Ciudadanos y PP presentan en la Diputación una proposición conjunta contra los indultos a los líderes independentistas catalanes condenados
- «Queremos expresar con esta proposición el respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y a la Unidad de la Nación, así como nuestro completo apoyo al ordenamiento jurídico español y al sistema judicial, con especial énfasis en el Tribunal Supremo» señalan ambas formaciones
Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas
La proposición presentada de forma conjunta para su debate en el próximo pleno de la Diputación de Valladolid, que se celebrará el viernes 18 de junio. insta al Gobierno de España a defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley y no conceder indultos a los políticos independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de fondos públicos, que no han dado muestras de arrepentimiento y además han manifestado su intención de volver a llevar a cabo actuaciones contrarias a la legalidad, por cuyos delitos fueron juzgados y condenados el pasado octubre de 2019.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró en octubre de 2019 que velaría por el «cumplimiento íntegro de las penas” de los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo por el delito de sedición.
Y ahora, en 2021, el presidente Sánchez y su Gobierno no esconden su voluntad de indultar a unos condenados que no solo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento, sino que han dejado claro que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos.
Causa sonrojo escuchar, recientemente, al ministro de Justicia manifestar la necesidad de “que se vea con naturalidad la decisión del Gobierno sobre los indultos a los condenados por el Procés.”
El alto tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad de sus miembros, explica que lo que pretenden el presidente Sánchez y su Gobierno es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar «los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional».
Es decir, el Gobierno está poniendo en duda, al igual que los hacen los líderes independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia.
