TLP pedirá la creación de una mesa de diálogo para tratar el problema de las macroplantas de biogás en los Pedrosa, Montemayor y Hornillos

• El diputado Julio Pereda, portavoz en la Diputación de Valladolid de las formaciones Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo y Alianza Verde, pedirá la creación de un foro de debate en la institución provincial que de voz a los distintos actores y sirva para consensuar una declaración institucional al respecto

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Pedrosa del Rey, Montemayor de Pililla y Hornillos de Eresma son municipios que tienen a su vecindario en pie de guerra contra la instalación de macroplantas de biometano que harán que por las carreteras de estos pueblos pasen diariamente cientos de vehículos de gran tonelaje cargados de purines, estiércol y otros desechos orgánicos, cuestión que no sólo provocará malos olores sino también, riesgos de vertidos y accidentes.

Pereda afirma que desde la formación de izquierdas son sensibles a los desafíos a los que se enfrenta el sector energético actual y entienden que el modelo a aplicar debe estar basado en la sostenibilidad. Sin embargo, es fundamental cuestionar el modelo que se está implementando, puesto que se está abordando desde la perspectiva de la voracidad de las multinacionales. El origen del problema radica en la inexistencia de una regulación adecuada del modelo energético. Es innegable que la posibilidad de transformar los residuos del sector porcino en energía es una solución que, desde una óptica económica y ambiental, ofrece beneficios significativos.

Lo que no tiene lógica es mover estos residuos lejos de su fuente original, cuestión que rompe con la sostenibilidad del proceso y genera un fuerte rechazo de la población de los municipios donde se pretende construir estas instalaciones. La generación de biometano a partir de estos desechos debería realizarse in situ, en las propias granjas, garantizando así un ciclo más cerrado y eficiente. En este sentido, las plantas de procesamiento deberían ubicarse estratégicamente en áreas donde ya existan granjas, evitando la creación de infraestructuras a las que tendrían que trasladarse grandes volúmenes de desechos.

Según informó el consejero Juan Carlos Suarez Quiñones en el pleno de Las Cortes, hay 95  proyectos de construcción de macroplantas de biogás en toda la comunidad. Desde TLP entienden se hace imprescindible implementar una moratoria que paralice los proyectos existentes hasta que se establezcan regulaciones claras y efectivas que aseguren que estas instalaciones no comprometan el desarrollo sostenible del medio rural.

Es precisa una regulación del sector que contemple todas las implicaciones sociales, económicas y ambientales y que asegure que el aprovechamiento de los residuos en el sector porcino no se convierta en una carga para nuestras comunidades rurales, sino en una oportunidad que impulse un modelo energético realmente sostenible y ético.

La Diputación debe asumir un papel activo y comprometido en la defensa de los intereses de los vecinos y vecinas del medio rural de nuestra provincia. Conscientes de la creciente preocupación que generan los proyectos de macroplantas de biometano, es imperativo que se inicie un proceso de diálogo constructivo que incluya a todos los actores involucrados. Para ello, TLP propone la creación de una mesa de diálogo en la que participen representantes de los diferentes grupos políticos, así como organizaciones y plataformas de afectados. Este espacio de discusión permitirá escuchar las demandas y preocupaciones de quienes se ven impactados por estos proyectos, facilitando así un intercambio de ideas que contribuya a encontrar soluciones efectivas y consensuadas. La propuesta pretende fomentar un ambiente propicio para la cooperación y el entendimiento, donde se prioricen los intereses de la población y se busquen alternativas viables que favorezcan tanto el desarrollo económico como la protección del medio rural.

El objetivo final de esta iniciativa es elaborar una declaración institucional que refleje el sentir de nuestra comunidad, estableciendo un plan de acción que garantice que los vecinos y vecinas no se vean obligados a adoptar posturas de confrontación o resistencia, cada vez que un nuevo proyecto de macroplanta de biometano se presente ante ellos. Es crucial que la voz de la ciudadanía sea escuchada y tenida en cuenta en la toma de decisiones que afectan su entorno y calidad de vida.