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El torneo del Toro de la Vega se podrá celebrar según la normativa de la Junta de 2016

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  • La Fiscalía archiva la denuncia presentada por la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 que cuestionaba la legalidad del torneo
  • Además, el TSJCYL suspende cautelarmente la ejecutividad de la Orden de la Consejería por la que se aprueban las bases modificadas este año por el Ayuntamiento

 

Pueblosycomarcas.com@PueblosComarcas

La Junta de Castilla y León emitió la pasada semana un comunicado en el que informa que el torneo del Toro de la Vega se podrá celebrar según la normativa de la Junta de 2016.

Así, en relación a la denuncia presentada por la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 ante la Fiscalía de Medio Ambiente por considerar que el Toro de la Vega podía suponer una infracción penal, el Fiscal de Sala de Medio Ambiente, de la Fiscalía General del Estado, ha archivado esta denuncia por considerar que no existen indicios de la comisión de ningún delito.

Indican fuentes del Ejecutivo Regional que la Fiscalía considera que se trata de una cuestión de naturaleza estrictamente administrativa que corresponde dilucidar a los Tribunales de lo Contencioso administrativo, apuntando que ya estaba en conocimiento de ello el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cerrando la vía improcedente y precipitada adoptada por la Secretaría de Estado mencionada.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado un auto de medidas cautelares, en respuesta a un recurso de PACMA, en el que suspende cautelarmente la ejecutividad de la Orden de la Consejería por la que se declaran las bases aprobadas por el Ayuntamiento de Tordesillas de celebración del espectáculo taurino. El fondo de esta cuestión se resolverá con probabilidad pasado el 13 de septiembre por lo que el Tribunal adopta las medidas cautelares para evitar que la resolución llegue una vez celebrado el espectáculo.

En consecuencia, la celebración del espectáculo no podrá contener las modificaciones operadas por las nuevas bases, pudiendo hacerse de conformidad a como se venía realizando en los años anteriores y posteriores al Decreto Ley 2/2016.

Todo ello queda, en definitiva, a expensas del enjuiciamiento definitivo de fondo de la cuestión planteada que realizará en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

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