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LA DIPUTACIÓN AMPLÍA LOS CONVENIOS CON CÁRITAS Y CRUZ ROJA Y RENUEVA SU COLABORACIÓN CON EL BANCO DE ALIMENTOS

El nuevo convenio con Cáritas y Cruz Roja amplía el programa de ayudas destinadas al alquiler de vivienda a las mujeres víctimas de violencia machista
El convenio con Banco de Alimentos incide en la adquisición de diversos equipamientos y de alimentos con una mayor demanda por parte de los usuarios

Pueblosycomarcas.com

El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha firmado los convenios de lucha contra la exclusión social que la Institución suscribe anualmente con Cáritas, Cruz Roja y la Fundación Banco de Alimentos. Los convenios han sido ratificados por el director de Cáritas Valladolid, Jesús García Gallo, el delegado especial de Cruz Roja, José Ignacio de Luis Páez, y con el presidente de la Fundación Banco de Alimentos, Jesús Mediavilla, en un acto en el que también ha participado el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Barrio.

Jesús Julio Carnero ha destacado que “las personas siguen siendo el objetivo prioritario de nuestra acción de gobierno. Garantizar la calidad de vida de las personas que viven en nuestros pueblos ha marcado nuestra agenda política desde el primer momento y lo va a seguir haciendo. Y para ello estamos trabajando en una doble dirección. Por un lado, apostando por el desarrollo económico y la creación de empleo, sin duda, una de las mejores medidas de prevención de las situaciones de vulnerabilidad. Por otro, consolidando las políticas sociales y dando respuesta a las necesidades de los colectivos más vulnerables”.

El presidente de la Diputación de Valladolid ha destacado “el importante esfuerzo que estamos realizando para reforzar la inclusión social de las personas más vulnerables. En este sentido, hemos incrementado el presupuesto destinado a este programa en un 459,19%, pasando de 112.315,20 euros en 2012 a 628.052 euros en 2016. Pero, lo más importante, ello nos ha permitido atender un mayor número de beneficiarios, pasando de  1.152 personas en 2012 a 2.492 personas en 2015, lo que supone un incremento del 116,32 %”.

“En esta línea de defensa de las personas se enmarcan los convenios suscritos hoy, parte esencial de nuestra acción solidaria y que demuestran que la Diputación de Valladolid no abandona a nadie a su suerte. Convenios que forman parte de las acciones directas que estamos desarrollando para asegurar a las personas que se encuentran en situación de riesgo de pobreza y de exclusión social en nuestra provincia los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas para desarrollarse, integrarse y participar en la sociedad”.

CONVENIOS CÁRITAS Y CRUZ ROJA

Estos convenios presentan como novedad su transformación en “un programa de ayudas destinadas al alquiler de vivienda de colectivos en especial situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, que va más allá del programa que iniciamos en 2013 para ayudar a las personas y familias en situación de desahucio”. Desde su puesta en marcha, este programa ha permitido atender un total de 60 solicitudes, 16 de ellas en 2015.

En octubre del pasado año el programa se ampliaba a personas y unidades familiares que llegaran a nuestra provincia con motivo de la crisis humanitaria originada por el conflicto bélico de Siria y con estatus de refugiado. “Pero en este ejercicio hemos dado un paso más, al ampliar los posibles beneficiarios de estas ayudas a las mujeres que ostenten la condición de mujer víctima de violencia machista, dando así cumplimiento al acuerdo aprobado por unanimidad de todos los Grupos Políticos en el Pleno Ordinario de la Diputación de Valladolid del pasado mes de octubre”.

Asimismo, se establece una línea complementaria a las ayudas al alquiler para realizar acciones formativas, diseñadas conjuntamente por las entidades y el Equipo de Inclusión Social de la Diputación de Valladolid (EDIS), y adaptadas a las necesidades de estos colectivos. Las ayudas pueden dedicarse tanto a financiar los cursos como los materiales y/o becas de transporte de los beneficiarios. En este sentido ya está programado el curso ‘Aprendiendo un idioma para trabajar en Valladolid’, en colaboración con Cruz Roja, y que se va a desarrollar en Mojados desde este mes de abril hasta el próximo mes de diciembre.

