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El Grupo Municipal Socialista de Laguna de Duero anunciaba ayer hoy la interposición de una denuncia penal ante los Juzgados de Instrucción de Valladolid contra el alcalde de la localidad, Avelino Álvarez Pérez, y la concejal de Régimen Interior, Virginia Arronte de Ávila por presuntos delitos de prevaricación (art. 404 CP) y desobediencia grave (art. 556.1 CP) a la autoridad judicial.

Según los socialistas, esta acción judicial responde a la decisión del Equipo de Gobierno de mantener una subida salarial que ha sido declarada nula de pleno derecho por la justicia.

Según señalaron en la rueda de prensa, en octubre de 2024 el Gobierno local aprobó una subida salarial «encubierta» a través del II Plan de Igualdad, a pesar de que los informes técnicos confirmaban la inexistencia de brecha de género salarial y de contar con el reparo de la Intervención Municipal por falta de consignación presupuestaria. En marzo de 2025 tras un recurso de la Abogacía del Estado, un Juez dictó auto de suspensión cautelar que obligaba al Ayuntamiento del Municipio a paralizar los pagos.

“El Equipo de Gobierno no acató la orden judicial, ha continuado efectuando los pagos y levantado los reparos de la Intervención Municipal, tal y como nos dio traslado a preguntas registradas por el Grupo Municipal Socialista y en noviembre de 2025, la justicia ratificaba la ilegalidad mediante la Sentencia 227/2025, declarando la nulidad de pleno derecho del acuerdo” explicaban desde el PSOE.

La portavoz socialista del Ayuntamiento de Laguna de Duero denunciaba que, lejos de acatar las resoluciones judiciales, los denunciados han actuado “con absoluto desprecio a la autoridad judicial, permitiendo la salida indebida de fondos públicos de las arcas municipales”.

Para Yolanda Lanza, existe una «reincidencia en el fraude», ya que solo 14 días después de la sentencia de nulidad, el Equipo de Gobierno intentó tramitar un nuevo expediente bajo el mismo fondo ilegal. “Nos encontramos ante una voluntad deliberada de saltarse la ley y ningunear a los tribunales. El alcalde de Laguna de Duero lleva un año desobedeciendo a los jueces para gastar un dinero que pertenece a los vecinos del municipio. Nuestra responsabilidad y obligación, es poner en conocimiento de la autoridad judicial cualquier acto que esté fuera de la legalidad, por «higiene democrática». Nadie está por encima de la ley. La gestión de los fondos públicos debe ser transparente y ajustada a la legalidad vigente” declaraba la concejala socialista.

RESPUESTA DE VIRGINIA ARRONTE DE ÁVILA

Horas más tarde, desde el Grupo Municipal de Vox en Laguna de Duero se emitía un comunicado firmado por la concejal señalada en el que se trasladaba a los vecinos su “absoluta tranquilidad y firmeza ante la rueda de prensa convocada por el PSOE, en la que se ha anunciado una supuesta denuncia penal contra mi persona”.

Para Virginia Arronte, las declaraciones del Grupo socialista “no responden a la verdad, entorpecen la gestión municipal y generan un clima de confrontación innecesario”.

“Nos encontramos ante una actuación claramente partidista, basada en acusaciones sin fundamento y con un evidente objetivo político: generar ruido mediático y confusión entre los ciudadanos. Este tipo de estrategias no buscan esclarecer la verdad ni defender el interés general, sino desgastar al adversario mediante titulares y sospechas infundadas” señalaba en el comunicado.

“Consideramos especialmente grave que se utilicen las instituciones y la exposición pública para continuar con esa dinámica reiterada durante toda la legislatura de descalificaciones, insinuaciones y una preocupante falta de respeto institucional, tratando de amplificar mensajes que, a nuestro juicio, buscan más la confrontación, el señalamiento, la deslegitimación del adversario y la distorsión de la realidad política municipal, en lugar de la defensa del interés general. Este comportamiento no fortalece la democracia local, sino que la deteriora” añadía.

“Rechazamos de manera tajante cualquier insinuación de conducta irregular. Todas las decisiones adoptadas en el ejercicio de nuestras responsabilidades públicas se han realizado con pleno respeto a la legalidad vigente, bajo criterios técnicos y en defensa del interés de los vecinos de Laguna de Duero. Por ello, afrontamos con absoluta serenidad cualquier actuación judicial, convencidos de que la verdad prevalecerá” explicaba Lanza.

“Queremos dejar claro que NO se ha incumplido ninguna decisión judicial y que NO es ilegal ni ilegítimo el uso de las acciones judiciales para la defensa de los intereses municipales. El ejercicio de las acciones judiciales en primera instancia y sucesivas es un derecho fundamental a la tutela judicial que asiste a las Administraciones Públicas y que no debe ser utilizado con fines políticos” defendía la edil de Régimen Interior

Para VOX Laguna de Duero, mientras el PSOE intenta esconder sus propias sombras judiciales detrás de una cortina de acusaciones, nosotros seguiremos centrados en trabajar por Laguna de Duero con transparencia, responsabilidad y hechos, no con campañas de distracción ni discursos diseñados para crear caos”.

El comunicado de VOX finalizaba trasladando “un mensaje claro: la crispación permanente y la sobreactuación no sustituyen al trabajo serio ni al respeto institucional. Laguna de Duero merece una política a la altura de sus vecinos”.