DESCIENDE UN 30 % EL NÚMERO DE FAMILIAS QUE NECESITÓ ACUDIR AL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS EN RIESGO DE DESAHUCIO
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La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, han presentado los resultados del Servicio Integral de Apoyo a las familias en riesgo de desahucio una vez cumplidos los tres años desde su puesta en marcha por la Junta de Castilla y León.
Este Sistema Integral forma parte de la Red de Protección a las familias de Castilla y León, que cuenta con 23 programas y uno de ellos es el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, que ha sido reconocido por la ONU como buena práctica.
Alicia García se ha referido a que una de las notas características de este servicio integral es precisamente su funcionamiento en red, lo que posibilita evitar situaciones críticas antes de que se produzcan, yendo mucho más allá de actuaciones meramente paliativas. En el sistema están implicados 24 entidades locales, decenas de entidades del tercer sector, los órganos judiciales, 45 entidades financieras y la Junta de Castilla y León que, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, financia a las entidades locales, coordina todas las actuaciones, aporta los interlocutores con las entidades financieras y facilita el acceso directo al servicio a través del 012.
La integralidad y la importancia de este servicio no radica únicamente en dar respuesta al problema de vivienda por el que el caso llega al servicio. No se queda sólo ahí y los profesionales se encargan de detectar otras posibles necesidades que puedan tener las familiar para aplicar las soluciones más oportunas a cada necesidad o proporcionarles otras prestaciones.
PRINCIPALES DATOS DE LOS TRES AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
Desde su creación en noviembre de 2012 y hasta finales de 2015, a través del Servicio Integral se ha atendido a 4.149 familias, lo que significa que se ha ayudado a más de 11.500 personas. A todas las familias atendidas en este primer nivel de actuación, se les ha prestado asesoramiento y apoyo y se ha analizado su situación económica y social. Al 22,5 % de estas familias también se les elaboró un Plan de Economía familiar.
El 83,3 % de los casos concluidos a 31 de diciembre de 2015, 3.450 casos, se cerraron con éxito en una solución viable a través de la interlocución con la entidad financiera y se ha finalizado el proceso. En el restante 16,7 % de los casos, aun cuando no fue posible la reestructuración del préstamo o poner en marcha otra solución con la entidad financiera, se ha actuado desde otras medidas, generalmente de corte social que, en todo caso, impidieron que se produjeran desalojos forzosos y han evitado que estas situaciones se diesen en situación de desamparo para las familias.
De los 3.450 casos concluidos, 1.742 se cerraron sin necesidad de interlocución y 1.708 concluyeron con interlocución con las entidades financieras, con los siguientes resultados: la reestructuración viable de la deuda fue la solución mayoritaria, en casi en el 50 % de los casos, y la minoritaria la dación en pago, sólo en el 7,3 % de los casos cerrados. Otros y variados acuerdos, como venta, suspensión de lanzamiento, retirada de demandas, reestructuración o carencia sin elevación a público mediante acuerdo privado, o supresión de cláusulas que permiten abonar la hipoteca, suman el 15,3 % del total casos. En 203 casos se pudieron cerrar los expedientes de interlocución al producirse mejoras en las circunstancias económicas familiares que posibilitaron rehabilitar los préstamos y normalizar las situaciones.
La integralidad de este Servicio se comprueba en el hecho de que, en el caso de 902 familias, los profesionales detectaron a través de la intervención otro tipo de necesidades en las familias, además de la propia de la vivienda por la que habían acudido al servicio, lo que ha posibilitado la generación de otro tipo de prestaciones, en total, 1.939. Entre las prestaciones concedidas se encuentran 655 rentas garantizadas de ciudadanía, 44 servicios de vivienda, 487 servicios sociales-CEAS, 47 de sanidad, 184 de empleo, 174 con el tercer sector-ONG y 348 de justicia gratuita.
PERFIL DE LAS PERSONAS QUE HAN ACUDIDO AL SERVICIO INTEGRAL
Respecto al perfil de las personas que han acudido al Servicio Integral desde su puesta en marcha, el 48,8 % han sido hombres y 51,2 % mujeres. En cuanto a edad, el 60 % están en la franja de edad entre los 35 y los 55 años. La media de edad se encuentra en los 46 años. El 53,1% de las personas atendidas viven en pareja. Por nacionalidad, el 88 % eran españoles y el resto de otras 49 nacionalidades diferentes, de ellos un 4,3 % de países de la Unión Europea.
En cuanto al nivel de estudios, el 29 % tienen estudios de ESO, FP y Bachillerato, el 5 % cuenta con estudios universitarios y dos tercios de las personas atendidas cuenta con Graduado Escolar o inferior. La mitad de las familias atendidas residían en municipios de menos de 20.000 habitantes y en la mayoría de los casos atendidos se ha detectado la necesidad de reincorporación al mercado laboral.
EVOLUCIÓN, DEMANDA Y COBERTURA DEL SERVICIO INTEGRAL
En lo referente a la evolución de la demanda del servicio se aprecia un descenso de la demanda superior a un 30 % en 2015 respecto a 2014, un dato que está en consonancia con el descenso producido en el número de ejecuciones hipotecarias en Castilla y León.
