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EL AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR APRUEBA PROVISIONALMENTE EL PROYECTO DE LA CIUDAD DE LA SALUD Y EL BIENESTAR

En 5 junio, 2018

En Tierra de Pinares

Con los votos a favor de los tres concejales del PSOE y los tres del PP y los votos en contra de CI-CCD, Somos Aldeamayor, IU-TLP y Ciudadanos

Un informe del secretario dejó claro que ningún concejal del Ayuntamiento estaría privado del voto en este asunto por supuestos conflictos de intereses

Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas

El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín aprobó en la tarde de ayer la aprobación provisional del Plan Parcial Ciudad del Bienestar y la Salud con los votos a favor de los tres concejales del PSOE -Fernando de la Cal, Virginia Almanza y Juan Carlos Olmedo- y de los tres del PP –Jacob Bermejo, Abilio Ojero y Fco. Javier Montes Juste-, los votos en contra de los representantes de CI-CCD -Félix Antonio Calleja-, Somos Aldeamayor –Joaquín Hernández-, IU-TLP –Antonio Lambás-, y Ciudadanos –Raquel Martínez-. La edil no adscrita, Ana Belén Blanco, se ausentó de la votación como ha hecho en cada ocasión que ha habido que tomar una decisión sobre este asunto.

Tras la aprobación del acta de la sesión anterior, y antes de entrar a debatir sobre el fondo del asunto, se realizó una votación, solicitada por Antonio Lambás y respaldada por Félix Calleja, Joaquín Hernández y Ecologistas en Acción, para dejar encima de la mesa el asunto nuevamente. El argumento esgrimido por Lambás era la supuesta confluencia de intereses del alcalde y de algunos de los concejales del pleno como familiares de propietarios de terrenos en el sector denunciada por Ecologistas en Acción en pasadas fechas. La propuesta fue rechazada por seis votos a favor, de los ediles del PSOE y PP; cuatro votos en contra, de CI-CCD, Somos Aldeamayor e IU-TLP; y la abstención de la concejala no adscrita.

Una vez que el secretario volvió a leer el extenso y farragoso informe del acuerdo de la sesión, relativo a las alegaciones presentadas al proyecto, y antes de dar paso a los portavoces de los grupos políticos, el alcalde, Fernando de la Cal, tomó la palabra para aclarar que ni él, ni sus padres, ni sus hermanos tienen ninguna propiedad en el sector donde se quiere ubicar la Ciudad del Bienestar y de la Salud y añadiendo así mismo que él no tiene ninguna propiedad en ninguno de los 17 sectores que delimita el PGOU.

Por el PP, Jacob Bermejo agradeció al alcalde el que en la anterior sesión extraordinaria dejara sobre la mesa la aprobación del proyecto para dar más tiempo a los grupos para su estudio, y le felicitó a él y a la teniente de alcalde, Virginia Almanza, por la exposición que en ese pleno hicieron en defensa del plan parcial. Recordó Bermejo que en otras épocas el PP votó a favor de desarrollos urbanísticos como Aldeamayor Golf o el Soto, donde actualmente residen Félix Calleja, Joaquín Hernández y Antonio Lambás, y que éstos “han intentado coartar la voluntad de los demás con videos y notas de prensa”.

Virginia Almanza, del PSOE, se remitió a lo dicho en el pleno del 24 de mayo en defensa del proyecto y recordó que el Ayuntamiento es un “mero tramitador” del plan puesto que “es la Junta de Castilla y León la que tiene la decisión final”. Lamentó haber tenido que leer en los últimos días en las redes sociales muchas afirmaciones sobre supuestos intereses personales “que no están contrastadas” así como “las presiones recibidas” para que no se apruebe algo que ella entiende “beneficioso para el pueblo”.

Félix Calleja, en representación del CI-CCD, comenzó su intervención indicando que en fechas previas había solicitado la desconvocatoria del pleno ya que “cinco cargos públicos –dos del PP, dos del PSOE y la concejala no adscrita- tienen vínculos familiares con titulares de fincas del sector” lo que les haría entrar en conflicto de intereses y les hubiera obligado “a no votar” durante la tramitación de todo el proceso. Reprochó que durante el proceso no se hubieran hecho públicos los propietarios de los suelos afectados y no haya sido hasta la pasada semana cuando este requisito "que marca el artículo 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León".

Recordó que a juicio de CI-CCD, el único interés de los promotores es consolidar el carácter urbano de los terrenos antes de que reviertan en rústicos y volvió a insistir en las alegaciones presentadas a lo largo de toda la tramitación, por su formación, haciendo especial hincapié en los problemas de suministro de agua que conllevaría la aprobación de la Ciudad del Bienestar.

En la última parte de su intervención pidió al PP y a Ciudadanos que votaran en contra y agradeció a Somos y a IU su cambio de postura aunque les censuró que no hubieran plasmado esa negativa desde el comienzo de la tramitación para no haber tenido que llegar a este momento.

