El Delegado de la Junta hace un llamamiento a la responsabilidad de los peñistas de los pueblos de Valladolid

  • Para evitar celebraciones paralelas durante las fiestas patronales, no permitidas este verano
  • Cobos se reunió ayer con los alcaldes de los municipios de más de 2.000 habitantes de la provincia de Valladolid

 

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El delegado territorial de la Junta, Augusto Cobos, se reunió ayer, junto al subdelegado del Gobierno, Emilio Álvarez, y el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, con los alcaldes de los municipios de más de 2.000 habitantes de la provincia de Valladolid, para hacer el seguimiento de las actuaciones sobre la Covid-19. Al encuentro estaban citados los representantes los gobiernos municipales de Aldeamayor de San Martín, Arroyo de la Encomienda, Boecillo, Cabezón de Pisuerga, Cigales, La Cistérniga, Íscar, Laguna de Duero, Medina del Campo, Medina de Rioseco, Mojados, Olmedo, Pedrajas de San Esteban, Peñafiel, Portillo, Renedo de Esgueva, Santovenia de Pisuerga, Simancas, Tordesillas, Tudela de Duero, Valladolid, Viana de Cega, Villanubla y Zaratán.

Esta reunión presencial, respetando las pertinentes medidas de seguridad, ha dado continuidad a las que se han venido celebrando mediante videoconferencias desde que se decretó el Estado de Alarma con el fin de informar y coordinar las actuaciones sanitarias, sociosanitarias y relativas al orden público derivadas de la crisis del coronavirus.

La seguridad de los aproximadamente 3.000 trabajadores temporeros del campo, que en el periodo estival llegan a la provincia  para ayudar en las labores de cosecha de la patata y de la vendimia, ha sido uno de los temas principales planteados durante este encuentro. En este sentido, Augusto Cobos ha informado de la puesta en marcha de un grupo de trabajo en la Delegación Territorial de la Junta, con la participación de los servicios territoriales de Sanidad y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; la Gerencia Territorial de Servicios Sociales y la Gerencia Provincial de Empleo, para coordinar las actuaciones que son competencia autonómica y que estará coordinado con las otras administraciones: la Subdelegación del Gobierno, la Diputación y los propios ayuntamientos.

El delegado territorial ha recordado que, tal y como recoge la modificación del Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente al coronavirus publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), en el desarrollo de la actividad agraria se ha de cumplir con la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros y con el uso de mascarilla durante la actividad, excepto si se desarrolla al aire libre fuera de los núcleos de población. Además, se deberán evitar, en la medida de lo posible, los equipos y dispositivos que hayan sido utilizados por otro trabajador.

Por su parte, los empleadores tendrán que adaptar las condiciones y la ordenación de los puestos de trabajo, turnos y descansos, así como el uso de los lugares de comunes, de forma que se garantice el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad. Para ello, deberán establecer cuadrillas estables de diez o menos empleados, evitando en todo caso el intercambio de trabajadores entre grupos. Y para su traslado, podrán desplazarse dos personas por cada dos filas de asientos en vehículos de hasta nueve plazas mientras que en aquellos que solo dispongan de una fila de asientos podrán viajar como máximo dos personas, haciendo uso de las mascarillas en ambos casos todos los ocupantes.

RESPONSABILIDAD DE LOS JÓVENES Y LAS PEÑAS

Otro de los asuntos tratados en la reunión ha sido el de las fiestas patronales de los municipios, cuya celebración oficial no está permitida este verano. Augusto Cobos ha solicitado la colaboración de los consistorios y ha hecho un llamamiento muy especial a la responsabilidad de los jóvenes y en particular a los que participan en peñas festivas, instándoles a respetar la no celebración de las fiestas de cada municipio y a no organizar festejos paralelos en las mismas fechas.

Durante la reunión se ha abordado, asimismo, la actuación que los ayuntamientos deben llevar a cabo en caso de detectarse un brote y se han determinado las competencias sancionadoras cuando no se cumpla con el uso de la mascarilla o de otros aspectos que marca la normativa frente a la Covid-19.