Toma la Palabra reprende a la Diputación por retirar a los municipios eximidos de mantener el puesto de secretario la financiación para poder contar con este servicio

• «Los pocos recursos que nos brindaban nos los van quitando poco a poco y, además, con burdas excusas», lamenta Virginia Hernández, alcaldesa de San Pelayo, uno de los municipios afectados por esta decisión de la administración provincial

Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas

«Parece que a la Diputación de Valladolid se le olvida que su función principal es cooperar con los municipios de la provincia». Son palabras de Marcos Díez, diputado provincial de Toma la Palabra, después de conocer que dicha administración eliminará a partir del 1 de enero la subvención que otorgaba a los ayuntamientos de la provincia eximidos de la obligación de mantener el puesto de trabajo de Secretaría. Dicha subvención financiaba el 60% del total de los gastos que generaba el desempeño de las funciones asociadas a ese servicio en régimen de acumulación por parte de secretarios y secretarias de otros municipios o agrupaciones de municipios. «El importe que la Diputación asignaba a esta financiación era perfectamente asumible, pero se ha convertido ahora en un obstáculo, mientras no tiene ningún problema en seguir subvencionando convenios con entidades privadas que nada tienen que ver con nuestros pueblos», apunta Díez.

Entre los ayuntamientos que se ven afectados por esta decisión se encuentra San Pelayo. «Muy enfadada e indignada» es como asegura sentirse su alcaldesa, Virginia Hernández, que reitera que «ayuntamientos pequeños como el de San Pelayo sobreviven a pesar de la Diputación de Valladolid». «Los pocos recursos que nos brindaban nos los van quitando poco a poco», comenta, «y, además, con burdas excusas como las que han utilizado en este caso: que pagamos menos que otros consistorios». «Asumir el 60% de la retribución de los secretarios y secretarias de los ayuntamientos eximidos de las funciones de secretaría e intervención no supone absolutamente nada para la Diputación, económicamente hablando», añade. En total, son 9 los municipios en esta situación, todos ellos de menos de 100 habitantes, lo que suponía para la Diputación de Valladolid unos 40.000 € anuales. «El apoyo de los secretarios y secretarias, que en el mejor de los casos es de cuatro horas a la semana, es importantísimo para nosotros», explica Hernández, «pero es una minucia para la Diputación, que ahora nos la quita mientras al equipo de gobierno se le llena la boca hablando de cuánto ayudan a los ayuntamientos pequeños».

Estos municipios tienen ahora dos opciones: pagar íntegramente la retribución de los secretarios y secretarias o que las funciones de secretaría e intervención se lleven a cabo desde Diputación. «Obviamente, ningún pueblo que pueda permitírselo, haciendo un gran esfuerzo, va a elegir ser un pueblo más a la cola de los que le tengan que atender», dice Hernández, «en vez de tener su propio puesto de secretaría». «Esta decisión es más dolorosa si cabe porque creo que nos han engañado», manifiesta Hernández, que ostentaba aún el cargo de portavoz de Toma la Palabra cuando a comienzos de verano se mantuvo una reunión entre los diputados provinciales y el Área de Asistencia y Cooperación a Municipios para abordar la situación de los 25 ayuntamientos que carecen de secretario. «Entonces se modificó la RPT para buscar una solución, pero se nos ocultó que implicaba que a los municipios que ya estábamos eximidos previamente nos iban a meter también en el lote».

«Esta es una nueva demostración de que la Diputación de Valladolid no está para ayudar a los pueblos sino para chuparles la sangre y vivir a su costa», opina Hernández. La alcaldesa de San Pelayo subraya, además, que esta decisión «va en contra de todas las recomendaciones de la lucha contra la despoblación, porque los ayuntamientos pequeños lo que necesitamos es, precisamente, más apoyos técnicos para afrontar proyectos más amplios». «Pero, así, lo que Diputación hace es aumentar su tutela sobre los consistorios y eliminar nuestra capacidad de decisión», concluye Hernández, que remarca también que «nos quita nuestros recursos mientras en 2022 va a dar, por ejemplo, 325.000 € a la Cámara de Comercio de Valladolid».