REQUISITOS Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS

Los requisitos que deben reunir los beneficiarios son los mismos que en anteriores convocatorias para las ayudas destinadas a personas o familias desalojadas de su vivienda habitual por el impago de cuotas hipotecarias o del alquiler concertado, no pudiendo beneficiarse de las mismas quienes se hayan beneficiado en años anteriores.

En el caso de las personas o familias que lleguen a España con motivo de la crisis humanitaria producida por el conflicto bélico en Siria, deben acreditar su estatus de asilo y/o refugiado y haber entrado en España en el marco del Programa establecido con la Agenda Europea de Migración.

Por su parte, para las mujeres que ostenten la condición de mujer víctima de violencia machista se incrementa en un 50% el umbral de ingresos con respecto a los beneficiarios por impago de cuotas hipotecarias o alquiler, y además tiene que existir orden de protección o, en su defecto, informe de los Servicios Sociales.

Se mantienen dos tipos de ayudas: el 100% del precio del alquiler por un periodo de hasta 6 meses, o bien, el 50% del precio del alquiler para un periodo de hasta 12 meses. Excepcionalmente, se podrán ampliar las ayudas a 3 y 6 meses más, respectivamente. El importe mensual a abonar será el del coste del alquiler y, en todo caso, un máximo de 400 euros al mes. La vivienda a ocupar tiene que estar ubicada en un municipio de la provincia de Valladolid, excluida la capital. A estos dos convenios se destinan 120.000 euros (60.000 euros para cada entidad), lo que supone un incremento del 8,33% con respecto a 2015.

CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS

En este caso se da continuidad a la colaboración iniciada en 2014 con la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, con una aportación por parte de la Diputación de Valladolid de 60.000 euros que irán destinados a la adquisición de diversos equipamientos que optimizan su labor de almacenaje, distribución y reparto de alimentos en nuestra provincia.

En concreto, se destinarán 30.000 euros para la atención de los gastos corrientes necesarios para la recogida, selección, almacenamiento y distribución de alimentos que llegan a alrededor de 6.000 personas de la provincia de Valladolid a través de más de 70 entidades. Se incluyen en este apartado los gastos necesarios para la adquisición de los alimentos que presentan un mayor déficit, por existir una mayor demanda por parte de las familias usuarias, principalmente productos frescos.

Por otro lado, se destinan 30.000 euros para hacer frente a las inversiones necesarias para dotarse de los recursos materiales precisos para la labor de recogida, selección, almacenamiento y distribución de alimentos, así como para renovar los medios existentes. Se incluyen aquí elementos como una carretilla eléctrica para almacenamiento de palés, empaquetadora y flejadora de palés, transpaletas eléctricas o material informático.

ACTUACIONES DIRECTAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Jesús Julio Carnero ha insistido en que “las situaciones de lucha contra la exclusión social han cobrado un protagonismo especial en el inicio de este mandato para atender, desde la cercanía y la inmediatez, a los sectores más vulnerables de nuestra provincia, y en especial a las familias con menores en situación de vulnerabilidad. Unas acciones que desarrollamos bien de manera directa desde la propia Diputación de Valladolid, bien a través de la colaboración con otras Administraciones Públicas”.

Además de los convenios suscritos hoy, la Diputación de Valladolid mantiene otra serie de actuaciones entre las que destacan las Ayudas de Emergencia Social de Carácter General. En 2015 se concedieron un total de 362 ayudas sobre 407 solicitudes presentadas, es decir, se atendieron el 89% de las solicitudes, destinando a este fin 187.818,70 euros, con una ayuda media de 518,8 euros. De ellas destacan las 117 ayudas dirigidas al pago de alquileres de vivienda, que han supuesto un importe total de 72.712,75 euros. Le siguen las 108 ayudas prestadas para alimentación (más de 53.600 euros) y las 58 ayudas para la atención de cuidados personales esenciales (9.100 euros). Asimismo, en 2015 se han concedido 42 ayudas para el pago de hipotecas (más de 32.000 euros), de las que 16 tuvieron como destino familias derivadas desde el Servicio de Interlocución y Mediación Hipotecaria para personas en riesgo de desahucio.

