Castilla y LEón

El PCAS-TC presenta sus propuestas para una financiación autonómica justa y reclama la “deuda histórica” con Castilla y León En una rueda de prensa celebrada en Burgos, ha presentado el modelo de financiación económica que propone la formación castellanista, “más justo y equilibrado para todos” Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas El secretario general del PARTIDO CASTELLANO TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León en los comicios del próximo 15 de marzo, Luis Marcos, ha denunciado este martes la discriminación en materia económica que sufre la comunidad autónoma de Castilla y León. En una rueda de prensa celebrada en Burgos, ha presentado el modelo de financiación económica que propone la formación castellanista, “más justo y equilibrado para todos” y ha denunciado el olvido del pago de la Deuda Histórica que el Estado Español debe a la población de Castilla y León. El PARTIDO CASTELLANO TIERRA COMUNERA (PCAS-TC), dentro de su campaña de visualizar el programa electoral transformador que presenta ante los comicios autonómicos, ha abordado en esta comparecencia la necesidad de una financiación justa para garantizar los servicios públicos y del reconocimiento de la Deuda Histórica de Castilla y León. El programa que presentan los castellanistas está centrado en el «rescate social y territorial» que es necesario para fortalecer Castilla y León, devolver el protagonismo a la ciudadanía, garantizar que la riqueza que genera esta comunidad revierta en sus pueblos y habitantes y ofrecer un futuro esperanzador para los jóvenes y el medio rural. UN MODELO DESIGUAL QUE AGRAVA LAS DIFERENCIAS TERRITORIALES Según los datos del PARTIDO CASTELLANO TIERRA COMUNERA (PCAS-TC), la comunidad de Castilla y León cuenta con un presupuesto anual de aproximadamente 15.000 millones de euros, que suponen 6.000 euros por habitante, fruto de las tributaciones propias, de las aportaciones del estado central y del endeudamiento, cantidades que son manifiestamente insuficientes para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales para la población de esta comunidad autónoma en todo su territorio. Es preciso recordar que las comunidades de País Vasco o Navarra, fruto de sus privilegios forales, tienen una financiación autonómica de más de 7.500 euros por habitante. Especialmente anacrónico para los castellanistas es el régimen foral del que disfrutan el País Vasco y Navarra, cuyo sistema de concierto y convenio no solo implica que recaudan casi todos los impuestos en su territorio, sino que, en la negociación posterior con el Estado, la cantidad que deben abonar a la Administración central por los servicios que esta presta —el cupo— es siempre muy inferior a lo ajustado, a pesar de —o precisamente por eso— ser comunidades con una renta muy superior a la media española. Asimismo, el PCAS-TC considera muy preocupante la intención del Gobierno central de extender de facto este anacrónico e injusto régimen foral a Cataluña. MEDIDAS IMPRESCINDIBLES PARA UN MODELO DE FINANCIACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN MÁS JUSTO Para el Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC), un modelo de financiación justo para Castilla y León necesitaría una reforma del sistema que pondere de manera adecuada sus características demográficas y geográficas, fundamentalmente la despoblación, el envejecimiento y la dispersión geográfica. MAYOR PESO DE LA POBLACIÓN AJUSTADA Los castellanistas abogan por un sistema donde la financiación no se base únicamente en la población residente total (población de derecho), sino en la población ajustada o el coste efectivo de los servicios. Este criterio tiene en cuenta factores que encarecen la prestación de servicios públicos en territorios con baja densidad de población, elevada dispersión y un elevado porcentaje de personas mayores. Reclaman también que se valoren de forma específica variables como el envejecimiento y la gran dispersión de sus núcleos de población. Estos factores implican mayores costes de transporte para servicios como la atención médica a domicilio, el escolar o el mantenimiento de centros sanitarios y educativos en zonas rurales. La reforma debería asegurar recursos suficientes para cubrir el coste real de las competencias transferidas, evitando que comunidades con características demográficas adversas sufran un déficit crónico en la prestación de servicios esenciales. Se incide también en la necesidad de Mecanismos de solidaridad efectivos. “Si bien el principio de solidaridad es fundamental, Castilla y León busca que los fondos de convergencia se distribuyan de forma más equitativa y transparente, garantizando que las comunidades que contribuyen a la “caja común” vean también satisfechas sus necesidades específicas, especialmente las relacionadas con la cohesión territorial”, ha añadido. DEUDA HISTÓRICA En definitiva, el Estado debe reconocer y asumir la deuda contraída con nuestra tierra, consecuencia de décadas de extracción de sus recursos naturales, generación de energía y prestación de servicios ecosistémicos que han beneficiado al conjunto del Estado sin retorno para Castilla y León. La «deuda histórica» de Castilla y León, para los castellanistas, no se refiere a una cifra de deuda financiera acumulada (pasivos), sino a un concepto político y económico que argumenta un déficit de financiación y de inversión estructural por parte del Estado hacia la comunidad a lo largo de décadas. Para el PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) la Deuda Histórica del Estado para con Castilla y León se centra en cuestiones como la Despoblación, los Proyectos Pendientes reclamados persistentemente por la formación, como las conexiones por autovía o la extensión de la Alta Velocidad; y la Fiscalidad que “ha beneficiado históricamente a otros territorios como País Vasco o Navarra. “La infrafinanciación de Castilla y León se debe principalmente a un modelo de financiación autonómica que no compensa adecuadamente sus costes estructurales”, han concluido.