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El Grupo Provincial TLP ha registrado una batería de alegaciones contra el proyecto «Siete Iglesias», una macroinstalación promovida por las empresas Zortea Solar S.L. y Ansasol S.L. que contempla la construcción de una planta de producción y almacenamiento de hidrógeno verde de 40 MW y un parque fotovoltaico asociado de más de 107 hectáreas en el término municipal de Sieteiglesias de Trabancos.

Con esta iniciativa, la formación integrada por Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo y Alianza Verde “da un paso más en la defensa del medio rural vallisoletano y se suma a las preocupaciones expresadas por vecinas, vecinos y colectivos sociales de la comarca ante un proyecto que, a juicio del grupo provincial, presenta graves deficiencias técnicas, ambientales y de seguridad”.

Tras analizar la documentación sometida a información pública, las alegaciones concluyen que el expediente acumula irregularidades de tal magnitud que la Junta de Castilla y León debería emitir una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable y proceder a la paralización del proyecto.

El diputado provincial Julio Pereda ha mostrado su preocupación por las consecuencias que esta infraestructura podría tener sobre el territorio. “La transición energética es necesaria y urgente, pero no puede construirse sobre informes deficientes, poniendo en riesgo recursos esenciales como el agua, la biodiversidad o la seguridad de nuestros pueblos. Apostamos por las energías renovables, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera”, ha señalado.

UN ESTUDIO AMBIENTAL PLAGADO DE ERRORES

Uno de los aspectos más llamativos recogidos en las alegaciones es la existencia de errores que apuntan a una reutilización de documentación procedente de otro proyecto ubicado en Extremadura. Entre las incongruencias encontradas figuran referencias al río Matachel, al embalse de Alange o a infraestructuras situadas en la provincia de Badajoz, a más de 370 kilómetros del emplazamiento previsto en Valladolid.

Para el Grupo Provincial TLP, estos fallos ponen en cuestión la fiabilidad del Estudio de Impacto Ambiental y evidencian una falta de rigor incompatible con la tramitación de una instalación industrial de estas características.

LA AMENAZA SOBRE UN ACUÍFERO YA SOBREEXPLOTADO

Otro de los principales motivos de oposición se encuentra en el consumo de agua previsto para la producción de hidrógeno. El proyecto contempla la extracción anual de decenas de miles de metros cúbicos de agua subterránea procedente de la masa de agua «Los Arenales – Tierras de Medina y La Moraña», declarada oficialmente en mal estado cuantitativo y químico.

En el escrito presentado se recuerda que Sieteiglesias de Trabancos ya ha sufrido problemas de abastecimiento y episodios relacionados con la presencia de nitratos en el agua de consumo. A ello se suma la incertidumbre sobre el volumen real de agua que pretende utilizar la planta, ya que la propia documentación presenta cifras contradictorias. Este elevado consumo de recursos hídricos afectaría también a municipios próximos como Castronuño y Alaejos.

Las alegaciones también alertan del impacto que tendría el vertido de aguas residuales procedentes del proceso industrial al río Trabancos. Al tratarse de un cauce de carácter intermitente, el vertido podría convertirse durante buena parte del año en el principal caudal del río, alterando gravemente su equilibrio ecológico y afectando a los ecosistemas de la zona.

RIESGOS INDUSTRIALES INSUFICIENTEMENTE EVALUADOS

La futura instalación prevé almacenar cerca de 30 toneladas de hidrógeno a alta presión, una cantidad que la sitúa dentro del ámbito de aplicación de la normativa europea SEVESO III, destinada a prevenir accidentes graves con sustancias peligrosas.

Entre las cuestiones que las alegaciones consideran insuficientemente evaluadas destaca la proximidad de la planta a la línea ferroviaria de alta velocidad Medina del Campo-Zamora. Según se expone en el documento, no se analizan adecuadamente los riesgos derivados de la convivencia entre una instalación con potencial explosivo y una infraestructura por la que circulan trenes a gran velocidad.

Asimismo, se señala la cercanía de explotaciones ganaderas intensivas cuyos gases podrían afectar al funcionamiento de los electrolizadores y aumentar determinados riesgos operativos.

UN IMPACTO SEVERO SOBRE LA BIODIVERSIDAD

La ubicación elegida para el proyecto se encuentra en un entorno de elevada sensibilidad ambiental. La planta se situaría muy próxima a espacios protegidos de gran valor ecológico, entre ellos la ZEPA Tierra de Campiñas y la Reserva Natural de las Riberas de Castronuño.

El documento presentado cuestiona además el inventario de fauna incluido en el expediente, al considerar que omite especies especialmente relevantes presentes en la zona, como el águila imperial ibérica, el milano real o la nutria europea.

Asimismo, se advierte de que los kilómetros de vallado previstos actuarán como una barrera para numerosas especies de mamíferos, dificultando sus desplazamientos y aumentando el riesgo de atropellos en las carreteras del entorno.

En cuanto a la flora, se alerta de la posible desaparición de comunidades vegetales asociadas al cultivo tradicional de cereal, fundamentales para la conservación de aves esteparias tan emblemáticas como la avutarda o el sisón.

RUIDO PERMANENTE Y AFECCIÓN A LA POBLACIÓN

Frente a la imagen de una instalación silenciosa, una planta de hidrógeno requiere el funcionamiento continuo de compresores, sistemas de purificación y ventiladores industriales durante las 24 horas del día.

Las alegaciones sostienen que el estudio acústico no evalúa correctamente los efectos del ruido de baja frecuencia ni tiene en cuenta fenómenos meteorológicos habituales en la comarca, como las inversiones térmicas nocturnas, que pueden favorecer la propagación del sonido a grandes distancias y afectar al descanso de la población.

POSIBLE FRAGMENTACIÓN IRREGULAR DEL PROYECTO

Por último, las alegaciones sostienen que el expediente podría incurrir en una práctica prohibida por la legislación ambiental: la fragmentación artificial del proyecto. Según se argumenta, la planta fotovoltaica, la línea de evacuación y la instalación de electrólisis forman parte de una única actuación y deberían haberse evaluado conjuntamente para analizar todos sus impactos acumulativos y sinérgicos.

Julio Pereda ha insistido en que “las administraciones tienen la obligación de garantizar que cualquier proyecto energético cumpla escrupulosamente la legalidad y respete el interés general. No podemos aceptar atajos administrativos ni evaluaciones incompletas cuando están en juego recursos tan valiosos como el agua, el patrimonio natural y la calidad de vida de nuestros pueblos”.

UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA PARA EL MEDIO RURAL

El Grupo Provincial TLP reafirma su compromiso con la descarbonización de la economía y el impulso de las energías renovables. Sin embargo, defiende que la transición ecológica debe desarrollarse de forma planificada, transparente y respetuosa con los territorios que la hacen posible.

“Defendemos las energías renovables y la descarbonización, pero también defendemos el derecho de nuestros municipios a decidir su futuro y a preservar unos recursos naturales que son irremplazables”, ha añadido Pereda.

En consecuencia, el grupo provincial pide a la Junta de Castilla y León que atienda las alegaciones presentadas por la ciudadanía, por entidades sociales como la Asociación Sed de Justicia y por los distintos colectivos que han mostrado su oposición al proyecto, y que actúe con la máxima responsabilidad ante una iniciativa que podría tener consecuencias irreversibles para la comarca del Trabancos.