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La Junta aprueba el techo de gasto no financiero para 2016, en los 8.886,3 millones de euros

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Esta cantidad supone un incremento del 0,72 % respecto al ejercicio actual, y se ha calculado con base en un cuadro económico que contempla un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,7 %, una tasa de paro del 17,8 % y un incremento de los empleos equivalentes a tiempo completo del 2 %.

La Vicepresidente de la Junta, Rosa Valdeón, y la Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. (EFE)

Pueblosycomarcas.com

El techo de gasto surge de la suma de tres magnitudes: por una parte, los ingresos no financieros que prevé obtener la Comunidad el año que viene –8.708,6 millones de euros, el 4,11 % más que hace un año–; por otra, los recursos asociados al objetivo de déficit, que está fijado en el 0,3% del PIB autonómico y se traduce en 174,8 millones y, para terminar, la cifra derivada de los ajustes de Contabilidad Nacional, que en 2016 es positiva y asciende a 2,9 millones de euros.

El resultado de la operación es el tope de 8.886,3 millones de euros de gasto no financiero en los que como máximo podrá incurrir el Gobierno de Castilla y León durante el próximo ejercicio, 63,4 millones más que en 2015. Se trata de un incremento que es coherente con la consolidación de la recuperación económica y, como es lógico, tiene su reflejo en un cuadro macroeconómico más positivo.

La aplicación de un límite de gasto no financiero refleja el compromiso de la Administración autonómica con la sostenibilidad de las cuentas públicas y la estabilidad presupuestaria, a la que obligan tanto la Constitución como la normativa de la Comunidad y de la UE. De ahí que la Junta renuncie a incurrir en un endeudamiento excesivo y, al mismo tiempo, se comprometa a dedicar el superávit de los periodos expansivos a amortizar deuda.

Paso necesario en el proceso de elaboración de los Presupuestos

El acuerdo adoptado esta mañana se ajusta, según fuentes de la Junta de Castilla y León, a lo que determina la Ley 7/2012 de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria de Castilla y León, que fue aprobada por las Cortes el 18 de octubre de 2012 y es de aplicación a todos los entes del sector público autonómico. Con ello también se da cumplimiento a la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Gobierno de España.

Esta última norma, ratificada por el Senado el 25 de abril de 2012, impuso tres condiciones a las comunidades autónomas que la Junta ha respetado plenamente a la hora de calcular su límite de gasto. Para empezar, que sea compatible con el cumplimiento del 0,3% de déficit para 2016. En segundo lugar, que la cantidad resultante esté por debajo del objetivo de deuda, que para Castilla y León es del 18,6 % del PIB como máximo. Y, por último, que sea conforme a la regla de gasto, esto es, que aumente por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional para el año que viene, establecida en el 1,8 %.

La aprobación del techo de gasto es un paso necesario en el proceso de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2016 que, de acuerdo con el artículo 89 del Estatuto de Autonomía, debe entregarse a las Cortes antes del 15 de octubre. La elaboración de las cuentas de la Comunidad para el año que viene se inició formalmente el pasado 31 de julio, con la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la orden de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, por la que se dictaban las normas para su articulación.

Al igual que se viene haciendo desde 2012, el Anteproyecto de Ley de Presupuestos se está confeccionando de acuerdo con los criterios del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), con el fin de evitar desviaciones. Este es el motivo de que se calculen por anticipado los ajustes de la Contabilidad Nacional, al igual que se hace con el límite gasto. Para ello se realiza un examen detallado de la situación financiera de todos los entes que se nutren de las arcas autonómicas, como las universidades públicas y ciertas empresas del sector público autonómico, puesto que su déficit computa en el de la Comunidad.

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