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El Grupo Provincial TLP defenderá en el próximo pleno de la Diputación de Valladolid dos iniciativas con las que pretende poner el foco en la gestión de los recursos públicos y en el apoyo que la institución presta al medio rural. El diputado provincial Julio Pereda preguntará al equipo de gobierno por la situación de las cuadrillas forestales de la Diputación y por el incumplimiento del proyecto que justificó la cesión gratuita de la Casona de Montealegre.

En relación con las cuadrillas forestales, TLP recuerda que ya en el pleno de julio de 2024 presentó una proposición para que este servicio pudiera prestarse durante los doce meses del año. Aquella iniciativa respondía a una demanda compartida por numerosos ayuntamientos de la provincia, que consideran estas cuadrillas un recurso esencial para realizar trabajos de mantenimiento y prevención en municipios que, en la mayoría de los casos, carecen de personal y medios suficientes para afrontar estas tareas. Aunque la propuesta no salió adelante en los términos planteados por TLP, el pleno sí acordó estudiar una mejora del servicio.

Dos años después, la formación considera que esa mejora sigue sin haberse materializado. El único cambio introducido ha sido el escalonamiento de las contrataciones, de manera que unas cuadrillas comienzan antes y otras más tarde. Sin embargo, todas continúan siendo contratadas únicamente durante seis meses, por lo que la capacidad real del servicio sigue siendo exactamente la misma y continúa siendo insuficiente para atender las necesidades de los municipios.

Para TLP, la prevención de incendios forestales no puede limitarse únicamente a la época de mayor riesgo. Los meses de otoño e invierno son precisamente los más adecuados para desarrollar trabajos de desbroce, limpieza del monte, mantenimiento de masas forestales, caminos, riberas y zonas periurbanas, actuaciones que reducen la carga de combustible vegetal y hacen más seguros los pueblos cuando llega el verano. Por ello, el grupo provincial defenderá que las cuadrillas permanezcan en activo durante todo el año o, al menos, durante nueve meses efectivos, reforzando además la estabilidad del personal y garantizando la cobertura de las bajas laborales para evitar que el servicio pierda capacidad de respuesta.

«Las cuadrillas forestales son uno de los servicios mejor valorados por los ayuntamientos de la provincia, pero también uno de los que más acusa la falta de recursos. No hablamos de crear un servicio nuevo, sino de aprovechar mejor uno que ya existe y que puede contribuir de forma decisiva a la prevención de incendios, a la conservación del medio natural y al mantenimiento de nuestros pueblos«, señala Julio Pereda.

La segunda cuestión que planteará TLP se refiere a la Casona de Montealegre, un inmueble propiedad de la Diputación cuya cesión gratuita fue aprobada por el pleno en junio de 2024 a favor de la Asociación Campoalegre, vinculada al Grupo ASPASIA. Aquella decisión se justificó por el interés público del proyecto presentado, que contemplaba el desarrollo de actividades de formación profesional y de dinamización económica y social para la comarca.

Sin embargo, más de un año después de la firma del convenio, la realidad dista mucho de las expectativas que sirvieron para avalar la cesión. Según ha podido comprobar el Grupo Provincial TLP, la Casona no ha acogido actividad formativa alguna durante el curso recientemente finalizado ni tampoco desarrolla actualmente ninguna iniciativa vinculada al proyecto que motivó la entrega gratuita del edificio.

Ante esta situación, Julio Pereda preguntará al equipo de gobierno si considera que la entidad cesionaria ha cumplido los compromisos y objetivos que justificaron la cesión y en qué informes o memorias fundamenta esa valoración. TLP entiende que cuando un bien público se cede gratuitamente y sin concurrencia pública resulta imprescindible verificar que el proyecto comprometido se desarrolla y que el interés general que motivó la decisión continúa existiendo.

Para el Grupo Provincial TLP, la Diputación debe ser especialmente exigente en el control de los bienes de titularidad pública. «Cuando se entrega gratuitamente un edificio público debe hacerse con todas las garantías y con un seguimiento riguroso del cumplimiento de los compromisos adquiridos. Si el proyecto no se desarrolla, la Diputación tiene la obligación de explicarlo y de actuar en consecuencia«, concluye Pereda.