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EL ALCALDE DE VALDESTILLAS PIDE LA DIMISIÓN DE DOS CONCEJALES DEL PP COMO RESPONSABLES EN LA DEUDA MUNICIPAL

El Ayuntamiento que preside el socialista Jesús Román arrastra una deduda con Cajamar, de la época del popular Julio Fernández Tomé, que asciende a 1.141.502,28 euros
El consistorio pretende demostrar la nulidad del aval por el que debe responder a más de un millón de euros frente a Cajamar por la Sociedad Municipal de la Vivienda

Marina Casero Zarzuelo

¿Cómo está la situación financiera del Ayuntamiento de Valdestillas? El consistorio tiene una deuda con la entidad bancaria Cajamar que asciende, con intereses, a 1.141.502,28 euros por la Sociedad Municipal de la Vivienda. Este es uno de los datos que aportó en el Pleno Extraordinario celebrado ayer durante el Ayuntamiento de Valdestillas el alcalde, el socialista Jesús Román.

¿Cómo se ha llegado a esta circunstancia? El informe encomendado al letrado José Largo Cabrerizo ha demostrado que el popular Julio Fernández Tomé, alcalde de Valdestillas desde 1999 hasta 2008, acordó junto con el Consejo de Administración que el Ayuntamiento avalara un crédito a largo plazo con un periodo de amortización de 20 años por un valor de 685.000 euros, firmado en el año 2004.

El informe también refleja que en el momento que se adopta ese acuerdo la Sociedad ya estaba incursa en causa de disolución o de solicitud de concurso de acreedores. Así, los administradores sociales son responsables de esa deuda adquirida con posterioridad a la causa de disolución. Muchas son las irregularidades, según el informe, cometidas en la gestión de esta Sociedad. De hecho, el alcalde explicaba que podrían haberse cometido delitos de falsedad documental y administración desleal.

El alcalde ha propuesto declarar la nulidad del aval como primera medida. Sin embargo ha recordado que la entidad financiera no tiene intención de renunciar a sus acciones judiciales y que “lo que es nulo aquí, no significa que lo sea allí”. Además, Román ha pedido responsabilidades por la “mala administración” de la Sociedad y la dimisión de los dos concejales del Partido Popular, Julio César Recio y Domingo Pérez, por “los daños ocasionados al Ayuntamiento”. 

El portavoz de Ciudadanos, Alberto Sanz, solicitaba por su parte, según recomendaciones recibidas desde la Diputación de Valladolid, encargar un segundo informe a los servicios jurídicos de la administración provincial para confirmar las conclusiones del ejecutado por Cabrerizo. El alcalde contestaba que no entendía el por qué y respecto al interés del edil de Ciudadanos sobre el coste del encargo de este documento, informaba que aún no conocen el importe que tendrán que abonar. Román insistía en emprender acciones legales contra las personas responsables y “exigir las actuaciones que no estén prescritas”.

Por su parte Sanz no mostraba su acuerdo en involucrar al Ayuntamiento en pleitos que acarrearían elevados costes. Finalmente los tres concejales de Ciudadanos votaban a favor en apoyo de las acciones que se puedan llevar a cabo para solucionar el grave problema al que se enfrentan los vecinos de Valdestillas. Los dos ediles del Partido Popular se abstuvieron al respecto.

El último punto del pleno extraordinario provocaba el murmullo de los presentes en la sala. Este apartado hacía referencia a la posibilidad de conceder al alcalde la facultad de otorgar poderes a abogados y firmar documentos públicos y privados. En esta ocasión, los ediles de Ciudadanos votaban en contra. El portavoz de C’s ha consideraba que esos asuntos tienen que valorarse entre todos los miembros del consistorio para que todos puedan participar y las cosas sean más “correctas”. También en esta votación los concejales populares se abstuvieron.

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