LA OPOSICIÓN REPRUEBA A LA ALCALDESA DE BOECILLO Y LA TACHA DE “IRRESPONSABLE”
Momento de la votación de la reprobación de la alcaldesa.
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PP, PSOE e IU, los tres partidos políticos de la oposición del Ayuntamiento de Boecillo, reprobaron ayer a la alcaldesa María Ángeles Rincón Bajo, de Ciudadanos, tras un Pleno extraordinario convocado por ellos mismos y que llevó dos puntos al orden del día: la concesión del servicio público de la piscina municipal y las nóminas del personal. Para la oposición se trata de un paso más en una gestión municipal “desnortada, desbordada, y sin presupuestos aprobados en 2017”.
Según expuso el portavoz del Partido Popular Santiago Hidalgo Chacel “solo a través de la convocatoria de dicho pleno todos los grupos políticos han podido acceder a la información y a los expedientes completos sobre estos dos asuntos de gran importancia, y que antes se negaban sistemáticamente o se ocultaban”. Del estudio de esos expedientes, añadía el popular, “se han podido constatar los informes negativos y reparos tanto del interventor como del secretario de la corporación en estos dos temas”.
ADJUDICACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL
Sentados en sus asientos, esperando al inicio de la sesión extraordinaria, se enteraron algunos de los miembros de la oposición de la adjudicación de este servicio esa misma mañana. Fue por eso que Hidalgo pidió a la alcaldesa que explicara cómo había sido todo el proceso hasta ese momento.
Mari Ángeles Rincón comenzó su intervención afirmando que la piscina había sido “una preocupación constante para el equipo de gobierno” y enumeró una serie de trabajos de mantenimiento que desde enero se habían llevado a cabo. Acto seguido realizó un histórico de la gestión del gobierno municipal en este tema remarcando que el día 16 de junio el equipo de gobierno decide abrir la piscina “por interés general” y por entender que a pesar de que la empresa ganadora del procedimiento “no había aportado todos los documentos necesarios para la adjudicación, sí que había aportado los más importantes –seguro y contrataciones de personal- y los que faltaban eran subsanables”. Factores como la tardanza en iniciar el trámite de un trabajador eventual o las vacaciones del interventor fueron, según la alcaldesa, algunos de los causantes de que la adjudicación no se realizara hasta ayer mismo.
Está claro que los argumentos que ofreció Rincón no satisfacen a la oposición puesto que en bloque se le reprochó “cargar su propia responsabilidad sobre terceras personas”. Santiago Hidalgo calificó la actuación de la alcaldesa y de su equipo de gobierno como de “dejadez, chapuza e irresponsable” y al relato ofrecido para explicar lo ocurrido lo tachó de “kafkiano”. Para el portavoz del PP “pese a que los técnicos municipales aconsejaron empezar a ver este tema en el mes de marzo, no fue hasta el 1 de junio cuando empieza a mover ficha”. Esta tardanza, afirmó “hizo que el Ayuntamiento de Boecillo perdiera toda posibilidad de mejora anunciando en el pliego un canon a pagar al concesionario de 6.399 euros”. Recordó Hidalgo que el año anterior “no hubo tal desembolso para las arcas municipales tal y como señala el informe del secretario”.
Compartiendo los argumentos del PP la portavoz del PSOE, Elena Mangas, invirtió gran parte de su intervención en enumerar una serie de defectos detectados en la tramitación del expediente. Desde que una de las empresas a las que se invita ya no existe -aunque cuenta con el mismo domicilio fiscal y correo electrónico similar a la que al final resulta adjudicataria- a que la empresa adjudicataria no presenta un poder notarial a favor de la persona que presentó la oferta, “o mejor dicho presenta varios contradictorios e incluso presuntamente viciados” fueron algunos de esos defectos –hasta 17- que la socialista enumeró ante la alcaldesa, ante la corporación y ante el público presente. Para la edil, el defecto más relevante, “y por el que el expediente de adjudicación estaría viciado desde el primer momento”, es que ninguna de las tres empresas a las que se invita tendría en su objeto social la capacidad para gestionar una instalación deportiva: una se dedica a la jardinería y las otras incluyen epígrafes como comercio, construcción, o minorista. Este es otro de los puntos que, añadió, “tanto interventor como secretario informan desfavorablemente”.
Para la oposición, explicó Santiago Hidalgo, “el 29 de junio se debería haber recabado toda la documentación requerida por ser la fecha señalada en el pliego. Al no ser así, puesto que el 12 de julio todavía se ha recibido documentación, el ayuntamiento debería haber rescatado la gestión de la piscina”. En vez de esto, denuncian PP, PSOE e IU, “nos hemos encontrado con que hoy -27 de julio-, por la mañana y antes del Pleno, la alcaldesa se permite el lujo de firmar el convenio entre el ayuntamiento y la empresa ¿adjudicataria? Formube SL pese a los informes contrarios de sus asesores jurídicos”. Sostienen los tres grupos que hasta entonces “la empresa ha estado ejerciendo una actividad en suelo público sin autorización alguna por lo que para empezar no podría facturar al ayuntamiento ese canon y, lo que es más comprometido, la actividad generaba todas las dudas de si está amparada por un seguro ya que, aunque exista, faltaba el requisito principal del contrato de adjudicación firmado entre ambas partes. Por lo tanto ni si quiera estaba amparada por el seguro como así han reconocido fuentes municipales en caso de producirse un accidente en dicha piscina. Ello hubiera tenido muy probablemente funestas consecuencias para el consistorio”.
