El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Universidad de Valladolid ponen en marcha el Campus Rural
- Ofrece prácticas académicas en zonas rurales con problemas de despoblación
- Cuenta con un presupuesto de más de 100.000 euros, de los que el Gobierno de España aporta el 90% y la Universidad de Valladolid el 10% restante
Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Universidad de Valladolid han firmado el convenio para poner en marcha una nueva edición del programa Campus Rural en la provincia en este curso académico.
Se trata de una iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y la mayoría de Universidades públicas españolas, para que los estudiantes hagan sus prácticas en municipios de zonas rurales con problemas de despoblación.
El objetivo es contribuir al reequilibrio territorial, al incentivar la llegada de capital humano a los espacios más despoblados para dinamizar su tejido productivo, social e institucional. Además, el programa ofrece una experiencia vital, en la que se generan nuevas formas de arraigo y vínculo, que favorecen la actividad y la creación de oportunidades de empleo en el territorio.
Las prácticas académicas se alargan por un mínimo de dos meses y una máximo de cinco y se realizan en entidades cuyas dependencias o actividades están en zonas despobladas -ayuntamientos, mancomunidades y otros organismos públicos, así como empresas, asociaciones, cámaras de comercio y fundaciones sin ánimo lucro-.
FINANCIACIÓN
De acuerdo con el convenio suscrito por la directora general de Políticas contra la Despoblación, Ana de los Ángeles Marín, y el rector de la UVA, Antonio Largo, la actividad cuenta este año con un presupuesto de 101.636 euros, de los que el Gobierno de España aporta el 90% y la Universidad de Valladolid el 10% restante. Se consigna una prestación económica de 1.000 euros brutos mensuales por estudiante, junto a los gastos de Seguridad Social, sin ningún coste para las entidades.
El Ministerio coordina el desarrollo del programa y garantiza su adecuación a los objetivos planteados, mientras la UVA se encarga de la gestión en su ámbito de acción.