La Junta y la Diputación de Valladolid presentan a los ayuntamientos las Normas Urbanísticas Territoriales de la provincia
- En la provincia de Valladolid existen actualmente un centenar de municipios sin planeamiento
- Se trata de un instrumento básico de aplicación general que permita un equilibrio sostenible entre población, actividades productivas y protección de los valores naturales y culturales
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Las Normas Urbanísticas Territoriales (NUT) de Valladolid presentadas hoy son el resultado de la colaboración entre la administración autonómica, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y la Diputación Provincial de Valladolid, interesadas ambas en ayudar a los pequeños municipios que carecían de medios suficientes para elaborar un instrumento urbanístico de planeamiento general propio. Junta y Diputación firmaron un convenio en febrero de 2017 para elaborar unas normas básicas de aplicación general al centenar de municipios de menos de quinientos habitantes que carecía de ellas.
En la provincia de Valladolid existen actualmente un centenar de municipios sin planeamiento, el 44 % del total, donde viven 11.195 personas, el 2,14 % de la población de Valladolid, pero cuyo territorio supone el 29 % de la superficie total de la provincia.
Las NUT presentadas hoy sustituyen a las vigentes ‘Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal’, que ya han cumplido 20 años y cuyo contenido ha quedado obsoleto. Su figura aparece recogida en la ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y con su tramitación la Junta de Castilla y León cumple el compromiso de aumentar la seguridad jurídica en materia urbanística respecto de los pequeños municipios, y de proporcionarles una normativa de ordenación urbanística básica que garantice la seguridad en la implantación de algunas actividades económicas que generan o fijan empleo en el medio rural.
El convenio firmado entre las dos administraciones, que se hizo extensivo a todas las provincias, estableció que la licitación, adjudicación, contratación y recepción de los trabajos necesarios para la redacción de las normas urbanísticas eran responsabilidad de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, mientras que la Diputación de Valladolid prestaría la coordinación y el apoyo técnico necesario a los municipios para redactar el planeamiento.
Los costes económicos, estimados en 200.000 €, han estado financiados a partes iguales por ambas administraciones. Además se creó una comisión mixta paritaria para la dirección y supervisión de las acciones contenidas en el convenio, cuya vigencia máxima era de cuatro años