Antes de pasar a la votación la alcaldesa rebatió algunos de los argumentos esgrimidos desde la oposición. Insistió en que para nada había habido dejadez sino todo lo contrario ya que “tanto el secretario como yo hemos tenido una reunión cada semana con la persona responsable de gestionar la contratación instándola a hacerlo” y afirmó que las tres empresas a las que se invitó eran “empresas de servicios y cuando aceptaron la invitación se suponía que sí que estaban capacitadas para realizar esa gestión”. La alcaldesa reitera que desde el equipo de gobierno de Boecillo se ha tomado la decisión de abrir las piscinas municipales “atendiendo al interés público y contando con asesoramiento jurídico externo, y una vez que se comprobó que la documentación que faltaba era subsanable, como así fue, dentro de los diez días que la empresa tenía para presentar toda la documentación requerida. Una vez presentada toda la documentación se realizó la adjudicación según la propuesta realizada por el técnico municipal”. Para Rincón en ningún momento se ha puesto en riesgo la seguridad de los vecinos, “contando con todas las inspecciones necesarias de sanidad, controles del agua, seguros, etc., que se requieren para la apertura de una piscina”.
Finalizado el debate, se sometió a votación el acuerdo de reprobar a la alcaldesa e instar a que el ayuntamiento cumpliera el pliego y rescatara la gestión de la piscina para así no ser copartícipe -ahora que lo conocen-de esas actuaciones “al margen de la legalidad vigente”. El acuerdo de Pleno fue votado a favor de los seis concejales presentes de la oposición -4 PP y 2 PSOE- y en contra de los tres ediles presentes de Ciudadanos. Disculparon su presencia el concejal de IU José María Cabezas y la edil de C’s Cristina Bayo. Además de lo anterior, la oposición anunció que en las próximas fechas presentará un recurso de reposición en el propio ayuntamiento “por una adjudicación ilegal” y que se personarán en la fiscalía para denunciar los hechos acaecidos.
MANIOBRA DE DESGASTE VS GESTIÓN NEFASTA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Tras la reprobación y en declaraciones a esta redacción la alcaldesa denunció “la maniobra política de los grupos de la oposición para someter a un desgaste a este equipo de gobierno a costa de lo que sea, aún a costa de los ciudadanos de Boecillo, aún a costa de que los vecinos no se bañen en la piscina municipal”.
No están de acuerdo con estas manifestaciones en la oposición puesto que este caso concreto, defiende Santiago Hidalgo, “no es un tema político sino que hemos trasladado lo que los informes emitidos por las personas que se van a ajustar a derecho–interventor y secretario- han advertido a la alcaldesa y ella se ha pasado por el arco del triunfo”.
Elena Mangas recuerda que “la ley es la ley” y hay muchos municipios que “han asumido en su espalda no poder abrir las piscinas hasta que se cumplían todos los requisitos haciéndolo más tarde de los días en que estaba previsto y con las olas de calor azotando”. La socialista afirma que la manera de actuar de la alcaldesa no es algo exclusivo de este asunto sino “que no son ni una, ni dos, ni tres veces las que ha habido que tirarle de la oreja por actuaciones similares”. Anuncia también que a partir de ahora su voto “será en contra” de todo lo que proponga el equipo de gobierno salvo para aquello que consideren “de extrema necesidad”. Mangas señala que “la alcaldesa se vale de lo difícil que es hacerla una moción de censura para actuar así”.
GESTIÓN DEL PERSONAL
El otro tema a tratar en el pleno era el del personal. Con las nóminas abonadas este pasado mes con una semana de retraso y la queja interpuesta por la representante de los trabajadores, la posición denunció que “el equipo de gobierno mantiene a su vez dos ‘patatas calientes’ que no ha sabido dar respuesta”. Por un lado, aludió a la reducción de jornada de un trabajador sin haber una resolución-decreto expreso que lo autorice ni una compatibilidad firmada y, por otro, al desempeño de un policía municipal en labores de encargado municipal, con nómina de policía municipal y pago de horas extras por su otro cometido. Ambos temas, según los grupos de la oposición, también aparecen informados desfavorablemente por los garantes de la seguridad jurídica y económica del Ayuntamiento: secretario e interventor.
Tras los argumentos esgrimidos por la alcaldes y tras el oportuno se aprobó, con los votos a favor de la oposición y la abstención del equipo de gobierno, el acuerdo de hacer las gestiones necesarias para que las nóminas se paguen dentro del mes natural y no al mes siguiente, y de que se solucione las situaciones del policía municipal y de la trabajadora que tiene autorizada sin resolución la reducción de jornada.
