El Ayuntamiento de Aldeamayor asume una multa de 1.800 euros por la celebración de una procesión en agosto

  • Los portavoces de Centristas y TLP  han expresado su temor de que el “rápido pago de la multa”, de 1.800 euros, haya sido debido, principalmente, “por el interés de que no se conozca el nombre del denunciante”

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El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín ha pagado 1.800 euros en concepto de la multa impuesta por la Junta de Castilla y León por el incumplimiento de la normativa Covid-19 durante la celebración de la procesión de San Roque el pasado día 16 de agosto.

Los portavoces municipales de  Centristas CCD-CI y Toma la palabra Izquierda Unida, Félix A. Calleja y Antonio Lambás, han expresado a través de una nota de prensa recogida por diferentes medios, su temor de que el rápido pago de la multa haya sido debido, principalmente, al interés de que “no se conozca el nombre del denunciante por un supuesto interés personal del alcalde”.

Según la nota, a través de un Decreto de Alcaldía se habría asumido el incumplimiento de la normativa y se habría reconocido la responsabilidad por tales acontecimientos, renunciando al derecho a presentar alegaciones durante el trámite de audiencia. Es por ello que se haya autorizado el pago de la liquidación emitida por el Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León por importe de 1.800,60 euros.

Hay que recordar que desde que se conocieron los hechos, ambos grupos han solicitado varias veces al alcalde de la localidad, el socialista Fernando de la Cal, que les desvincule de cualquier sospecha respecto de la denuncia de un particular que derivó en expediente sancionador de la Junta.

Según ambas formaciones un miembro del equipo de gobierno había hecho público en redes sociales que el autor de la denuncia había sido un concejal, “alimentando de esa forma la suspicacia de que el mismo fuera parte del Ayuntamiento”.

En declaraciones a este medio, el alcalde mostró su indignación por el hecho de que la propuesta de sanción del Gobierno regional estuviera originada por la denuncia de un particular que habría estado presente en la procesión, participando de ella.

Además, de la Cal sostenía que el único motivo que la Junta tendría para sancionar al Ayuntamiento sería el hecho de haber mal interpretado el que el público tuviera que estar sentado. “Entiendo que tendría que estar sentado cuando es un evento eclesiástico al aire libre, pero no el caso de una procesión donde el recorrido está acotado con carteles que lo indican, se para en dos sitios amplios un tiempo limitado y se ha reducido su duración de las dos horas, que hubiera sido lo habitual, a unos 20 minutos” señaló el regidor en aquella ocasión.