La Diputación de Valladolid incorpora cláusulas sociales en su contratación pública
La Diputación de Valladolid incorporará cláusulas sociales en las contrataciones que se liciten desde la Institución. Se da respuesta así a una petición formulada desde el Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI), cuyo presidente Francisco Sardón, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero.
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En concreto, la Diputación de Valladolid ha aprobado por la Junta de Gobierno una instrucción en la que se determina que los órganos de contratación de la Institución provincial incluirán de forma expresa el valor social de la obras en el momento de definir el objeto del contrato y describir las características de sus prestaciones, siempre que lo permita la naturaleza del contrato.
Las cláusulas sociales se aplican a cualquier procedimiento de contratación siempre que resulten compatibles con el objeto del contrato y su régimen jurídico.
Para la aplicación de dichas cláusulas, la Diputación de Valladolid plantea tres tipos de actuaciones. Por un lado, una oportuna reserva en los contratos que se celebren en los ámbitos materiales donde tengan actividad los Centros Especiales de Empleo. Anualmente se publicará en el perfil del contratante el porcentaje que se haya adjudicado a dichos Centros del volumen total contratado por la institución provincial en el ejercicio anterior. Se propondrán además las medidas necesarias para conseguir que este porcentaje se incremente hasta el margen porcentual que se considera más apropiado.
Por otra parte, en los expedientes de contratación se podrán incluir criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución orientados a finalidades sociales y vinculados con el objeto del contrato. Así se valorarán criterios como la adecuación de los productos o servicios por personas con discapacidad, caso de que se encuentren por encima de los exigidos por la legislación aplicable; o las características que den satisfacción a las exigencias sociales propias de la población especialmente desfavorecida. Se tendrá en cuenta igualmente la perspectiva de género y también se valorarán los contratos que promuevan el empleo de personas con dificultades para insertarse en el mercado laboral.
Un tercer criterio se aplicará en la adjudicación de los contratos propuestos por empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, empresas de inserción laboral reguladas en la Ley 44/2007, organizaciones de Comercio Justo cuando los contratos posibilitan productos en los que exista alternativa de esta naturaleza, y por entidades sin ánimo de lucro cuando se trate de contratos de prestaciones de carácter social o asistencial.
Facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas
Además de las cláusulas sociales, las nuevas medidas sobre contratación pública en la Diputación de Valladolid tratan de facilitar el acceso a los contratos a las pequeñas y medianas empresas y mejorar la transparencia en la contratación. En este ámbito, las medidas aprobadas procuran la división de los contratos en lotes en los términos permitidos por la ley, contemplando la posibilidad de limitar el número de lotes a los que un operador económico puede licitar.
En los contratos menores –los de importe inferior a 18.000 euros, o a 50.000 euros en obras- la nueva regulación propicia que se solicite oferta a varias empresas cuando el presupuesto del contrato exceda de 6.000 euros. También contempla la posibilidad de consultar a las empresas de la provincia siempre que sea posible, sobre la base de su proximidad, su conocimiento directo del funcionamiento de la administración provincial, y su capacidad de reacción inmediata ante las incidencias que pudieran surgir en la ejecución de las prestaciones del contrato.
Por otra parte, la regulación establece la relación con los subcontratistas y las medidas que agilizarán los trámites, entre otros, del pago de facturas y la reducción de los plazos de tramitación.
Transparencia en la contratación
Por último, la concreción de los criterios de adjudicación no cuantificables, la motivación de los informes técnicos y las propuestas de adjudicación que se presenten a la Mesa de Contratación además de su publicación íntegra en el perfil del contratante, acompañando a las actas de las Mesas de Contratación, son las medidas propuestas en la nueva regulación para reforzar la transparencia del proceso de valoración de las ofertas.
Además de las nuevas medidas aprobadas, se establece un procedimiento de seguimiento de su implantación y posibles mejoras. La Secretaría General elaborará anualmente una memoria-resumen sobre la implantación efectiva que han tenido en los procesos de contratación de la Diputación de Valladolid.