La Asociación de vecinos de El Soto, de Aldeamayor, denuncia la pasividad del gobierno municipal ante la proliferación de construcciones ilegales
- El colectivo ha denunciado la situación al Procurador del Común que ha requerido, sin éxito, al Ayuntamiento para que actúe en aras de restablecer la legalidad urbanística
Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas
La Asociación de vecinos propietarios y residentes de la urbanización El Soto, de Aldeamayor de San Martín, denuncia la pasividad del gobierno municipal en materia urbanística ante la proliferación de construcciones y situaciones irregulares en varias parcelas del barrio El Soto.
Tras varios escritos de denuncia registrados en el Ayuntamiento entre 2021 y 2022, en los que se enumeran casos concretos de esas irregularidades, que van desde la colocación de casetas de obra, chabolas, caravanas, incluso pasando por acopios de materiales o presencia de animales, los representantes del colectivo mantuvieron hasta tres reuniones con el alcalde (junio, septiembre y octubre de 2022), Fernando de la Cal, para exponer la situación, mostrar su malestar por la pasividad de la institución ante estos hechos y buscar soluciones.
Dado que dos años después de las primeras denuncias las soluciones no llegaban, el colectivo denunció la situación al Procurador del Común que requirió al Ayuntamiento documentación al respecto de la situación. Entre la documentación aportada por el consistorio hay un informe emitido por el arquitecto municipal en el que pone de manifiesto la incapacidad del Ayuntamiento para gestionar la protección de la legalidad urbanística” por falta de medios humanos en el área de urbanismo.
Analizada la documentación, el Procurador del Común emitió una resolución, con fecha de 21 de febrero de 2023 en la que, dejando claro que la competencia de la protección de la legalidad urbanística es municipal “en virtud de la Ley 5/1999 de 8 de abril” insta al Ayuntamiento de Aldeamayor a tomar una serie de medidas partiendo de acudir a la Diputación de Valladolid “para que le preste la asistencia y cooperación técnica y jurídica a la que viene obligada” en atención a la legislación de régimen local.
Le insta también a incoar los oportunos procedimientos de restauración de legalidad y sancionadores que correspondan en los casos de obras que hayan sido objeto de inspección, así como la inspección en aquellas que aún estén pendientes de esto.
En tercer lugar, el Procurador del Común requiere al Ayuntamiento a “impulsar y extremar” la diligencia en la tramitación de los procedimientos de restablecimiento de la legalidad y sanción urbanística ya incoados, resolviendo lo que proceda en el plazo fijado.
Por último, le recuerda que la inactividad municipal puede “llevar a generar una lesión resarcible a efectos de responsabilidad y que la acción se puede ejercitar en el plazo máximo de un año a partir de la prescripción de la infracción urbanística”.
En una nota de prensa remitida a esta redacción, el presidente del colectivo vecinal, Jorge Antonio San José Calvo, ha señalado que desde esta asociación “no se entiende (y se está sufriendo) la total pasividad que muestra el alcalde al poner todo tipo de trabas a la resolución de cada uno de los expedientes, y además la falta de puesta en común con esta asociación de los avances realizados en cada una de las inspecciones urbanísticas (caso de que las hubiera). Lo único que desea esta asociación es el cumplimiento del plan parcial urbanístico del barrio El Soto en igualdad para todos los vecinos, y colaborar con el ayuntamiento con el objetivo de facilitar el trabajo al consistorio y conseguir una mejora sustancial en el barrio”.
