Toma la Palabra se persona como acusación popular en el caso Meseta Ski y presta la fianza exigida por el Juzgado de Instrucción

• La plataforma sigue adelante, así, con el proceso iniciado en 2018, cuando presentó una denuncia conjunta con PSOE y Sí se Puede Valladolid en la que se establecían posibles delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación en la gestión de este proyecto

Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas

Como se consensuó en la última asamblea provincial de la plataforma, Toma la Palabra se ha personado como acusación popular en el caso Meseta Ski y ha prestado ya la fianza exigida por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Valladolid (por un importe de 3.000 euros) para poder ejercitarla. Las defensas de dos de los investigados solicitaron el incremento de dicha fianza (hasta los 20.000 euros, una de ellas, y hasta los 30.000, la otra) en sendos recursos que han sido desestimados por el juzgado.

Toma la Palabra sigue adelante, por tanto, con el proceso iniciado en julio de 2018 con la denuncia presentada junto a PSOE y Sí Se Puede Valladolid, en la que se establecía la posible comisión de delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación en la contratación y gestión de este proyecto, gestionado por la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid S.A. (SODEVA) de la Diputación de Valladolid. Tras un año de análisis de dicha denuncia y de la documentación recabada por la comisión de investigación puesta en marcha por la administración provincial, la Fiscalía de Valladolid consideró que había indicios de delito en la tramitación de Meseta Ski, y remitió el caso al juzgado en agosto de 2019.

Fueron diversas las incidencias que rodearon el proyecto, una pista de esquí seco en la pedanía de Villavieja del Cerro (Tordesillas), desde sus inicios en 2006, como paralizaciones de obras, modificaciones y ampliaciones, además de varias sentencias y resoluciones judiciales en contra. La denuncia presentada por Toma la Palabra remarcaba que se ocultó el verdadero volumen de la obra con el objetivo de eludir los controles exigidos por la ley y, además, de favorecer al contratista, el grupo empresarial Corsan Corviam. Los 4.000.000 de euros del presupuesto inicial se incrementaron hasta los 12.000.000, una inversión perdida tras el desmantelamiento total de las obras en febrero de 2015 tras dictaminarlo así una orden judicial, ya que la mayoría se ejecutaron sin licencia y su legalización no era posible.