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El PARTIDO CASTELLANO – TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) ha exigido la transferencia a la Comunidad de Castilla y León de las infraestructuras energéticas existentes en su territorio. El objetivo es constituir una Empresa Pública de Energía de Castilla y León, que actúe como motor de desarrollo económico y social, abarate el precio de la electricidad para la ciudadanía y empresas y permita poner fin al expolio energético que sufre la comunidad.

Los castellanistas subrayan que Burgos es actualmente líder en producción eólica de Castilla y León, con el mayor número de parques eólicos del país y una generación eléctrica que duplica el consumo de la propia provincia. Pese a ello, los beneficios derivados de esta producción energética recaen mayoritariamente en grandes compañías eléctricas con sede fuera del territorio, mientras las comarcas rurales continúan perdiendo población y oportunidades de desarrollo.

Desde la formación castellanista, consideran imprescindible que las instituciones públicas intervengan para ordenar el modelo energético y garantizar que la riqueza generada por los recursos naturales de Castilla y León repercuta directamente en su población. El PCAS-TC recuerda que Castilla y León es el mayor territorio exportador de electricidad del Estado, produciendo entre el 10% y el 30% de la energía eléctrica generada en España (según las fuentes) mientras su consumo apenas alcanza en torno al 5%.

En este contexto, los comuneros reclaman que reviertan al sector público todos los aprovechamientos hidroeléctricos cuya concesión expire en la próxima década. La cuenca del Duero constituye el sistema hidroeléctrico más potente del país, con 162 aprovechamientos hidroeléctricos en explotación, una potencia instalada de 3.868 MW y una producción anual cercana a 7.228 GWh, aproximadamente el 25% de la aportación hidroeléctrica estatal. Una treintena de estas concesiones, muchas de ellas actualmente en manos de Iberdrola, vencen en los próximos años, lo que permitiría su integración en una empresa pública energética autonómica.

Además de la reversión de estas infraestructuras, la Empresa Pública de Energía propuesta por el PCAS-TC incorporaría nuevos activos basados en energías renovables —hidroeléctrica reversible, solar fotovoltaica, eólica y termosolar— con el objetivo de que al menos el 50% de las nuevas instalaciones energéticas de Castilla y León pertenezcan al sector público. Según los castellanistas, esto permitiría frenar el incremento del precio de la electricidad y ordenar la proliferación de grandes megaproyectos energéticos que, en muchos casos, se implantan en el medio rural guiados exclusivamente por criterios especulativos.

Castilla y León generó en 2024 energía eléctrica superior a 27.000 GWh, de la cual apenas el 40% se consumió en la comunidad; cabe destacar que más del 93% de la energía producida es de carácter renovable. El PCAS-TC defiende que esta propuesta constituye una oportunidad histórica para redefinir el modelo energético de Castilla y León, hacerlo más social, más ecológico y más útil para el desarrollo económico del territorio. La formación considera que el control público de parte de la producción energética permitiría impulsar políticas de repoblación rural, favorecer la implantación de empresas y garantizar una transición energética justa.

Según estimaciones de esta formación castellanista, el valor de la electricidad producida en la comunidad y transferida a otros territorios ha supuesto más de 15.000 millones de euros anuales durante las últimas cinco décadas, recursos que han contribuido al desarrollo industrial y urbano de regiones como el País Vasco o Cataluña.

El PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) denuncia la insospechada lentitud en la creación de comunidades energéticas sociales en Castilla y León, estando operativas en el medio rural unas pocas decenas de las más de 300 iniciativas proyectadas, todo ello debido a la pasividad de las administraciones públicas y a la presión de las grandes empresas eléctricas privadas que buscan monopolizar la producción y distribución de energía.

Especial preocupación existe para esta formación comunera la aceleración masiva de plantas de biogás y biometano en Castilla y León, donde ya hay más de 110 expedientes registrados y solicitudes en diferentes fases administrativas. Este «aluvión» de proyectos, ajenos al territorio, que implican enormes cantidades de residuos de otras comunidades autónomas, nos hace reclamar  que se suspenda la tramitación de nuevos expedientes y se paralicen los existentes hasta que se apruebe un Plan Regional de Biometanización que ordene el sector y evite impactos ambientales en zonas rurales y garantice que solo se implantarán con el consentimiento de las poblaciones locales y con una gestión conjunta, ambiental y social de las plantas y de su rendimiento eléctrico y económico.