Toma la Palabra consigue que se inste a la Junta que establezca un servicio de enfermería en las Aulas Sustitutivas de Educación Especial de los pueblos
- La plataforma ha solicitado a la administración provincial que exija a la Junta que cumpla con un compromiso ya adquirido en 2016
Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas
El pleno de la Diputación de Valladolid al completo ha respaldado hoy la moción presentada por Toma la Palabra para instar a la Junta de Castilla y León a cumplir con el compromiso que las Cortes adquirieron en 2016 para establecer un servicio itinerante de enfermería en las Aulas Sustitutivas de Educación Especial del medio rural. Asimismo, la moción incluía otras dos peticiones: por un lado, que se dote a los centros educativos rurales que cuenten con alumnado con necesidades educativas del personal cualificado para la atención de los menores, concretamente, diplomados universitarios en Enfermería y auxiliares técnicos educativos; por otro, que se dote de un aula de relajación a estos centros para calmar a los menores en situaciones de estrés. Toma la Palabra ha admitido las enmiendas presentadas por el PP, que matizaban que estos recursos han de ofrecerse en función de las necesidades específicas individuales de los alumnos y alumnas según informe médico.
«Que a día de hoy, después de seis años con esta proposición no de ley aprobada, tengamos que volver a reclamar este servicio de enfermería nos parece un atropello y una falta de respeto», ha subrayado Díez. «Demuestra que es nulo el compromiso de la Junta de Castilla y León con los niños y niñas que requieren de Educación Especial y con sus familias, y es un ejemplo más del abandono al que se somete la administración regional al medio rural», ha comentado. «Es imprescindible dotar a las Aulas Sustitutivas de Educación Especial en los pueblos de los recursos humanos y materiales necesarios para que estén exactamente igual dotados de un colegio de Educación Especial en una ciudad», ha expresado, «porque los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos». «No hacerlo significa que esos niños y niñas con necesidades especiales deben renunciar a sus derechos como dependientes y a su derecho a una educación pública de calidad».
«Ante estas situaciones no valen excusas ni buenas palabras o propósitos», ha manifestado Díez, «lo único que les vale a esos niños y niñas y a sus familias son los hechos». «Hechos como poder asistir al colegio en el pueblo en que viven o en un entorno cercano, y que ese colegio tenga los servicios e instalaciones adecuados para que se les atienda como merecen», ha destacado. Díez ha querido remarcar también que «haya o no alumnado con necesidades especiales, debería ser obligatorio tener una enfermera en los colegios, pero más aún, claro, cuando sí los hay».
VALORACIONES DE LAS MOCIONES PRESENTADAS POR PP, CIUDADANOS Y PSOE
Sobre la moción del PP para instar al Gobierno de España a que adopte medidas fiscales y económicas necesarias para paliar el incremento de los precios del combustible y la energía eléctrica, el portavoz de Toma la Palabra ha lamentado que los populares presenten una proposición en la que «acusan al Gobierno de España de estar encantado con la situación actual» y que «ya se empieza a notar su pacto con el diablo». A este respecto, Díez ha insistido en que «gran parte de los ingresos del IVA, los impuestos especiales y los de hidrocarburos están cedidos a las Comunidades Autónomas». Así, «de cada euro de IVA que se ingresa, la mitad va a la Junta de Castilla y León; de cada euro de impuestos sobre hidrocarburos que se ingresa, el 80% va a la Junta; de cada euro de impuesto sobre electricidad que se ingresa, su totalidad va a la Junta». «A la vista de estos datos», ha señalado Díez, «queda claro que la mayor beneficiada de la coyuntura económica actual es, en términos de recaudación de impuestos, la Junta de Castilla y León».
El diputado de Toma la Palabra se ha dirigido a los populares para decirles que «si quieren contribuir a poner en marcha medidas para paliar las consecuencias de la situación actual, formen gobierno en la Junta de Castilla y León de una vez». «Llevamos cuatro meses de gobierno interino y no tienen prisa por poner fin a esta situación, así nadie les puede pedir una reunión y, mucho menos, pedir medidas al respecto», ha añadido Díez, que ha propuesto que la petición incluyese a la Junta. «Si aceptan, estaréis demostrando una preocupación sincera por la situación económica actual; de lo contrario, quedará claro que solo estáis utilizando, una vez más, una coyuntura económica con fines partidistas». Finalmente, el grupo popular no ha aceptado la inclusión de la enmienda de Toma la Palabra, que se ha abstenido en la votación.
Toma la Palabra se ha abstenido también en la moción presentada por Ciudadanos, al considerar que «el Gobierno de España ya está trabajando en esta materia». La formación naranja planteaba un pacto de Estado contra la despoblación y para la creación de una mesa para el Reto Demográfico, ante lo que Díez ha recordado que «el Gobierno ya está impulsando un pacto de Estado hacia una España vertebrada y por el equilibrio territorial, la sostenibilidad y el reto demográfico en la España vaciada». «El Gobierno de España ha situado la cohesión social y territorial como una prioridad de su acción, como un compromiso tanto con las personas que residen y dan vida a nuestro mundo rural como con las generaciones futuras», ha dicho. El portavoz de Toma la Palabra ha recalcado, además, que «el proceso de reversión de la situación actual en los territorios más afectados por la despoblación ha de fundamentarse en un compromiso compartido, en el que las diferentes administraciones asuman su parte de responsabilidad en un proceso de acción conjunta».
La plataforma sí ha votado a favor de la proposición presentada por el PSOE para la mejora del Plan de Ruinas de la Diputación de Valladolid, pues «el mal estado de ciertos inmuebles en los pueblos de la provincia sigue generando problemas de gestión tanto a propietarios como a ayuntamientos». Díez ha apuntado que Toma la Palabra entiende que «atajarlos es complicado, tanto por el habitual entramado de herederos de esas propiedades y por la dificultosa tramitación para costear su derribo». También que «es una tarea compleja la elaboración de informes técnicos, notificaciones y otros documentos, y que la mayoría de los ayuntamientos no cuentan con el personal suficiente para llevarla a cabo». Por eso, «desde la Diputación se debe seguir apostando por el Plan de Ruinas, pero mejorándolo, por ejemplo, con un incremento de la financiación y un aumento de personal, para que se llegue a cubrir la tramitación de todas las solicitudes presentadas».
