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El PSOE pide que se determinen adecuadamente las prestaciones reconocidas por cuidados en el entorno familiar

Según los socialistas, la Junta de Castilla y León ha incumplido su compromiso de crear nuevas plazas residenciales para personas dependientes.

Pueblosycomarcas.com@PueblosComarcas

El Grupo Provincial Socialista en el próximo Pleno que la Diputación de Valladolid exigirá a la Junta de Castilla y León que aplique la Resolución del Procurador del común en relación a la determinación de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar tal como reconoce el Real Decreto 20/2012.

Según el comunicado de prensa emitido por el Grupo Provincial del PSOE, “esta norma establece que las personas que tuvieran reconocida una dependencia de Grado II y nivel 2 y Grado III y nivel 3 antes su entrada en vigor deberían recibir una prestación económica superior que la que está reconociendo en la actualidad el Gobierno Autonómico. Las personas dependientes con Grado III y nivel 2 deberían percibir 45,15 euros más de lo que reciben actualmente, por los 14,72 más que corresponderían a las de Grado II y nivel 2. En la provincia de Valladolid existen 9.947 dependientes, esta decisión afectaría a 2.500 que desde de julio de 2012  han visto perjudicados sus derechos y prestaciones”.

La Disposición Transitoria Décima del Real Decreto-Ley 20/2012, establece dos tablas diferentes en relación con los recortes de las cuantías máximas de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, distinguiendo entre aquellas personas en situación de dependencia que tuvieran reconocido el grado y nivel a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, y entre aquellos solicitantes que no tuvieran la resolución administrativa por la que se les reconocían las prestaciones a las que tenían derecho como personas en situación de dependencia.

La Junta de Castilla y León, mediante una Orden de la Consejería de Familia (ORDEN/FAM/644/2012) en 2012 realizó un nuevo recorte sobre el que ya establecía el Real Decreto 20/2012, alegando que las cantidades que iban a dejar de percibir las personas dependientes se destinarían a la creación de 180 nuevas plazas residenciales para este colectivo indica el comunicado. Sin embargo, “a fecha de hoy aún la Junta de Castilla y León no ha creado ni una sola de estas plazas residenciales para dependientes”.

En Valladolid existen 6.829 plazas residenciales, de las cuales 1.603 son de gestión pública, 1.672 por fundaciones y 3.554 de iniciativa privada. La Junta de Castilla y León firmó en 2010 un convenio con la Diputación de Valladolid para construir en la provincia cuatro nuevas residencias (una en Median del Campo, otra en Tordesillas, otra en la Zona de Pinares y otra en Tierra de Campos), “pero el Gobierno Autonómico tampoco ha cumplido este compromiso y aún no se ha puesto en marcha ninguna de ellas”.

El comunicado finaliza señalando que diversas familias formularon en su día escritos de reclamación ante la Junta por considerar que no se les estaba aplicando el punto primero de la Disposición Transitoria décima al tener reconocido el grado y nivel y la prestación de cuidados en el entorno familiar antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley. “La Consejería optó por no responder a las reclamaciones, por lo que ante la situación de indefensión en la que se encontraban acudieron al Procurador del Común que ha estimado la reclamación de los afectados”.

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