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LA GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID INVESTIGA A UNA PERSONA POR LA MUERTE DE DOS CABALLOS EN CIGALES

El Equipo SEPRONA de Valladolid investiga a una persona como responsable de un delito de los relativos a la protección de la flora, la fauna y los animales domésticos por el abandono de animales en una parcela de Cigales

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El SEPRONA de Valladolid localizó en el término municipal de Cigales, gracias a la colaboración ciudadana, una parcela vallada en la totalidad de su perímetro con una superficie aproximada de unos 13.000 m², la cual se encuentra cubierta en su superficie de diferentes tipos de residuos y algunas construcciones precarias.

Desde el exterior se observó en el suelo un caballo macho muerto, del cual los cuatro perros que se encontraban albergados en la parcela se estaban alimentando. Igualmente se percataron de la presencia de otros dos caballos vivos, un macho y una hembra que presentaban un aspecto claramente identificado por la falta de atención, extrema delgadez (caquexia),  suciedad y en el caso de la hembra presenta unos bultos en la parte posterior entre los cuartos traseros.

Estos trataban de comerse sus propios excrementos para así poder obtener los restos de la comida anteriormente ingerida ya que en el lugar carecen de alimento y agua.

Tras realizar gestiones con el Servicio de Ganadería de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de la localidad, inmediatamente éstos se hicieron cargo de los animales en la misma parcela facilitándoles alimento y agua hasta el traslado de los mismos a un centro de recogida. El macho, que se encuentra postrado en el suelo, no consiguió recuperarse y murió posteriormente.

Una vez localizado al responsable de la parcela es informado de que los animales se le retiran cautelarmente para su mantenimiento, y que es  investigado por un delito de los relativos a la protección de la flora, la fauna y los animales domésticos por el abandono de estos últimos, causando la muerte de dos equinos.

Asimismo, se le han remitido denuncias a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, por la comisión de múltiples infracciones administrativas a la Ley 8/2003, de Sanidad Animal, a la Ley 5/1997, de protección de animales de compañía,  a la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, entre otras.

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