Toma la Palabra denuncia la deficiente gestión de la contratación pública por parte de la Diputación de Valladolid
- Señala que los contrato menores que no cumplen con la obligación de solicitar ofertas a, al menos, tres empresas o autónomos/-as (y que tampoco justifican tal incumplimiento) superan el millón de euros
Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas
«La Diputación de Valladolid no es capaz de llevar a cabo una gestión de la contratación pública eficiente y ajustada a la ley, lo que provoca un gasto público innecesario». Es la valoración del Grupo Provincial Toma la Palabra tras conocerse el informe de control financiero anual de 2019 realizado por el interventor de la administración provincial, en concreto, a tenor de los datos correspondientes a los contratos menores realizados en el primer semestre del año. Desde la plataforma añaden, además, que las deficiencias en esta gestión «impiden que haya la transparencia que debe haber en la contratación pública para que cualquier autónomo/-a o pyme pueda ser contratista de la Diputación».
En el citado informe se pone de manifiesto que diversos contratos menores suscritos por la institución con diferentes contratistas por un valor de 84.492 euros han superado los límites establecidos en el artículo 118.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, además de haberse fraccionado de forma ilegal el objeto del contrato. «Esos contratos tenían que haber sido objeto de licitación pública», apuntan desde Toma la Palabra. «Pero lo más preocupante», añaden desde la plataforma, «es el incumplimiento generalizado por parte del equipo de gobierno de pedir tres presupuestos, según el acuerdo 137/16 del pleno de Diputación». Dicho acuerdo recoge que los contratos menores, siempre que la naturaleza del gasto lo permita, tendrán la obligación de solicitar oferta de, al menos, tres empresas distintas, antes de su adjudicación directa y, de no pedirse, se detallará mediante informe correspondiente, alegando falta de petición. «Más del 70% de los 1.085 contratos menores suscritos durante el primer semestre de 2019 no cumplen con esa regla general», indica Toma la Palabra, que explica también que «si bien es cierto que el acuerdo de pleno, en aquellos casos en que no fuera posible solicitar tres ofertas, permite no cumplir el requisito si se justificara adecuadamente en el expediente, el informe del interventor dice que Las razones aducidas para eludir la referida obligación carecen de fundamento objetivo y pueden considerarse puras expresiones convencionales para cubrir la exigencia».
«El informe está plagado de consideraciones que demuestran la mala gestión y poca transparencia de la contratación pública en la Diputación de Valladolid», aseguran desde Toma la Palabra, «así como deficiencias en su planificación, que deriva en contratos puente, contratos menores de los que resulta imposible realizar y control efectivo, como los celebrados por el Patronato de Turismo para la promoción de la provincia o contratos con empresarios carentes de capacidad para contratar con la administración». Asimismo, la plataforma destaca la «ausencia del presupuesto de obra en los contratos menores de obra». «Exigimos que la Diputación de Valladolid se tome muy en serio este informe del interventor y las conclusiones que de él se sacan, y que tome las medidas oportunas para terminar con todas estas irregularidades», concluyen desde Toma la Palabra.