Por otro lado, desde 2013 existe una línea específica para atender las emergencias sociales relativas a la alimentación infantil, con el fin de reforzar la lucha contra la malnutrición infantil y a evitar hábitos alimenticios poco saludables. Además, se  contempla la posibilidad de incluir el pago de comedor escolar en aquellos casos en que se considera el recurso idóneo para las familias. En 2015 se han concedido 37 ayudas por importe de 16.761,26 euros, lo que supone una media de 453 € por familia. En el primer trimestre de 2016 se han atendido 6 solicitudes a las que se ha destinado una cantidad 1.580 euros, lo que supone una media de 263,33 euros.

En 2015 esta línea se vio considerablemente reforzada con la habilitación, durante las vacaciones de verano y navidad, del Servicio de Comida a Domicilio para atender situaciones de menores especialmente vulnerables. Desde la segunda quincena de julio hasta el 30 de septiembre y durante el período de vacaciones navideñas (del 23 de diciembre hasta el 9 de enero), se han prestado más de 9.000 servicios de comida a domicilio a una media de 114 menores procedentes de más 50 familias residentes en 26 municipios de la provincia.

Por lo que se refiera a las Ayudas de Emergencia Social para material didáctico, en 2015 se han atendido 45 solicitudes que han permitido llegar a un total de 70 menores en edad escolar. El  importe total de las ayudas fue de 7.309 euros, y la ayuda media en este concepto se sitúa en 162 euros. Esta línea fue reforzada en 2015 con la convocatoria de subvenciones por importe de 30.000 euros destinados a financiar la adquisición por parte de las AMPAS de la provincia de material didáctico para su utilización por las familias en situación de vulnerabilidad, lo que permitió la concesión de un total de 19 ayudas.  Para el año 2016 se ha incrementado la partida de Ayudas de Emergencia Social para material didáctico hasta los 22.500 euros, manteniéndose los 30.000 euros  para la adquisición de material didáctico por parte de las AMPAS de la provincia. Las solicitudes se reciben a partir del verano coincidiendo con el inicio del nuevo curso.

La Diputación de Valladolid, consciente de la situación en que se encuentran las familias más vulnerables de la provincia, habilitó en 2014 una línea específica de ayudas de emergencia social para combatir la llamada pobreza energética. Para este fin se presupuestaron 30.000 euros en 2015, partida que fue necesario suplementar al destinar el pasado año un total de 47.450,91 euros a las 182 ayudas concedidas, lo que supone una ayuda media de 261 euros. Para 2016 se mantiene un presupuesto de 30.000 euros y, en el primer trimestre, ya se han atendido 55 solicitudes lo que ha supuesto un desembolso de 15.671,59 euros, a una media de casi 285 euros por solicitante.

OTRAS ACCIONES DIRECTAS

Al margen del convenio suscrito hoy, la colaboración de la Diputación de Valladolid con la Fundación Banco de Alimentos incluye el Programa para la distribución de alimentos infantiles frescos y perecederos. Este Programa  permitió en 2015 la distribución de 3 millones de kilos de este tipo de alimentos, de los que medio millón de kilos procedían del Fondo Europeo FEGA, entre 5.873 personas de la provincia y en colaboración con 73 entidades ubicadas en municipios de la provincia distintos de la capital de Valladolid.

Asimismo, en 2015 se concedieron 52 ayudas a estudiantes universitarios de nuestro mundo rural, con el fin de compensar sus gastos de desplazamiento, residencia, matrícula y material didáctico, evitando que tengan que dejar sus estudios por causas económicas.

