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El PCAS denunciará en Europa al Gobierno si aprueba los aspectos más agresivos de la Ley de Administración Local

Los servicios jurídicos del PCAS están estudiando la posibilidad de denunciar ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo y ante la Comisión Europea, al Gobierno Central de Mariano Rajoy, si persiste en la idea de aprobar los aspectos más discutibles y agresivos contra el Medio Rural Castellano.

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Los castellanistas consideran que el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supondrá una devastadora agresión al Medio Rural Castellano, cuyos efectos más nocivos se percibirán en nuestra Comunidad Autónoma, agudizando los fenómenos de despoblación y envejecimiento de la población, y no resolviendo ninguno de los problemas de prestación de servicios que hoy padecen las pequeñas localidades rurales. Los castellanistas del PCAS critican la obsesión del PP por concentrar en las Diputaciones Provinciales la prestación de servicios en el Medio Rural, a pesar de ser organismos ineficientes. "Alejar las decisiones de los pueblos no va a mejorar la vida en el medio rural, ni va a resultar más barato", declaró el castellanista Florentino Ruiz. Así, las Diputaciones castellanas gastan de media más del 70% de sus presupuestos en acciones ajenas a los pueblos y menos del 30% de sus recursos llega como inversiones o subvenciones al mundo rural.

La propuesta de Rajoy nace del desconocimiento de la realidad del mundo rural castellano, inventándose irreales ahorros de 7.130 millones de euros en el periodo 2013-2015, "una cifra irreal y fantasiosa" a juicio del PCAS eliminando "duplicidades y aclarando competencias" o "reduciendo sueldos de alcaldes, concejales y asesores", cuando es obvio que en la práctica totalidad de los pequeños municipios de Castilla, con población inferior a 20.000 habitantes, la inmensa mayoría de cargos públicos nunca han cobrado un duro por su trabajo en los consistorios, el número de asesores es nulo, y la realización de gastos o inversiones duplicados por diferentes administraciones para la prestación de los mismos servicios, son inexistentes. Hay que recordar que hoy por hoy las administraciones locales en España son el único ámbito institucional que no genera déficit, que no aumenta su deuda y que cumple la ley de sostenibilidad financiera, al contrario que las Comunidades Autónomas o el propio Estado Central.

El PCAS consideran que tal y como está redactada la Propuesta de Recortes Municipalistas del PP de Rajoy, viola la Autonomía Local, ya que procede de forma unilateral a la confiscación de competencias locales por parte de la Administración del Estado, a pesar de que los Municipios Castellanos, en la mayor parte de los casos, tienen una personalidad jurídica propia de en torno a mil años, claramente preexistente al propio Estado Español, y no respeta el hecho de que las Administraciones Públicas en España no son “ni superiores ni inferiores”, simplemente poseen diferentes ámbitos de competencias; en el mismo sentido estiman los castellanistas que debe ser considerada la propuesta incluida en el Proyecto de Ley de suprimir las Mancomunidades de Municipios o los Organismos Autónomos Municipales. Así mismo los castellanistas ven claro que el Anteproyecto de Ley del Gobierno Central vulnera el Principio Europeo de Subsidiariedad, sobre el que se construyen todos los Tratados de la Unión Europea (incluido el de Lisboa) y que en síntesis establece que cada asunto debe ser resuelto y gestionado por la administración o institución más cercana. Del mismo modo, a juicio del PCAS algunas propuestas del Anteproyecto de Ley sobre la Administración Local, supone por la vía de los hechos una Confiscación Ilegal del Patrimonio y los Bienes Públicos Locales, acumulados por la población durante cientos de años, tal y como establecen las propuestas de desaparición de las Entidades Locales Menores (con pérdida de sus bienes) y la unión forzosa de Municipios. Finalmente, el equipo legal del PCAS estiman que el Anteproyecto de Ley agrede al Principio de Igualdad entre los ciudadanos, ya que los municipios de menos de 20.000 habitantes sufrirán una Evaluación de Servicios Municipales, con criterios meramente economicistas, a través de unos Estándares de Calidad de la Prestación de Servicios Públicos, cuyo coste será establecido de manera unilateral por el Estado Central, sin consideraciones sociales, que no sufrirán otras administraciones, y que supondrá la erradicación de parte de sus competencias y de los recursos económicos destinados a este fin por los municipios.

Los castellanistas, en el caso de que se aprueben los aspectos más regresivos de este Anteproyecto de Ley de Reforma Local, presentarán una cuádruple acción legal ante la Unión Europea. Por un lado, un Recurso Directo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tribunal de Luxemburgo) que debe velar porque el Derecho de la Unión Europea se aplique del mismo modo en todos los países de la Unión, por otro lado, ante el Defensor del Pueblo Europeo (Estrasburgo) que atiende denuncias por mala administración pública que impliquen injusticias, discriminación, abuso de poder o procedimientos incorrectos; además elevará una Petición de posicionamiento ante el Parlamento Europeo para su toma de posición ante la Reforma Municipal en España, y finalmente una queja ante la Comisión Europea por vulneración del Derecho de la Unión Europea. Desde el PCAS consideran que el Proyecto de Ley de Reforma Local de Rajoy implica cuatro graves prácticas contra la Legislación de la Unión Europea: por discriminación de los ciudadanos, confiscación ilegal del patrimonio público, violación de la autonomía local, y conculcación del principio de subsidiariedad.

Los castellanistas no actuarán solos en esta reclamación ante la Unión Europea de defensa del municipalismo en el Medio Rural Castellano, sino que articularán sus denuncias junto a otras formaciones políticas como Chunta Aragonesista y un conjunto de 100 municipios de toda España, fundamentalmente de ambas Castillas, de Aragón, de Extremadura, de Asturias y de Galicia, los territorios rurales españoles más amenazados por la despoblación, el envejecimiento y el aislamiento, caracterizados por una organización del territorio basada en los pequeños municipios, las mancomunidades y las entidades locales menores o pedanías.

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