EL AYUNTAMIENTO DE VALDESTILLAS APRUEBA DEMOSTRAR LA INVALIDEZ DEL AVAL CON CAJAMAR POR LA DEUDA DE UN MILLÓN DE EUROS
Momento de la sesión
Marina Casero Zarzuelo
El Ayuntamiento de Valdestillas celebró pleno en la tarde de ayer en la que por unanimidad de los concejales presentes se determinó demostrar la nulidad de pleno derecho del aval emitido con Cajamar para así evitar abonar la deuda. La formalización de un aval requiere del acuerdo del pleno y Julio Fernández Tomé firmó a título personal este documento en 2005.
La sesión comenzó con la aprobación de las retribuciones del alcalde y dos concejales, ya presentadas en el anterior pleno junto a los presupuestos. Ciudadanos presentó las alegaciones pertinentes al no estar de acuerdo con los sueldos de los ediles. Finalmente, consiguieron llevar adelante la propuesta con el sí de uno de los concejales del Partido Popular, Julio César Recio. El propio Recio declaró que “están a favor de que los ediles tengan una retribución por su trabajo”.
Otro de los asuntos que preocupa al Ayuntamiento es la falta de rentabilidad de las cuatro viviendas de protección oficial que posee en ‘El Prado’. Una de ellas está en ruinas y seguirá en propiedad municipal. Sin embargo, dos de ellas se venderán por un valor de 60.000 euros cada una. Los actuales vecinos que residen en ellas tendrán preferencia en su adquisición. La tercera, dada su condición de ocupación, será sacada a concurso para que otras personas también puedan acceder a ella si lo desean. Esta decisión llevada a pleno por el equipo de Gobierno contó con el apoyo unánime del resto de grupos municipales. Hasta ahora las arcas del municipio no han ingresado ninguna cantidad por estas viviendas. El alcalde, Jesús Román, afirmó que el grupo socialista está en contra de los desahucios pero que “no pueden estar sin pagar nada”.
Otra decisión importante concierne a los establecimientos hosteleros. La propuesta del equipo de Gobierno respecto a la ordenanza de las tasas de las terrazas comprende una cantidad de 0,05 euros por metro cuadrado, un mínimo de 90 días. El alcalde declaró que es un precio razonable y que no hay ningún establecimiento en el municipio que no pueda permitírselo. Sin embargo, el portavoz de Ciudadanos, Alberto Sanz, afirmó que la ordenanza que se pretende aprobar no está completa. Sanz enumeró situaciones que no recoge como la instalación de carpas, la limitación de horario, la especificación de días o el corte del tráfico para la instalación de algunas. El primer edil contestó que esas circunstancias, sobre todo la que implica el corte de tráfico, serán reguladas en ordenanzas posteriores. Con el no de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular, los bares del municipio comenzarán a pagar por la instalación de terrazas.
Al final del pleno, el alcalde aprovechó para contestar al portavoz de Ciudadanos por la nota de prensa emitida a los medios de comunicación hace unos días sobre el pleito del arquitecto municipal. Además de emitir un comentario a través de este diario digital, Román quiso dejar claro que recurrirá la decisión judicial porque el equipo de Gobierno ni confía, ni apoya a este profesional por las irregularidades que se han cometido. Sanz le acusó de despedir al técnico por revanchismo y el primer edil afirmó que “pedir responsabilidades no es revanchismo”. El edil de Ciudadanos insistió en el alto coste que supondrá el recurso y añadió: “está claro que vamos a perder”.
Además de estos acuerdos se dio conocimiento de la dimisión de Virginia Pastor, segunda de lista por el grupo Ciudadanos, por motivos personales. Esta es la tercera renuncia dentro del Ayuntamiento en lo que va de legislatura.
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