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El Consejo de la Juventud de España y los consejos de la juventud autonómicos firmantes han hecho público este jueves un comunicado conjunto en el que alertan de que la crisis de acceso a la vivienda juvenil no podrá resolverse sin una implicación efectiva de las comunidades autónomas en la implementación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026–2030. Las organizaciones advierten de que las administraciones autonómicas constituyen hoy el nivel de gobierno decisivo para que las medidas acordadas a nivel estatal se traduzcan en políticas reales y efectivas en los territorios. En este sentido, subrayan que la falta de coordinación y la desigual aplicación de las políticas de vivienda entre comunidades puede comprometer la eficacia del propio Plan.

Según los últimos datos del Observatorio de Emancipación del CJE, la emancipación juvenil se sitúa en apenas el 14,5%, el nivel más bajo desde que existen registros, mientras que la edad media para abandonar el hogar familiar alcanza los 30,2 años. Esta situación consolida un escenario estructural en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal obstáculo para la autonomía de las personas jóvenes.

Los consejos firmantes valoran la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026–2030, acordado en la Conferencia Sectorial de Vivienda del pasado 22 de mayo, pero advierten de que su impacto dependerá de la voluntad política y de la capacidad de implementación de las comunidades autónomas, responsables de una parte sustancial de su desarrollo. En este contexto, los consejos de la juventud se ponen a disposición de las administraciones autonómicas para participar activamente en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de vivienda que se deriven del Plan en cada territorio. Las organizaciones recuerdan que la participación de la juventud es una condición necesaria para garantizar políticas públicas eficaces y ajustadas a la realidad social.

Asimismo, las entidades advierten de que la actual crisis habitacional responde, así como a dinámicas del mercado, a la ausencia de acuerdos políticos sostenidos, a la falta de medidas estructurales y a la desigual aplicación territorial de las políticas de vivienda, un conjunto de factores que está contribuyendo a consolidar una situación que ya presenta carácter estructural. Las entidades señalan que la fragmentación en la respuesta institucional y la falta de coordinación entre administraciones están dificultando la resolución de un problema que afecta de forma directa a la juventud en todo el país. Así, subrayan que la vivienda se ha convertido en un elemento determinante de desigualdad y de bloqueo de los proyectos de vida de las personas jóvenes.

Las organizaciones concluyen que la crisis habitacional es una crisis política y estructural que requiere voluntad de cooperación institucional y capacidad de acción coordinada. En ausencia de ambas, advierten, la brecha entre el reconocimiento formal del derecho a la vivienda y su ejercicio efectivo seguirá ampliándose.

CRISIS HABITACIONAL, FRACASO POLÍTICO: LA JUVENTUD RECLAMA A LAS AUTONOMÍAS ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN ANTE EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

El Consejo de la Juventud de España y los consejos de la juventud autonómicos firmantes hacemos público este comunicado ante una realidad que ya no admite más dilación y exigimos respuesta urgente ante la crisis de acceso a la vivienda que afecta a la juventud en todo el país. En este contexto, señalamos a las comunidades autónomas como actores clave en el desarrollo y aplicación efectiva del Plan Estatal de Vivienda 2026–2030. Hoy, gran parte de las herramientas para revertir esta situación dependen directamente de su capacidad de acción y de su voluntad política.

La aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026–2030, avalada el pasado 22 de mayo por todas las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Vivienda, supone un hito que celebramos. En ese espíritu, los consejos de la juventud firmantes nos ponemos a disposición de las comunidades autónomas para participar activamente en el desarrollo, seguimiento y evaluación de este Plan en sus territorios. Las administraciones autonómicas son hoy el actor decisivo: de su capacidad de acción y de su voluntad política depende, en gran medida, que este Plan se traduzca en viviendas reales para personas jóvenes reales.

Celebramos también que el Gobierno haya reconocido la necesidad de contar con la sociedad civil para su implementación, pero si el Gobierno afirma que «no sobra nadie» en la respuesta a este desafío, la representación organizada de la juventud no puede ser la excepción. Especialmente en una semana en la que decenas de miles de personas salieron a las calles bajo el lema «La vivienda nos cuesta la vida», y en la que los propios datos del Observatorio de Emancipación del CJE constatan una tasa de emancipación del 14,5% (el peor dato desde que existen registros) y una edad media de emancipación de 30,2 años, que ya supera el umbral estadístico de la propia juventud.

Participar en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas de vivienda no es una concesión que reclamamos. Este se trata, sin ir más lejos, de un derecho reconocido en el artículo 48 de la Constitución Española y una condición para que esas políticas sean eficaces. No es posible construir soluciones para las personas jóvenes sin contar con ellas y, como representantes de la juventud organizada en todo el país, compartimos un diagnóstico claro: acceder a una vivienda se ha convertido en el principal obstáculo para desarrollar un proyecto de vida autónomo. Según el Barómetro de abril del CIS, el 51,4% de las personas jóvenes de entre 18 y 24 años señala la vivienda como el problema que más le afecta, cifra que se sitúa en el 46% entre quienes tienen entre 25 y 34 años. A su vez, la tasa de emancipación juvenil se encuentra en mínimos históricos. La combinación de falta de vivienda asequible, precios en constante aumento, salarios que no equiparan los costes y políticas públicas insuficientes está consolidando un modelo en el que emanciparse deja de ser una etapa vital más para convertirse en una excepción.

Esta situación, lejos de ser inevitable, es el resultado directo de la falta de acuerdo político en la adopción de medidas eficaces que habrían podido contribuir a paliar la crisis habitacional, como puso de manifiesto el rechazo a la convalidación del Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán. Esta falta de acuerdos, junto a la ausencia de medidas estructurales y la desigual aplicación de las políticas en los distintos territorios, está contribuyendo a agravar una crisis que ya es de carácter estructural. En este escenario, el enfrentamiento entre administraciones y la falta de coordinación, además de ralentizar las soluciones, desplazan la responsabilidad y bloquean respuestas que son urgentes. Mientras tanto, la juventud sigue sin poder acceder a un derecho básico. Esto deteriora toda perspectiva de futuro y, de manera más preocupante, la confianza en un sistema democrático que no está queriendo dar respuesta a nuestros mayores problemas.

Ante este contexto, los consejos de la juventud firmantes reclamamos una respuesta urgente, coordinada y estructural que permita revertir esta situación y garantizar el acceso a la vivienda para las personas jóvenes, situando en el centro la mejora y el cumplimiento de todas las medidas que se incluyen en el Plan Estatal de Vivienda. Resulta imprescindible apostar por medidas de carácter estatal con un enfoque preventivo, y no únicamente reactivo. Estas deben ser reguladas de forma profunda, exhaustiva y con criterios claros de aplicación. En este sentido, es prioritario desarrollar de manera específica las medidas dirigidas a la juventud, dada su especial vulnerabilidad y el impacto estructural que estas políticas tienen a medio y largo plazo.

La crisis habitacional es evitable, precisamente, porque es una crisis política. Y tiene solución, pero para que se dé, debe existir la voluntad de adoptarla. Mientras esa voluntad no se traduzca en medidas concretas, coordinadas y sostenidas en el tiempo, una generación entera seguirá pagando el precio de la inacción.