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La Junta destina 5,5 millones de euros a los municipios de Valladolid y a la Diputación

El delegado territorial, Pablo Trillo, desgranó ayer los fondos y ayudas que recibirán durante el 2014 la diputación provincial y los municipios de menos de 20.000 habitantes. Una cuantía que asciende a 5,5 millones de euros, de los cuales 1,6 los recibirá la diputación en concepto de fondos y ayudas, y el resto, 3,9, se destinarán a 222 municipios  como fondos incondicionados.

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El delegado territorial, Pablo Trillo, ha desgranado hoy en rueda de prensa la cuantía que recibirá tanto la Diputación Provincial como los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. En el caso de Valladolid, serán 222 municipios quienes recibirán estas partidas destinadas a fondos incondicionados, que sumarán una cuantía total de 3.902.009, y que cada consistorio podrá destinar a gasto corriente, inversiones o una combinación de ambos conceptos. La transferencia se producirá a través de las correspondientes diputaciones provinciales antes del 30 de junio de 2014, para que los municipios puedan recibirlos durante el mes de julio. Arroyo de la Encomienda con una población de 16.643 personas será el municipio que reciba el mayor fondo, 315.185 euros, y Aguasal y Almenara de Adaja, ambos con un censo de 27 personas, el menor, 3.660 euros.

En el caso de la diputación provincial, el Gobierno autonómico destinará a esta institución una partida de 1.659.695 euros, repartidos de la siguiente manera: 1.342.450 euros destinados a fondo especial, 308.489 euros a servicio asesoramiento a municipios y 8.756 a encuesta de infraestructura y equipamiento local.

El acuerdo político en el que se enmarca esta colaboración económica de la Junta de Castilla y León con las entidades locales concretaba aspectos referentes al desarrollo del modelo de ordenación del territorio y comprometía, para los años 2013, 2014 y 2015, un fondo incondicionado destinado a todos los municipios de Castilla y León con la garantía de una cuantía mínima para cada uno de ellos. De modo extensivo, en 2013 el Ejecutivo autonómico amplió este acuerdo a las nueve diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales se comprometen, en este documento, a emitir su informe sobre el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio antes de su sometimiento a audiencia pública. Aquellas diputaciones cuyo ámbito geográfico se vea afectado, emitirán informe en el trámite de audiencia para la definición del ámbito de las “áreas funcionales estables” y las “áreas funcionales estratégicas”.

Asimismo, las diputaciones provinciales se comprometen a participar en el proyecto reglamentario que regule la asunción de forma progresiva de la cartera común de competencias por las “mancomunidades de interés general”, definiendo cuáles deben ser las competencias mínimas iniciales al momento de su constitución y los plazos para su definitiva asunción de todas las competencias que integran la cartera común.

También se comprometen a estudiar la utilización de fórmulas asociativas mediante la constitución de consorcios provinciales de servicios generales, presididos por las diputaciones provinciales, con las mancomunidades de interés general.

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