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Absueltos los siete implicados en la ‘Operación Carreta’

Este grupo fue desarticulado entre finales de 2010 y marzo de 2011 en el marco de la 'Operación Carreta' desarrollada en las localidades de Tudela de Duero, Boecillo, Aldeamayor de San Martín y La Pedraja de Portillo.

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El Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria para los siete implicados en la 'Operación Carreta' detenidos entre finales de 2010 y marzo de 2011 acusados de integrar, según se anunció entonces, uno de los más importantes grupos de distribución de drogas en el alfoz de Valladolid.

Los encausados se enfrentaban a penas de dos años y medio de cárcel por delito contra la salud pública, con la agravante de pertenencia a grupo criminal organizado, según la calificación provisional del Ministerio Fiscal. Las investigaciones se iniciaron en el verano de 2010 por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valladolid, al detectar al supuesto cabecilla de la organización en un punto de venta enfocado a la captación de consumo de jóvenes de diversas localidades, tras tener sospechas del tráfico de drogas en lugares de ocio de la capital y provincia. A lo largo de las pesquisas, los agentes refieren haber comprobado que las operaciones se desarrollaban mediante viajes frecuentes a otras provincias de Castilla y León. Así, a medida que se iban teniendo datos de las personas implicadas, se pudo determinar que el grupo funcionaba de forma jerarquizada, organizada y coordinadamente y que adoptaba medidas de seguridad para evitar ser detectado, siempre según los investigadores. Éstos y la acusación pública sostuvieron que la supuesta organización contaba con una estructura piramidal claramente definida, en la cual existiría un reparto de tareas —jefe, chófer, persona encargada de manipular las sustancias estupefacientes y distribuidores—.

Pese a que finalmente el Ministerio Fiscal había acordado rebajar a año y medio la petición de condena para cada uno de los imputados, tras retirar la agravante de pertenencia a grupo organizado, la jueza ha  absuelto a todos ellos del delito contra la salud pública del que venían siendo acusados, si bien a uno de ellos, Enrique M.L. ('Kiriko'), le ha  impuesto un año cárcel por delito de atentado a la autoridad al considerar probado que empujó y tiró al suelo a un agente durante el registro en su domicilio, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

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