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Centristas quiere que el Gobierno de España paralice la aplicación de la tasa de gestión de residuos

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  • Su grupo municipal en Aldeamayor ha registrado una moción en ese sentido en el Ayuntamiento de la localidad para su debate en el Pleno

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Félix Antonio Calleja portavoz del grupo político municipal Centristas CCD en Aldeamayor registró la semana pasada una Moción para que el pleno ordinario que se celebra hoy jueves inste al Gobierno de España a paralizar la aplicación de la tasa de gestión de residuos en las entidades locales.

En la exposición de motivos de la propuesta Centristas señala que la Ley 7/2022 obliga a los Ayuntamientos, a establecer sistemas avanzados de recogida separada de las fracciones (orgánica, bio-residuos, plástico, etc.) pero que tiendan a aumentar el reciclado en origen y la reducción de residuos que llegan a vertedero. “Lo que supone, en otras palabras, establecer sistemas que permitan saber, de manera más o menos individualizada, quién deposita/recicla y en qué cantidad, pues el espíritu y a lo que la Ley obliga es a penalizar a quien menos recicla y más residuo genera y bonificar a quien más recicla y menos residuo genera. Lo cual traerá como resultado un aumento exponencial de los costes y por tanto de la presión fiscal contra el administrado” añaden desde la formación.

Para Centristas este aumento de la presión fiscal “resulta contrario al principio de progresividad fiscal pues aumenta la desigualdad al no basarse en la capacidad económica de las personas contribuyentes o el nivel de renta de cada familia, hecho que provoca una distribución de la carga fiscal socialmente injusta”.

Por ello Centristas solicita que el Pleno de Aldeamayor de San Martín inste al Gobierno de España a aprobar una moratoria en la aplicación de lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 7/ 2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados en tanto no se lleve a cabo un desarrollo reglamentario de la tasa que establezca unos criterios claros que sirvan de guía para que todos los ayuntamientos y mancomunidades impongan la tasa, así como del impuesto, a fin de que éste tenga en cuenta y se aplique en función de la cantidad y calidad de los depósitos en vertedero de cada población.

También piden que el Pleno demande al Ejecutivo central a modificar la Ley 7/ 2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados, replanteando o estudiando métodos más flexibles de transición y de igual manera prestando ayudas e instrumentos financieros a las entidades locales, para que el ciudadano no cargue íntegramente con la tasa.