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Transportes cede al Ayuntamiento de Valladolid un tramo de la VA-20 tras las obras de integración urbana
La longitud total del tramo cedido es de 10.300 metros, entre los km 0 y 10,3, con una superficie estimada de 503.251,19 m²
Se ha dotado a la vía de un carácter urbano con la creación de 9,5 kilómetros de carril bici y nuevas zonas verdes, así como la reparación de las aceras y la rehabilitación del firme
Los trabajos han contado con una inversión de 12,75 millones de euros procedentes de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cedido al Ayuntamiento de Valladolid la titularidad de un tramo de la VA-20, Ronda interior de Valladolid, entre los km 0 y 10,3, con una superficie estimada de 503,251,19 m².
El tramo objeto de la cesión está situado entre la glorieta de enlace con la N-620a y la glorieta de inicio de la VA-30, y comprende la zona que afecta a la infraestructura, incluyendo todas las calzadas, isletas y aceras.
La cesión se ha producido tras la finalización de las obras de integración urbana ejecutadas para adaptar la vía al uso de peatones y ciclistas. Estas actuaciones han sido llevadas a cabo por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con una inversión de 12,75 millones de euros procedentes de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Entre otras actuaciones, se han creado 9,5 km de vía ciclista segregada del tráfico rodado y de las aceras peatonales, conectada con el resto de la infraestructura ciclista en servicio, se ha instalado iluminación propia; se han ampliado y acondicionado zonas verdes; y se han reparado las aceras y vados peatonales, garantizando la accesibilidad y la seguridad.
El Ayuntamiento de Valladolid asume la titularidad de este tramo de la VA-20 y los espacios reseñados, con todos sus elementos auxiliares y equipamientos, y pasa a ser el responsable de su conservación, mantenimiento y explotación.
Este cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno, ni genera obligaciones económicas ni gasto alguno para la Administración General del Estado.