Llegados a este punto volvió a tomar la palabra el alcalde para aclarar que con las infraestructuras hidráulicas previstas habría disposición de abastecer agua a una población de 27.000 habitantes.

Raquel Martínez, como portavoz de Ciudadanos, anunció su no al proyecto argumentando, como ya había hecho el día 24 de mayo, que, si en un principio lo veía como algo positivo para Aldeamayor, las formas en las que se ha llevado la tramitación en las últimas fechas le empujaba a votar en contra. Así mismo negó que ella tuviera que ver con ningún tipo de presiones a otros concejales.

También reiteraron su negativa a la Ciudad del Bienestar Joaquín Hernández y Antonio Lambás. Este último, haciendo de portavoz de ambos, insistió, en que se desconvocara el pleno por la existencia de conflicto de intereses en algunos concejales, al igual que había señalado Félix Calleja en su intervención.

Recordó, como ya hiciera en el anterior pleno extraordinario, que nunca creyó en este proyecto pero que “por disciplina de voto al estar en dentro del equipo de gobierno” votó afirmativamente en las primeras fases de tramitación. Las dudas que podía tener se fueron confirmando a medida que hablaba con compañeros y asesores de IU y de ahí su cambio de postura.

Lambás aclaró que nunca se había reunido con nadie de Metrovacesa salvo en la presentación que se hizo del proyecto a través del estudio de arquitectos, algo que corroboró el propio alcalde. También quiso dejar claro que él no había ejercido presiones sobre nadie para que votara a favor o en contra y afirmó desconocer los supuestos intereses en la zona de más concejales que no fuera la edil no adscrita.

Sobre estos supuestos conflictos de intereses, el alcalde recordó que en comisiones y plenos en los que se había tratado algo relativo a este proyecto, siempre había informado de que un familiar suyo –un tío- había recibido en herencia una parcela de 6.000 metros cuadrados en la zona donde está el sector. Ante esta situación se dirigió a los servicios jurídicos municipales desde donde se le manifestó que este caso no implicaba ningún conflicto de intereses por lo que podía votar perfectamente.

INFORME SOBRE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES

Vistas las dudas que sobre él y sobre otros concejales de la corporación se habían vertido en prensa y en el pleno por posibles conflictos de intereses que les obligaría a abstenerse en la votación, el alcalde pidió al secretario municipal que diera lectura de un informe al respecto cuyas conclusiones principales son:

Sobre aproximadamente unas 153 fincas privativas, únicamente se ha detectado la existencia de tres fincas que son de familiares de corporativos municipales y cuyas superficies son de 1.076 m², 43.990 m², y 6.572 m² que representan sobre la totalidad del aprovechamiento privativo el 0,0428 % , el 1,753 %, y el 0,2620 % respectivamente.
No se han detectado propiedades privadas y privativas de los corporativos actuales en el Sector SUR 17. Sí se ha detectado una propiedad de derecho privado del propio Ayuntamiento.
No cabe imputar a los corporativos actuales un interés directo en la ordenación por cuanto el suelo sobre el que se proyecta la ordenación tiene ya reconocido desde 2002 el derecho a su desarrollo urbanístico por el P.G.O.U.
El nivel de participación de los familiares en cuanto se refiere a la propiedad es insignificante en términos porcentuales, por cuanto aún en el mayor de los casos se trata de una propiedad compartida con otros familiares.
No se aprecia un interés particular predominante tan fuerte que incida en el resultado objetivo de la ordenación, es decir, el porcentaje de participación de los familiares de los corporativos no condiciona la toma de decisiones en el Sector. Por otra parte, el interés público de que ese sector sea ordenado ya se fijó en la aprobación del Plan General en el año 2002 por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, órgano competente para la aprobación definitiva; y órgano que tiene facultades lo suficientemente amplias como para aprobar o denegar la aprobación, o condicionarla (art. 161.3 del RUCYL). Es decir, el interés público que está en juego no lo dirime solo la voluntad de la Corporación Municipal, sino también y de manera decisiva la Comunidad Autónoma. Va a ser la Comunidad Autónoma la que diga si este Proyecto en términos objetivos se adecua a la legalidad, y al interés público.
El derecho de participación política y de representación tiene rango constitucional y el derecho de los concejales a tomar decisiones y a participar de las mismas tiene ese mismo rango por lo que su limitación debe ser restrictiva.

En conclusión, no se aprecia por el secretario que exista un interés directo de los corporativos en esta Modificación del Plan General tan fuerte como para suspender su derecho de participación en la toma de decisiones, e imponerles el deber de abstención.

Leído el informe y sus conclusiones se pasó a la votación del acuerdo con el resultado ya señalado al principio del artículo.