Toma la palabra pedirá a la Diputación acciones y gestiones, junto con Pollos y Castronuño, para el arreglo integral de la Carretera VA-610

  • En su proposición, TLP recuerda que la VA-610 es una carretera que entraña muchos peligros para quienes la transitan a causa de su mal estado de conservación, “y los vecinos de nuestros pueblos se merecen unas vías de comunicación seguras para garantizar la buena calidad de vida en el medio rural”

Carretera VA 610.

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El Grupo Provincial de Toma La Palabra ha registrado una propuesta para su debate en el próximo pleno de la Diputación de Valladolid, que se celebrará el jueves 31 de octubre, para realizar las acciones y gestiones pertinentes, junto con los municipios de Pollos y Castronuño, para el arreglo integral de la Carretera VA-610.

En su proposición, TLP recuerda que la VA-610 es una carretera que entraña muchos peligros para quienes la transitan a causa de su mal estado de conservación, “y los vecinos de nuestros pueblos se merecen unas vías de comunicación seguras para garantizar la buena calidad de vida en el medio rural”.

Es por ello que solicitan que el presidente de la Diputación de Valladolid y el área de cooperación a municipios se comprometan a establecer una estrategia conjunta con los alcaldes de Pollos y Castronuño con el objetivo de alcanzar un acuerdo con la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de tres meses, para que se realicen las inversiones y las acciones necesarias para el arreglo integral de la Carretera VA-610 en el tramo comprendido entre Pollos y Castronuño; que la Diputación de Valladolid se comprometa a informar de forma periódica a los alcaldes de los municipios de Pollos y Castronuño del estado de la vía para que los vecinos y vecinas de ambas localidades tengan conocimiento del estado de la carretera entre ambos municipios con el objetivo de preservar su seguridad y, finalmente, que la Diputación de Valladolid señalice todos aquellos puntos con baches y deformaciones de mayor tamaño de la VA-610 para prevenir a los usuarios de la vía de posibles peligros que pongan en riesgo su seguridad, si la Junta de Castilla y León siguiera sin hacerlo en el plazo de tres meses.