La Policía Nacional detiene a un empresario de la construcción por contratar y explotar a extranjeros irregulares en situación de necesidad como mano de obra
- Adquirió una deuda con sus trabajadores de más de 16.000 euros
- Al menos siete personas explotadas
- Condiciones laborales abusivas y desproporcionadas
Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas
La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito contra el derecho de los trabajadores.
En el marco de las funciones que tiene encomendadas la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional, se encuentran -entre otras- la investigación y la lucha contra el empleo irregular y la explotación laboral.
En este sentido se inició en Valladolid una investigación denominada “Operación ODIN”, al detectar y localizar una cuadrilla de trabajadores de la construcción que resultarían ser víctimas de explotación laboral.
El pasado mes de mayo se tenía conocimiento de la existencia de un varón que ostentaba la titularidad de una Sociedad Limitada dedicada a la actividad de construcción y reformas, que tenía en plantilla a tan solo cuatro trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, si bien para poder realizar todas las obras que contrataba se nutría de ciudadanos extranjeros.
A raíz de la colaboración entre Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular, se procedió a la realización de inspecciones conjuntas y simultaneas en las obras contratadas por el empresario, pudiendo corroborar las versiones vertidas por las víctimas.
una de las inspecciones resultó identificado el propio empresario junto a dos trabajadores sin autorización para trabajar en España, mientras que en la otra inspección se localizó e identificó a otro trabajador en situación irregular.
Tras las gestiones de investigación realizadas por los agentes se pudo constatar que el varón había contratado, al menos, a siete súbditos extranjeros en situación administrativa irregular como mano de obra, los cuales se encontraban en situación de vulnerabilidad con cargas familiares, y que movidos por la necesidad de subsistir se vieron abocados a aceptar las condiciones laborales impuestas por el empresario.
Estas condiciones laborales abusivas y desproporcionadas que rozaban la semi esclavitud, consistían en trabajar a destajo hasta doce horas diarias de lunes a viernes e incluso los fines de semana que el empresario consideraba necesario, sin derecho a vacaciones ni descansos o días libres. Carecían de contrato laboral y alta en Seguridad Social.
El salario medio prometido era de unos cincuenta euros diarios, sin embargo ninguno de ellos llegó a percibir las cantidades pactadas, recibiendo únicamente pequeñas cantidades económicas para subsistir, acumulando el empresario una deuda con los siete trabajadores objeto de explotación laboral de más de 16.000 euros.
Esta «contratación» de trabajadores irregulares y las condiciones de explotación a las que eran sometidos resultaba muy rentable para el empresario, ya que el beneficio personal se elevaba exponencialmente al reducir los gastos y costes derivados de contratar trabajadores cumpliendo lo estipulado en la legislación laboral vigente.
La operación policial culmina con la detención del investigado.