Diputación de Valladolid y Junta colaboran en la mejora de las condiciones de seguridad de las explotaciones agroganaderas

La nueva línea de ayudas destina casi 800.000 euros a financiar la adquisición o adaptación de maquinaria agrícola y ganadera, el acondicionamiento de naves agrarias y ganaderas, almacenamiento de productos agrícolas, carburantes o fitosanitarias, así como el acceso a las instalaciones en municipios de menos de 2.000 habitantes

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El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Mariano Veganzones, han presentado la convocatoria de ayudas para la mejora en las condiciones de seguridad y salud en centros de trabajo agroganadero ubicados en municipios de menos de 2.000 habitantes de la provincia de Valladolid.

Las nuevas ayudas, por importe total de 795.990,28 euros, están financiadas íntegramente por la Junta de Castilla y León a través de una subvención directa a la Diputación de Valladolid, que será la institución encargada de gestionar dichas ayudas.

Conrado Íscar ha destacado, una vez más, la colaboración institucional como elemento esencial de desarrollo, así como el compromiso de la Diputación de Valladolid con el medio rural de la provincia como demuestra el hecho de que “a pesar de contar con muy pocas competencias en materia de agricultura y ganadería, no dudamos ni un minuto en colaborar con la Junta de Castilla y León para sacar adelante esta medida, que permitirá un cierto apoyo económico a nuestro agricultores y ganaderos”.

En este sentido, ha resaltado que este apoyo es “muy necesario especialmente en estos años en los que el sector está atravesando por muchas dificultades, como consecuencia de la sequía, de la descomunal inflación en los costes de producción y de determinadas medidas legislativas del Gobierno de España que poco han ayudado a solventar esta situación”.

Por su parte Mariano Veganzones ha indicado que “estas ayudas se enmarcan en un nuevo modelo de prevención que, gracias a la colaboración de todos los sectores implicados, está reduciendo la siniestralidad laboral en Castilla y León y queremos reducirla también en el sector agrario”.

A este respecto el consejero ha incidido especialmente en que “se trata de una nueva estrategia de salud laboral que supone un cambio radical que ya está dando sus frutos y que está siendo modelo a imitar por el resto de Comunidades Autónomas”.

En concreto, el objetivo de estas ayudas es permitir que cualquier agricultor o ganadero de la provincia pueda mejorar las condiciones de seguridad de sus explotaciones. Para ello se subvencionarán los gastos de inversión en la compra o mejora de maquinaria, incluidos los vehículos automotrices y sus estructuras de seguridad en caso de vuelco; las obras de acondicionamiento de naves agrarias y ganaderas; el almacenamiento de productos agrícolas, fitosanitarios o carburantes; y las obras de acceso a las instalaciones. También se consideran subvencionables los gastos de transporte e instalación, pero no los de retirada de materiales que contengan amianto procedente de cubiertas ligeras ni la adquisición de bienes de segunda mano.

BENEFICIARIOS Y PLAZOS

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas, personas jurídicas con ánimo de lucro, cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, comunidades de bienes y sociedades civiles, que estén encuadrados dentro del CNAE 01 (actividades de agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados), y que tengan su centro de trabajo o productivo y realicen la actividad subvencionada en municipios de menos de 2.000 habitantes de la provincia de Valladolid.

La cuantía total de la subvención para cada una de las solicitudes que se presenten será del 50% del gasto subvencionable, no pudiendo en ningún caso superar los 20.000 euros por solicitud.

El plazo de presentación de solicitudes queda abierto desde el próximo viernes 15 de septiembre hasta el lunes 16 de octubre y se admitirán gastos y pagos realizados entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de junio de 2024.