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TOMA LA PALABRA PROPONE QUE SE AYUDE A LAS FAMILIAS EN QUIEBRA ECONÓMICA A ACOGERSE A LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

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Creando  un mecanismo de mediación para que tanto autónomos como particulares que se encuentran en una situación de bloqueo económico puedan revertir esta situación
Lo hará a través de una propuesta que se debatirá en el próximo pleno de la Diputación Provincial de Valladolid

Salvador Arpa y Esther Mínguez (primer plano) durante un pleno de la Diputación Provincial.

Pueblosycomarcas.com@PueblosComarcas

El grupo provincial de TLP ha presentado una propuesta que se debatirá en el próximo pleno de la Diputación de Valladolid para que la institución provincial formalice un Convenio con el Colegio de Abogados de Valladolid, para que a través de la Ley de Segunda Oportunidad, sirva para ayudar a las personas empadronadas en los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes, creando  un mecanismo de mediación para que tanto autónomos como particulares que se encuentran en una situación de bloqueo económico puedan revertir esta situación.

En la proposición se señala que con la llegada de la crisis han sido muchas las personas que perdieron algo más que su puesto de trabajo o su negocio, incluso sus vidas, al no poder sobrellevar está comprometida situación y por eso en el año 2015 se aprobó y publicó la Ley 25/2015, popularmente conocida como Ley de segunda oportunidad, cuyo objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca va a poder satisfacer.

Esta Ley, que va dirigida a autónomos y a particulares que se encuentran en una situación de bloqueo económico debido a las deudas que no hayan podido pagar, da la posibilidad de iniciar un proceso administrativo que permite entrar en concurso a un particular siempre que cumpla determinados requisitos, es decir, para negociar primero con el acreedor (banco, financiera, clientes…) y, en caso de no alcanzar acuerdo, pedir la cancelación de la deuda al juez.

Desde el Grupo Provincial de Toma la Palabra, creemos que es una iniciativa válida para ayudar a las personas y que puede ser trasladable al resto de vecinos de nuestra provincia.

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