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EL 90% DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA TIENEN DELEGADA EN LA DIPUTACIÓN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE RUINA

El Plan de gestión de ruinas de la Diputación ha concluido 149 expedientes desde que en 2014 se inició el primer expediente de ruina, y actualmente tiene otros 17 en tramitación
Debido al volumen de obras, en 2017 se licitaron un contrato de obra y un contrato de servicios para la redacción de los proyectos de demolición, que se volverán a licitar para los años 2019 y 2020

Los diputados provinciales Natividad Casares y Alberto Collantes.

Pueblosycomarcas.com@PueblosComarcas

El diputado de Asistencia y Cooperación a Municipios, Alberto Collantes, junto a la diputada de Asesoramiento Local, Natividad Casares, ha hecho esta mañana un balance de las actuaciones realizadas en el marco del Plan de Gestión de Ruinas de la Diputación que ha tenido una acogida muy superior a la esperada ya que a dia de hoy están adheridos el 90% de los ayuntamientos (196 municipios de los 221 que pueden acogerse).

El Plan de actuaciones en materia de ruinas, se aprobó por acuerdo del pleno de la Diputación el 29 de noviembre de 2013 para los municipios de menos de 1.000 habitantes, y por acuerdo del Pleno de 30 de mayo de 2014, para los municipios de más de 1.000 y menos de 10.000 habitantes. La Diputación de Valladolid ha sido pionera en España con este programa que otras Diputaciones han emulado posteriormente y están tratando de poner en práctica

Desde esa fecha, un total de 196 municipios han formalizado convenios de encomienda de gestión a la Diputación de Valladolid para la tramitación de los procedimientos de declaración de ruina de determinados inmuebles y para la ejecución subsidiaria de las medidas contenidas en estas declaraciones, así como para el procedimiento y ejecución subsidiaria de las órdenes de ejecución vinculadas directamente con la seguridad del dominio público.

En este tiempo, la Diputación ha recibido 417 solicitudes de actuación. De las 389 que tienen la documentación correcta, a lo largo de estos casi 5 años se ha dado curso a 269 solicitudes.

Se han declarado en ruina 68 inmuebles y en otras 81 fincas han recaído distintas órdenes de ejecución Actualmente están en tramitación 10 expedientes de ruina y 7 de órdenes de ejecución.

Otros expedientes ya iniciados, que se suman a los resueltos o en tramitación, son los de particulares que cuando se les notifica el inicio del expediente, o incluso antes, deciden actuar por cuenta propia con demoliciones y limpieza de los inmuebles para evitar esas declaraciones de ruina o las órdenes de ejecución.

El Servicio de Asesoramiento ha dotado al programa con más medios personales para hacer frente a la elevada demanda y para tratar de agilizar la tramitación de los expedientes de ruina hasta llegar a los 70 anuales.

CONTRATOS DE OBRA Y DE SERVICIOS TECNICOS

En el año 2017 a causa del volumen de obras que había que realizar se licitaron dos contratos; un contrato de obra por importe de 220.000 € a ejecutar en el ejercicio 2017 y 2018, y un contrato de servicios de arquitectura dotado de 15.500 € para los ejercicios 2017 y 2018. Los contratos se volverán a licitar para los ejercicios 2019 y 2010.

La gran mayoría de las obras a realizar son demoliciones, aunque también hay alguna orden de ejecución de rehabilitación o de retejado del inmueble. En cuanto al contrato de servicios técnicos comprende redacciones de proyectos de demolición, dirección facultativa y coordinación en materia de Seguridad y Salud.

Desde que a finales de 2015 se iniciaron las primeras demoliciones, la Diputación ha destinado al programa un total de 301.122,23 euros.

EJECUCIÓN SUBSIDIARIA

Por otra parte, el programa de ruinas de la Diputación ha actuado en ejecución subsidiaria sobre 34 inmuebles y se va a actuar próximamente sobre otros 7. Esta fase se pone en marcha cuando los propietarios no realizan las actuaciones que se les ordena en las declaraciones de ruina o en las órdenes de ejecución (demolición, limpieza, desescombro, retejado,…), y se vea afectada la seguridad en el dominio público.

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