Socialistas e IU de la Diputación presentan mociones al Pleno contra la Reforma Local impulsada por el Gobierno
Ambos partidos han registrado sendas mociones para que el Pleno de la Diputación Provincial de pasado mañana se desmarque del Anteproyecto de Ley presentado por el Gobierno en el pasado Consejo de Ministros.
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Moción de Izquierda Unida
“Desde Izquierda Unida -señalan la moción presentada por la formación- hemos defendido contundentemente en los últimos años la necesidad de abordar las necesidades municipales garantizando el principio de autonomía local, reconociendo a los ayuntamientos su papel como parte del Estado, su autonomía política y su capacidad de gestión, y hemos exigido una profunda reforma del sistema de financiación de los entes locales que los dotara, efectivamente, de la financiación adecuada al cumplimiento de sus fines. El anteproyecto presentado supone una radical modificación sobre el marco competencial municipal reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los ayuntamientos prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la ciudad, razones por las cuales habría que cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad”.
Continúa indicando el texto presentado en el registro de la institución provincial que “habremos de convenir en que se trata de una reforma radicalmente involucionista que responde a modelos políticos y sociales propios de una derecha reaccionaria, centralista y acérrimamente liberal, cuyo objetivo no es otro que disminuir el estado a su mínima expresión, desmantelando aquellas de sus capacidades que no resultan económicamente rentables, y disponiendo el traslado a manos privadas de todas aquellas que resultan financieramente apetecibles”.
Por estos motivos entre otros, Izquierda Unida propone la retirada inmediata del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local instando al cumplimiento del Artículo 142 de la Constitución Española para la defensa de la Autonomía Municipal iniciando un Proceso de Negociación de un Pacto Local con la FEMP que “permita la financiación adecuada de los Municipios, buscando fórmulas que permitan asegurar la pervivencia de los servicios que ofrecen a la ciudadanía y su prestación desde la iniciativa pública, y promoviendo que los Ayuntamientos de la provincia participen e impulsen cuantos procesos se lleven a cabo”. Además solicitan que el Gobierno de Castilla y León inicie un proceso de participación con la FRMPCyL, que permita la financiación adecuada de los servicios que prestan todos los municipios de Castilla y León. Por último plantean la reprobación del Ministro Cristóbal Montoro por presentar la nueva Ley como una reducción del número de concejales que reciben una retribución.
Moción del PSOE
“El Consejo de Ministros del pasado viernes 15 -reza el texto de la moción socialista- aprobó este informe que, a juicio del PSOE, supone un total vaciado de las competencias municipales de los ayuntamientos y puede suponer la privatización de aquellos servicios rentables que ahora ofrecen las entidades locales. El informe del Anteproyecto de Ley instaura un sistema basado en el intervencionismo sobre los Ayuntamientos desde el Ministerio de Hacienda, que puede llegar a la supresión de los municipios que no cumplan unos estándares económicos, y cercena hasta dejarlo sin contenido el principio de autonomía municipal”.
“De aplicarse esta Ley en Valladolid –continúa- el mapa municipal quedaría reducido a la mínima expresión, de los 225 municipios, sólo tres tienen más de 20.000 habitantes y 11 superan los 5.000 que son los que son los que se señalan para mantener el gobierno local. El Anteproyecto sobrevalora a las Diputaciones Provinciales al atribuirlas como receptoras de las competencias que dejarían de ejercer los ayuntamientos sin asegurarse de si estas entidades están preparadas para asumirlas".
"Además -se indica en la exposición de motivos de la moción-, la propuesta contempla la posible privatización de los servicios municipales que asuman las Diputaciones, como la recogida de residuos sólidos, el abastecimiento de agua, mantenimiento de infraestructuras viarias, instalaciones culturales y deportivas, extinción de incendios, etc, que conllevaría una merma en las condiciones de vida de los ciudadanos del medio rural”.
“No hay ninguna justificación económica para esta reforma que pretende el PP. Lo que hay es un deseo de hacer negocio con los servicios que ofrecen los ayuntamientos, que ahora lo hacen gratuitamente con un batallón de voluntarios que son los concejales, a costa de la autonomía municipal”, ha declarado Juan José Zancada, Portavoz del Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Valladolid.