Diputación y Colegio de Abogados de Valladolid renuevan su convenio de colaboración
- Basado en tres líneas de trabajo, el convenio busca ayudar a mejorar la convivencia de los vecinos de la provincia a través de la mediación, la prevención y el asesoramiento
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El presidente de la Diputación de Valladolid y el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA), Javier Martín, han renovado el convenio de colaboración que ambas instituciones mantienen desde 2016 para la realización de diversas líneas de actuación tendentes al asesoramiento jurídico y mejora de la convivencia de los vecinos de la provincia de Valladolid.
En concreto, el convenio prevé tres líneas de actuación. La primera de ellas incide en el ámbito de la resolución de conflictos a través de la mediación comunitaria en los municipios de la provincia, en aquellos procesos permitidos por la ley.
La segunda línea de trabajo se centra en la protección de la infancia y la juventud, para lo que se continuará desarrollando un programa de asesoramiento jurídico a jóvenes dirigido a sensibilizar a menores y adolescentes sobre los peligros de determinadas actuaciones, que podrían llegar incluso a ser constitutivas de delitos y las consecuencias jurídicas de las mismas.
Por último, la tercera línea de actuación pretende también atender y asesorar a aquellas personas de la provincia susceptibles de acogerse a la Ley de segunda oportunidad, ofreciéndoles el apoyo preciso para que, a pesar de haber sufrido un fracaso económico empresarial o personal, puedan remontar esa situación e iniciar una nueva trayectoria sin la losa del endeudamiento.
MEDIACIÓN VECINAL
El objeto de esta primera línea de actuación es buscar un cauce de solución de conflictos que afectan a conflictos vecinales en los que sean parte los Ayuntamientos, los relativos a la utilización de espacios y mobiliario público, de convivencia, de asociaciones y familiares intergeneracionales.
Es el propio Colegio de Abogados de Valladolid quien se encarga de realizar las campañas de difusión de este servicio en los diferentes municipios de la provincia, así como de prestar los profesionales pertenecientes al Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valladolid, que son quienes desarrollan la labor de mediación.
Las propuestas de mediación serán derivadas por los CEAS de la Diputación de Valladolid o los propios ayuntamientos y serán los y las profesionales del servicio de mediación quienes contacten con las partes afectadas, que deberán aceptar el servicio. Una vez aceptado, se desplazan al municipio en el que han sido requerida la prestación del servicio, a una sala cedida por el ayuntamiento, para proceder al proceso de mediación. Finalizado el mismo, se realizará un informe al CEAS o ayuntamiento correspondiente, respetando en todo caso la regla de la confidencialidad que rige todo el proceso de mediación.
Desde el año 2020, dentro del convenio se han solicitado 25 mediaciones de las que 9 se han resuelto con acuerdo, 9 se encuentran aún en tramitación y en 7 de ellas no se ha alcanzado acuerdo. Los municipios solicitantes del servicio han sido 16 y en otros 14 el ICAVA ha realizado entre abril y junio de este año una campaña informativa para explicar a sus habitantes qué problemas pueden solucionarse mediante la mediación vecinal.
ASESORAMIENTO JURÍDICO A JÓVENES
Esta línea se enmarca dentro del trabajo de la Diputación de Valladolid para seguir avanzando en la protección de la infancia y de la juventud de nuestra provincia, así como en áreas tan específicos como la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, la defensa de la mujer frente a la violencia de género y la prevención de la violencia entre iguales en el ámbito escolar.
Para ello, se llevan a cabo talleres y charlas informativas en los que se busca sensibilizar a menores y adolescentes sobre los peligros de determinadas actuaciones, que podrían llegar incluso a ser constitutivas de delitos y las consecuencias jurídicas de las mismas.
Desde 2020 se han realizado charlas y talleres con más de 600 jóvenes en 8 Institutos de la provincia, 8 Puntos de Información Juvenil y 2 Centros de Ocio de 14 municipios de la provincia, con un alto grado de satisfacción y de sorpresa del alumnado al conocer las consecuencias que pueden tener algunas actuaciones. A partir de septiembre se abrirá de nuevo el plazo para solicitar las charlas correspondientes al curso 2022/2023.
LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD
La tercera línea de actuación se centra en crear un servicio de asesoramiento jurídico y atención legal a la ciudadanía de municipios de la provincia de Valladolid de menos de 20.000 habitantes que se encuentren en graves dificultades económicas para cumplir regularmente con sus obligaciones de pago, o en situación de insolvencia, ya sea actual o inminente, sin llegar a cumplir los requisitos para ser considerados deudores hipotecarios sin recursos, a partir del mecanismo de la Ley de Mecanismos de Segunda Oportunidad.
A este servicio pueden acceder las personas físicas empadronadas en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes cuya situación personal cumpla una serie de requisitos como que la estimación inicial del pasivo no supere los 5 millones de euros; que en los 10 años anteriores no hayan sido condenados mediante sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la hacienda pública, la seguridad social o contra los derechos de los trabajadores; que en los últimos 5 años no hubiera alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores, obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o sido declarada en concurso de acreedores; y que no esté negociando un acuerdo de refinanciación o se haya admitido a trámite una solicitud de concurso.
Para acceder al servicio, las personas afectadas deberán ser derivadas al ICAVA desde el Servicio de Insolvencia Hipotecaria de la Diputación de Valladolid, que adjuntarán, para la primera entrevista, un informe de segunda oportunidad en el que figuren los datos de los deudores, la concurrencia de las condiciones de acceso al servicio y cualquier otro aspecto de interés.
Por su parte, el Colegio de Abogados pondrá a disposición de este servicio un turno de abogados, debiendo los letrados intervinientes tener formación específica en derecho concursal y en habilidades de mediación y negociación mediante formación relacionada directamente con ambos aspectos.
Por este convenio, el ICAVA se compromete a realizar el asesoramiento y atención a estas personas, llevando a cabo las consultas telefónicas o presenciales oportunas para informarles sobre los derechos y obligaciones de la ciudadanía así como las consecuencias jurídicas derivadas de los actos o negocios jurídicos que las personas físicas pueden realizar y todas aquellas otras actuaciones preparatorias que se consideren necesarias para la atención integral de la persona beneficiaria, redacción de solicitud de medidas previas, auxilio en la redacción de escritos, información y solicitud de justicia gratuita.
En la primera entrevista, el Letrado del Servicio de Segunda Oportunidad analizará el caso concreto del usuario y le asesorará sobre la viabilidad de acudir a los mecanismos de segunda oportunidad y sus costes que, según sus circunstancias personales y económicas, que valorarán los profesionales de Servicios Sociales, podrán ser asumidos por el propio usuario o con la aportación de Diputación para esta Línea.
En todo caso, el profesional de la abogacía designado deberá facilitar el presupuesto de los honorarios de los distintos profesionales que han de intervenir en el procedimiento, que deberán ajustarse a la baremación que determine el ICAVA y contar con la conformidad de éste y de la Diputación de Valladolid.
Una vez finalizada la actuación profesional, el letrado asignado remitirá tanto al ICAVA como a la Diputación de Valladolid un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación a su designado, así como, en su caso, la resolución que ponga fin al procedimiento.
Desde 2020 se han derivado a este servicio un total de 24 casos, de ellos 23 correspondientes a autónomos y uno a una persona particular. La duración del procedimiento varia significativamente en función de cada caso concreto, pudiendo alargarse a varios años en casos más complejos con juzgados más saturados. Aunque es un periodo muy largo, mientras dura el procedimiento de Ley de Segunda Oportunidad el deudor está protegido y no pueden seguir reclamándole sus deudas ni tampoco embargar sus bienes.