Los últimos datos del INE indican una reducción de más del 36 % del número de ejecuciones hipotecarias en Castilla y León durante el periodo 2014-2015. Este dato sitúa Castilla y León como la Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de reducción para ese periodo, reducción que es muy superior a la media nacional, que se sitúa en el 13,34 %.
Durante ese mismo periodo el Servicio Integral atendió 3.506 casos. Esta cifra de casos atendidos en relación con las 2.622 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de particulares iniciadas, desde enero de 2014 hasta diciembre de 2015, supone un nivel de cobertura del servicio muy alto, teniendo en cuenta que no todos los casos atendidos se encontraban en fase de ejecución hipotecaria.
Además de la elevada cobertura, es reseñable el valor preventivo del programa como ponen de manifiesto los porcentajes de disminución de ejecuciones hipotecarias de vivienda de particulares en Castilla y León que en el último trimestre de 2015, respecto el mismo trimestre de 2014, presenta una reducción de casi el 60 % del número de ejecuciones hipotecarias. Por cada 100 ejecuciones hipotecarias en Castilla y León en el periodo 2014-2015 se han abierto más de 80 interlocuciones con entidades financieras.
Además, hay otro dato que nos permite corroborar esta afirmación: la elevada utilización en Castilla y León el Código de Buenas Prácticas (CBP), que permite la reestructuración u otras fórmulas de protección de los deudores hipotecarios, con un 105 %, de utilización es decir 2.750 solicitudes frente a 2.622 ejecuciones hipotecarias, frente al 55 % del ámbito estatal.
ACTUACIONES FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
A su vez, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente participa en el programa como “último recurso”, proporcionando una vivienda a las familias en riesgo de desahucio inminente. Para ello se asigna de forma inmediata una de las viviendas incluidas en la “reserva de viviendas protegidas de titularidad pública”. Se acoge así a las personas y familias en riesgo de exclusión social que, conforme disponga la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, no tengan ya más opción de solución residencial. Dichos servicios sociales indican que determinada persona necesita una vivienda protegida en régimen de alquiler, y la Consejería Fomento y Medo Ambiente tramita una actuación singular (mecanismo previsto en la Ley de Vivienda) que permite con rapidez asignar el disfrute de una vivienda.
El buen funcionamiento del programa de apoyo a las familias en riesgo de desahucio determina que apenas esté siendo necesario recurrir a esta reserva de viviendas públicas. Desde 2013 hasta la fecha se han tramitado 126 actuaciones de este tipo, atendiendo todos los casos que se han planteado.
Este programa se suma a una larga serie de iniciativas adoptadas en los últimos años, siempre en coordinación con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, con el objetivo común de favorecer el derecho a la vivienda, y en particular de luchar contra la lacra social de los desahucios. Así, ya en el año 2012 se paralizaron de forma cautelar los procesos de desahucio administrativo en relación al parque público de viviendas protegidas, integrado por unas 12.000 viviendas, con un porcentaje de morosidad del 15 %.
Al año siguiente se promovió la Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda, que tuvo por objeto disponer una red de protección y asistencia a las personas, familias y colectivos castigados por la crisis económica, de manera que la Administración pudiera responder con eficacia ante situaciones de especial dificultad sobrevenida en el ejercicio del derecho a la vivienda.
Por una parte, respondiendo a la aparición de nuevos grupos sociales especialmente afectados por la difícil situación económica, se han ampliado los colectivos de especial protección para acceder a una vivienda protegida, incluyendo, entre otros, a las familias con ingresos hasta 1,5 IPREM, familias en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo o afectados por expedientes de regulación de empleo y los deudores hipotecarios que se encuentren en procedimiento de ejecución hipotecaria.
Además, como medidas específicas de lucha contra los desahucios respecto de las viviendas protegidas -públicas o privadas-, se han establecidos medidas destinadas a facilitar el pago de las cuotas de compra y alquiler, mediante aplazamientos o reestructuración de deudas, reducción de precios de compra y alquiler, flexibilización de requisitos de acceso y la constitución de parques públicos de alquiler social para personas y familias incluidas en los colectivos de especial protección, previa valoración de los servicios sociales. Estas medidas han permitido atender las necesidades de 1.055 familias.
La Comisión de Vivienda del Diálogo Social, de octubre de 2015, acordó proponer la prórroga de la vigencia de estas medidas, establecida en dos años desde la entrada en vigor de la Ley 10/2013 (21 de diciembre de 2015), lo que se ha hecho efectivo por Acuerdo Junta de Castilla y León 137/2015, de 12 de noviembre, por el que se prorrogan las medidas previstas en los Capítulos III y IV de la Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda (BOCyL 16/11/15).
Por otro lado, y con el fin de que la “reserva de viviendas protegidas” cuente siempre con la disponibilidad adecuada para hacer frente a las necesidades que puedan surgir, en esta legislatura, en el marco del Programa de Vivienda Social en Castilla y León, se está promoviendo la incorporación a esta reserva de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria en manos de entidades financieras y de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria).
Además en octubre del pasado año se suscribió el primer convenio de colaboración con la SAREB, para para la cesión de vivienda, destinada al alquiler asequible, por el que se incorporarán 100 viviendas, y en febrero de 2016 se realizó el primer contrato de cesión en usufructo de viviendas para su administración y gestión en alquiler accesible.
