Tirón de orejas del Procurador del Común al Ayuntamiento de Mojados por vulnerar derechos de la oposición
- El Procurador del Común considera que se deben “remover obstáculos” para que el Grupo Municipal Popular en la Oposición del Consistorio disponga de un espacio físico en la sede municipal para el desarrollo de sus funciones
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Una de las principales reclamaciones del Grupo Municipal Popular fue solicitar a la Alcaldía en junio de 2019 un espacio en el que poder ejercer sus tareas como representantes municipales y atender a los vecinos. Hoy, dos años después, el Procurador del Común ha resuelto la queja que presentaron de manera satisfactoria al entender que es un derecho que les concierne para el desarrollo de sus funciones, así como la necesidad de disponer de un buzón físico para cada uno de los Concejales en el Ayuntamiento.
El alcalde socialista, Adolfo López, reiteró en sesiones plenarias de septiembre y octubre de 2019 que “estaría listo el despacho en el plazo de un mes” o que “el próximo lunes o martes de la semana que viene” se les concedería el espacio a los Concejales “populares”. Actualmente, la Oposición sigue sin disponer de un espacio y el Procurador del Común ha resaltado en su Resolución que “es un derecho reconocido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales”, así como en la Constitución Española, al considerar que se debe garantizar “un acceso igualitario a las funciones y cargos públicos”.
Prosigue la Resolución reiterando que se trata de un derecho fundamental que puede verse restringido o vulnerado “cuando en lugar de remover obstáculos para hacerlos efectivos, se retrasan las soluciones que permitan su ejercicio conforme a la ley, como ha sucedido en este caso”.
El portavoz del Grupo Popular, Saúl Núñez Amado, ha declarado que “desde el minuto uno se vienen poniendo trabas por parte de la Alcaldía para no poder ejercer nuestras funciones con autonomía y libertad, tratando de obstaculizar cualquier tipo de trabajo de la Oposición”.
El Procurador ha sostenido que “no es suficiente con alegar problemas de espacio para entender debidamente justificadas las limitaciones de este derecho”, por lo que se “habrá que alcanzar una solución haciendo una gestión correcta y racional de los medios materiales existentes, no pudiendo apreciarse la excepción (de problemas de espacio) cuando la falta de local es fruto de un ineficaz ejercicio de la potestad de autoorganización”.