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El Grupo Provincial TLP (Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo y Alianza Verde) ha presentado en la Diputación de Valladolid una proposición para impulsar la vivienda de protección pública en los municipios de menos de 20.000 habitantes, con especial atención a los pueblos de menor tamaño. La iniciativa reclama a la Junta de Castilla y León, como administración con las competencias fundamentales en materia de vivienda, una política específica para el medio rural que permita ampliar el parque público y contribuir a combatir la despoblación.

Los propios datos de la Junta muestran un importante desequilibrio territorial. En 2024 se encontraban en desarrollo en la provincia 519 viviendas destinadas a incrementar el parque público, entre nuevas promociones y actuaciones de rehabilitación. De ellas, 438 se concentraban en Valladolid capital, aproximadamente el 84 % del total, mientras que ninguna correspondía a municipios de menos de 1.000 habitantes.

Para Julio Pereda, estos datos ponen de manifiesto la necesidad de adaptar las políticas de vivienda a la realidad de los municipios pequeños. “En muchos pueblos existe una necesidad real de vivienda, pero las condiciones del mercado hacen que la iniciativa privada no siempre encuentre rentabilidad y los ayuntamientos tampoco cuentan con capacidad suficiente para afrontar por sí solos este problema. Por eso es necesaria una mayor implicación de la Junta”, señala.

La proposición plantea un plan específico para los municipios de menos de 20.000 habitantes, con prioridad para los de menos de 1.000, impulso del alquiler público y objetivos concretos sobre número de viviendas, municipios, inversión y plazos. TLP reclama además una distribución territorial equilibrada de las actuaciones y mecanismos de seguimiento y evaluación.

La iniciativa plantea también reforzar la financiación y colaboración con los ayuntamientos. TLP señala que en los programas específicos de vivienda rural actualmente existentes recae una parte importante de la responsabilidad económica y patrimonial sobre los municipios, que deben aportar en muchos casos suelo, inmuebles o recursos para desarrollar las promociones. Una exigencia que puede resultar difícil de asumir para los pueblos con menor población y capacidad presupuestaria.

Por ello, TLP propone una línea específica de financiación que facilite la puesta a disposición de suelo municipal, parcelas y edificios públicos o en desuso, así como otras fórmulas para generar patrimonio destinado a vivienda protegida. La iniciativa contempla también la colaboración entre la Junta, la Diputación y los ayuntamientos para identificar oportunidades y desarrollar nuevas promociones.

Para TLP, la vivienda pública debe formar parte de una estrategia de lucha contra la despoblación, facilitando que jóvenes y familias puedan permanecer en los pueblos y que nueva población pueda establecerse en ellos.

“La Junta tiene las competencias y debe asumir su responsabilidad. Los pueblos pequeños no pueden quedar fuera de las políticas de vivienda porque no tengan capacidad económica para afrontar por sí solos los costes que les supone una promoción. Necesitamos una política pública desde la Administración regional que aporte los recursos y los medios necesarios para que la vivienda también sea una herramienta contra la despoblación”, concluye Julio Pereda.