En este apartado se incluyen también los convenios que permiten la integración de colectivos tradicionalmente marginados: con la Fundación Secretariado Gitano para la promoción de actividades entre la población gitana de nuestra provincia (22 personas en 2015); con el Ayuntamiento de Peñafiel para el desarrollo de programas orientados a modificar conductas discriminatorias y de integración social y cultural (736 personas en 2015); con Cáritas, el Ayuntamiento de Mayorga y la Fundación Patronato San Lázaro para la gestión del albergue-vivienda de indomiciliados (136 personas); y, finalmente, el contrato de mediación cultural para resolver los problemas que surgen en las intervenciones de los servicios sociales básicos prestados por la red de CEAS con la población inmigrante (85 intervenciones).

COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES

Junto a estas acciones directas, la Diputación de Valladolid colabora con otras Administraciones Públicas, en el desarrollo de otras actuaciones. Con la Junta de Castilla y León dicha colaboración afecta especialmente a dos ámbitos: la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Servicio Integral de Apoyo a las familias en riesgo de desahucio.

En relación con la primera, el personal de la Diputación de Valladolid instruye el expediente, con los oportunos informes sociales y propuestas de resolución, además de realizar el seguimiento individualizado de las ayudas concedidas y elaborar el Plan Individualizado de Inserción. En este ámbito, en 2015 se tramitaron 896 expedientes. Por su parte, la Oficina de Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio de la Diputación de Valladolid ha atendido el pasado año a 123 familias, 99 de las cuales eran nuevos expedientes y 24 eran casos reabiertos.

Además, la Diputación de Valladolid es la única institución provincial participante en el proyecto denominado “Modelo Proactivo basado en casos para la inclusión social, PROYECTO PACT EASI-JCYL”, que, liderado por la Gerencia de Servicios Sociales y con la participación de los Ayuntamientos de León, Salamanca y Valladolid,  de la Universidad de Valladolid y de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León, tiene como objetivo experimentar nuevas repuestas en materia de política social poniendo a prueba y evaluando métodos y soluciones innovadoras con vistas a su posterior generalización.

EQUIPO DE INCLUSIÓN SOCIAL (EDIS)

A este proyecto se ha adscrito el personal técnico que forma parte del EDIS, nacido de la integración de los distintos profesionales de la Diputación de Valladolid que venían trabajando en temas de Inclusión Social en diferentes áreas y programas. Así, el EDIS actúa como un único equipo de apoyo a la intervención que se realiza desde los Equipos de Acción Social Básica-CEAS, lo que ha dotado a la provincia de Valladolid de una estructura y una metodología de intervención más eficaz en la atención integral de las personas y familias en situación de vulnerabilidad, de riesgo o de exclusión social.

Bajo la supervisión del Coordinador de los CEAS y constituido por 7 miembros, su misión es llevar a cabo una atención especializada y cercana a personas y familias en situación de vulnerabilidad, de riesgo o en exclusión social con el fin de facilitar su inclusión en las áreas personal, familiar, laboral y sociocomunitaria, desarrollando para cada persona un proyecto individualizado ajustado a sus características.

Para ello lleva a cabo una tarea de información, orientación y asesoramiento a lo largo de todo el proceso de intervención que se completa con la valoración de las diferentes situaciones, el desarrollo del Proyecto Individualizado de Inserción, el apoyo en la gestión de prestaciones, así como el seguimiento de la intervención y su permanente adecuación.

Además el EDIS gestiona todas las prestaciones relativas a las Ayudas de Emergencia Social; el Servicio Integral de Apoyo a Familias en Situación o Riesgo de Insolvencia Hipotecaria; las consultas en materia de extranjería; la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía; los Convenios con entidades del tercer sector (Fundación del Secretariado Gitano, Cáritas, Cruz Roja, Accem, etc.); el Centro de Acogida de Mayorga; y el Servicio de Distribución Coordinada de Alimentos en Situaciones de Urgencia, con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad en familias con miembros menores de edad, en las que se garantiza el suministro de alimentos en menos de 24 horas.

El acceso a las prestaciones y actuaciones del equipo de inclusión social se realiza siempre a través de los 13 Centros de Acción Social (CEAS) de la provincia, salvo el acceso al Servicio de Interlocución Hipotecaria y la Red de Distribución de Alimentos en Situaciones de Urgencia que se realiza a través del 012.

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