Las escuelas infantiles de Castilla y León muestran su incertidumbre ante el Procurador del Común y a la Junta

• Atendiendo a los criterios sanitarios que se han establecido para niveles educativos superiores, el colectivo ve “imprescindible” que los niños de 0 a 6 años no vuelvan a las aulas puesto que es “inviable” que se puedan respetar las medidas de seguridad y distanciamiento

Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas

La incertidumbre que se ha generado entre las escuelas infantiles desde que se inició el estado de alarma provocado por la crisis sanitaria del COVID 19 ha llevado a 150 privados de toda Castilla y León a asociarse y a elevar sus quejas, cargadas de incertidumbre, ante el Procurador del Común, donde ya han presentado 70 firmas. En el escrito señalan, entre otros aspectos, que es “inviable” que puedan respetarse las medidas de seguridad y distanciamiento. En este sentido añaden que “si los niños de más de 6 años, chicos de secundaria, universidades, no pueden empezar su educación presencial por motivos más que evidentes de salud pública y dificultad logística que garanticen su seguridad… menos podrán hacerlo los niños menores de 6 años, donde el trabajo profesional que se desarrolla con ellos se basa en el contacto físico y cercanía: cambios de pañal, juegos, dar comidas, consuelo cuando lo necesitan, abrazos, besos, limpieza de mocos, etc.”

Se añade desde la asociación que si los criterios que han determinado el cierre de colegios, institutos y universidades “son exclusivamente sanitarios, dado el alto riesgo de contagios de la enfermedad por COVID-19, se hace imprescindible, por los mismos motivos, que los niños menores de 6 años no vuelvan a las aulas” y además, si a los Centros de Educación Infantil y Centros Infantiles privados se les obligan a abrir exigiendo unas medidas de seguridad de distancia y ratio, “que tampoco podrán impedir se den contagios masivos de la enfermedad entre niños, familias y profesionales) “se dará, además, una situación inviable a nivel económico para estas empresas”.

Con las exigencias que desde la asociación se vienen observando en otros sectores, los Centros educativos privados se verán abocados al cierre de los centros por una “situación económica insostenible”.

Además de al Procurador del Común, la asociación también ha trasladado sus quejas a las consejerías de Familia y Educación, además de a la de Sanidad, para determinar si procede o no la apertura de sus centros y el pasado jueves, 20 de mayo, desde la Consejería de Sanidad se descartó que los niños que asisten a las Escuelas Infantiles públicas de 0 a 6 años dependientes de la Consejería de Educación regresen a las aulas en este curso 2019/2020, dado que no se dan las medidas sanitarias necesarias para realizarla, y sin embargo, los centros privados haciendo la misma actividad y siendo los mismos implicados (niños, educadoras y familias) es posible que sí puedan hacerlo (de una forma inviable) a partir de la fase 2.

Con independencia de los que finalmente se decida, desde la asociación se incide en que el estado en el que se verán abocadas estas empresas “es de extremada gravedad, que pondrá en peligro de cierre a cientos de empresas en toda la comunidad autónoma, con la destrucción de miles de puestos de trabajo, donde el sector femenino que es el más castigado por el paro, son mayoría. Tanto en el caso de un cierre de los centros de trabajo hasta septiembre (como el resto de etapas educativas) como en una apertura con ratios muy limitadas se harán imprescindibles las ayudas a este sector para evitar su desaparición”.

Es por ello que los centros solicitan el apoyo de la Administración para hacer frente, a través de bonificaciones o ayudas, a gastos como los de suministro o alquiler, entre otros. Ya que además de los meses cerrados por el confinamiento, tampoco pueden realizar las acciones que habitualmente llevan a cabo durante los meses de verano.

La asociación recuerda que la Junta de Castilla y León podría usar para este cometido la partida presupuestaria que ya estaba aprobada y destinada a la ayuda a madres trabajadoras, a través del modelo 233 que las Escuelas y Centros Infantiles deben presentar anualmente, y las desgravaciones en el IRPF de la asistencia a menores de 4 años, que ya no se van a abonar a los destinatarios por no haberse dado los servicios desde el mes de marzo (hasta nuevo aviso).