La Diputación de Valladolid y los agentes sociales avanzan en la elaboración del IV Acuerdo del Diálogo Social de la provincia
- Conrado Íscar preside la primera toma de contacto con los agentes sociales tras la constitución de la nueva Corporación provincial
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El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presidido la primera reunión de la Mesa del Diálogo Social de la provincia en la que han participado CEOE Valladolid, con su presidenta Ángela de Miguel a la cabeza, y las delegaciones de CC.OO y UGT, encabezadas por el delegado provincial de CC.OO, Raúl García, y el secretario provincial de la UGT, Jesús Vara.
En esta primera toma de contacto se han retomado las negociaciones para avanzar en la firma del IV Acuerdo del Diálogo Social de la provincia de Valladolid, partiendo de la adenda al III Acuerdo que se firmaba en abril de 2022 para ampliar los contenidos de dicho en cuestiones vinculadas a la implantación de la Agenda 2030 y los ODS en ámbitos vinculados al ecoempleo, la economía verde y la economía circular, además de nuevas actuaciones en materia de juventud e igualdad de oportunidades.
Asimismo, en la reunión se ha invitado a los agentes sociales a presentar sus propuestas de cara a la elaboración del presupuesto General de la Diputación de cara al próximo ejercicio 2024, y que es uno de los compromisos adquiridos en la Mesa del Diálogo Social de la provincia de Valladolid.
MESA DEL DIÁLOGO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID
La Diputación de Valladolid constituyó en 2016 la Mesa del Diálogo Social de la provincia de Valladolid como órgano complementario con naturaleza de Consejo Sectorial, de participación institucional y carácter consultivo, que actúa con plena independencia y que ahonda en el proceso de negociación y concertación en materias económicas y sociales.
Desde entonces se han firmado tres Acuerdos de Diálogo Social de la provincia de Valladolid que inciden en materia como la generación y el fomento de actividad económica; el apoyo a las personas en situación de necesidad; la atención de las personas dependientes; la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida familiar y laboral; o la política de vivienda, especialmente para jóvenes. Todos los acuerdos de la Mesa deben ser adoptados por unanimidad de las organizaciones integrantes.