municipios, atendiendo al respeto más absoluto de los principios de transparencia y buen gobierno, con el objetivo de conseguir una gestión más sencilla y eficaz de la contratación pública local”.

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