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CUATRO INVESTIGADOS POR FALSIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE LAVADO EN INTERIOR DE CISTERNAS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

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  • Las infracciones denunciadas, en caso de residuos peligrosos, alcanzarían multas desde 9001 hasta 300.000 euros, incluso la inhabilitación para el ejercicio profesional por un periodo de tiempo no  inferior a 1 año

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La Guardia Civil de Valladolid, a través el Equipo de Investigación del Seprona, ha culminado la Operación “Lapesi”, iniciada en el mes de mayo de 2019, con la investigación de cuatro personas, responsables de dos empresas por falsificar los Certificados de lavado en interior de cisternas de mercancías peligrosas.

La Guardia Civil de Valladolid tuvo conocimiento de que el responsable de una empresa de transportes ubicada en el término municipal de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), la cual transporta entre otras, mercancías peligrosas, podría estar falsificando los certificados de lavado en interior de las cisternas que han transportado sustancias que se consideran como peligrosas, en concreto ácido sulfúrico.

Se tomó declaraciones a varios trabajadores de la empresa de transportes, remontándose al año 2014, tomando declaración en diferentes provincias a 13 personas como testigos de los hechos. Se contrastaron cientos de documentos resultando que tan sólo en algunos casos las firmas del conductor y el certificado de lavado eran coincidentes.

Por otro lado se montaron una serie de dispositivos discretos de vigilancia sobre las instalaciones de la empresa de lavado de cisternas, para verificar que los días en los que supuestamente se lavaban los vehículos cisterna allí no entraba ninguna.

Si por el contrario el responsable de la empresa de transportes acudía a por los certificados.

Asimismo se obtuvieron imágenes que mostraban como eran los propios conductores, los encargados de la limpieza de las cisternas, tras realizar el correspondiente porte.

La Guardia Civil pudo constatar que si los conductores se negaban a realizar estas labores de limpieza, ordenadas por el Gerente, eran despedidos a los pocos días alegando que la productividad del trabajador era baja.

Tras realizar una inspección medio ambiental a ambas empresas se apreciaron diferentes incumplimientos de la normativa sectorial aplicable en materia de gestión de residuos.

MODUS OPERANDI

Los conductores de los vehículos pesados de la empresa de trasportes llegaban a las instalaciones de la empresa situadas en la localidad de Santovenia de Pisuerga tras realizar un transporte de mercancías peligrosas (ácido sulfúrico), mediante cisterna, y estos mismos conductores limpiaban las cisternas mediante la sencilla aplicación de agua con una manguera.

En ese momento, el responsable de la actividad, se trasladaban a una empresa de lavado de cisternas AUTORIZADO, ubicado en el mismo término municipal de Santovenia de Pisuerga, lugar en el que le expedían un Certificado de Limpieza en interior de cisterna sin que esta ni tan siquiera hubiera sido llevada a las instalaciones.

Posteriormente regresaba haciendo entrega del Certificado al conductor. Este Certificado era requerido en las plantas donde se trasladaba el siguiente porte de mercancía.

De este modo ambas empresas resultaban beneficiadas, ya que la de transportes pagaba un precio menor por los Certificados y la de limpieza cobraba un trabajo que no se llegaba a realizar.

Por tales hechos, el Equipo de Investigación del Seprona Instruye Diligencias que son remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia y Fiscalía de Valladolid, por haber observado un Delito de los relativos a las Falsedades, por la Falsificación de los Certificados de lavado de cisternas que transportan mercancías peligrosas (ácido sulfúrico), investigando a los cuatro responsables de las dos empresas tras tres meses de investigaciones

Este tipo de delito está castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Las infracciones de denunciadas alcanzarían multas desde 901 hasta 45.000 euros, excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la multa será desde 9001 hasta 300.000 euros, incluso la inhabilitación para el ejercicio profesional por un periodo de tiempo inferior a 1 año.

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